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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), una organización comprometida con la lucha a favor de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, exterioriza su preocupación por el lento avance del proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Enlistamos, a continuación, algunas fechas clave en el proceso:
7 de febrero del 2022: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió una solicitud a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para instalar la CICIH en el país.
8 y 14 de mayo del 2022: llegada de una misión de evaluación técnica de la ONU, como respuesta a la petición, para profundizar en la solicitud hecha por Honduras, al igual que en el conocimiento del contexto político del país.
Julio del 2022: se filtró, a través de los medios de comunicación, una primera versión del memorándum de entendimiento que propuso la ONU, una propuesta que contempla un proceso de negociación en dos fases.
23 de agosto de 2022: el secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina, publicó la respuesta del Gobierno al borrador enviado por la ONU. El documento propuesto por el Gobierno conservó el desarrollo del proceso en dos etapas, pero amplió la discrecionalidad del Estado en la toma de decisiones.
15 de diciembre del 2022: la presidenta Xiomara Castro firmó el memorándum de entendimiento entre la ONU y el Gobierno de Honduras para continuar el proceso de instalación de la CICIH en el país.
25 de abril del 2023: antes que la vigencia del Memorándum expirara, el gobierno de Honduras firmó (en Consejo de Ministros) una carta dirigida al Subsecretario General de la ONU, manifestando conformidad con los términos de referencia y la ratificación de la disposición para recibir un grupo de expertos y continuar el proceso de negociación del convenio bilateral correspondiente a la segunda etapa.
A efecto de valorar los avances, destacamos, de forma sucinta, algunos aspectos que prevé la primera fase:
- La llegada de un equipo de expertos para, entre otros aspectos, evaluar el ejercicio independiente de la acción penal pública, las fortalezas y debilidades del Ministerio Público y del sistema judicial.
- Apoyo, por parte del equipo de expertos, en la formación y entrenamiento del personal a cargo de actividades investigativas y de persecución penal en materia de corrupción.
- La derogación de los decretos legislativos 116-2019, 57-2020, 93-2021, que obstaculizan la investigación y persecución penal de implicados en actos de corrupción.
- El levantamiento del secreto sobre los fideicomisos y el establecimiento de la figura de la colaboración eficaz.
- La implementación de las conclusiones del grupo de expertos como requisito fundamental para finalizar la primera fase, entre otros aspectos.
Para el CESPAD, resulta muy preocupante que hasta la fecha no se registren logros concretos relacionados con el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la primera fase, aspectos que, aunque parecen difíciles de cumplir están muy relacionados con la voluntad política que demanda la ciudadanía de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y las y los diputados del Congreso Nacional.
Ya transcurre más de un año desde que aconteció el primer momento relacionado con la solicitud de instalación de una comisión internacional, y se carece de avances en la derogación y/o reformas de los decretos importantes como el 57-2020, 93-2021 y 116-2019 (que se encuentran en su tercer debate), y que son normativas jurídicas que interfieren en la lucha contra la corrupción.
No menos importante y muy preocupante, es el hecho que, pese a que la demanda para el establecimiento de la CICIH surge de la ciudadanía, hasta el momento ha habido una ausencia plena de la apertura a un espacio de diálogo constructivo y transparente con la sociedad civil organizada, pese a que es un sector que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Desde el CESPAD nos mantendremos vigilantes y activos, exhortando al Poder Ejecutivo y Legislativo a que respondan al llamado de la sociedad civil y adopten medidas firmes y concretas para instaurar la CICIH en Honduras.
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de mayo del 2023
