Por: Rubén Escobar, Aimée Cárcamo y Claudia Mendoza
Sus apellidos van aparejados con reconocidos personajes del mundo de la política, del ejercicio del Derecho y también de algunos que han sido pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Erika Yolanda Cálix Hernández, quien en plena juventud llegó a ser jueza de lo penal, aspira a ocupar una de las 15 sillas de las magistraturas de la Corte Suprema de Honduras.
La vida de la abogada Cálix Hernández ha estado rodeada de polémicas situaciones: en el 2013 estuvo involucrada con la liberación de dos narcotraficantes colombianos, mientras fungió como jueza de lo Penal en Gracias, Lempira, occidente de Honduras. En el 2015 se le involucró en el atropello de un joven; los medios refieren que se dio a la fuga dejándolo abandonado. En mayo del 2018 el Ministerio Público solicitó (y fue concedido) un antejuicio por abuso de autoridad.
Erika Cálix, por otro lado, tiene una trayectoria personal y profesional vinculada con personajes acusados de haber participado en la narcoactividad, y que han sido solicitados en extradición por las autoridades estadounidense, como su hermano Mario José Cálix Hernández, el expresidente de Honduras Juan Orlando y su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado.
Narcotráfico, evasión de la justicia y abuso de autoridad
En el año 2013 fueron detenidos los colombianos Rubén Darío Pinilla y Jester Orlando Miranda, quienes fueron acusados de narcotráfico luego que se descubriera un narcolaboratorio en la montaña La Cumbre, en La Iguala, Lempira.
De acuerdo con diferentes medios de comunicación, ambos ciudadanos fueron representados por el bufete del abogado Tony Hernández y el 31 de julio de 2013, Erika Yolanda Cálix les extendió una carta de libertad definitiva sin seguir los procedimientos legales. En los meses subsiguientes se desarrolló una investigación a la jueza y al fiscal involucrado, pero, finalmente, el caso se cerró sin que se conocieran sanciones.
La jueza Cálix se vio envuelta en un incidente en septiembre de 2015. De acuerdo con este informe periodístico, ella habría atropellado a un joven y se dio a la fuga.
La profesora María Emilia Lemus denunció que el percance ocurrió en la carretera entre Jesús de Otoro y La Esperanza, zona donde Cálix Hernández habría embestido a su hijo. Lemus asegura que la Policía de Tránsito de La Esperanza realizó un reporte, el que fue rechazado por una jueza bajo el argumento que solo lo validaría si este provenía de Tránsito en Tegucigalpa. Al final la acusación tampoco prosperó.
Tres años más tarde, el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán una solicitud de antejuicio contra la abogada Cálix Hernández al considerar que cometió el delito de abuso de autoridad en una resolución judicial.
La jueza otorgó medidas sustitutivas a favor de un acusado por el delito de violación, pese a que el artículo 184 del Código Procesal Penal establecía una lista de delitos a los que se debía aplicar la prisión preventiva, incluyendo el descrito.
Según el Ministerio Público, esto constituyó “una flagrante violación al principio de legalidad y generando impunidad producto de un acto de corrupción”.
En mayo de 2018, la Corte de Apelaciones concedió el antejuicio, pero el Ministerio Público no presentó requerimiento a la funcionaria ni tampoco informó por qué había desistido.
Narcos y política
La familia de Erika Cálix tiene una larga tradición de militancia en el Partido Nacional, en el departamento de Lempira, lo que les ha permitido a varios de sus miembros ocupar puestos claves en el gobierno dentro del Poder Judicial y en la estructura partidaria. Uno de ellos es su hermano Mario José Cálix Hernández, quien en el periodo 2014-2018 (la primera presidencia de Hernández Alvarado), fungió como vicealcalde de la ciudad de Gracias.
Las autoridades antinarcóticos estadounidenses le seguían la pista desde mucho antes. Según la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Cálix Hernández, alias “Cubeta”, estuvo vinculado con carteles del narcotráfico desde el 2005 hasta el 2016.
Sobre él penden tres delitos: conspirar para importar cocaína a Estados Unidos; usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración para la importación de cocaína; y conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos.
De acuerdo con los relatos de algunos cabecillas de carteles, fue pieza clave del “negocio”. Durante el juicio a “Tony” Hernández, el narcotraficante confeso Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, refirió que el día en que se reunieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2013, y posteriormente, cuando el capo mexicano les entregó un millón de dólares para Juan Orlando Hernández, Cálix fue el principal acompañante de “Tony”.
Además, dio constancia de otra reunión de Cálix con «El Chapo» Guzmán en el rancho de los Valle-Valle, en Copán, donde hablaron del envío de cientos de kilogramos de coca hacia Estados Unidos.
De su lado, el narcotraficante guatemalteco Víctor Hugo Ardón, alias “El Rojo”, confesó haber traficado cocaína que el hermano de la jueza Erika Cálix traía desde Colombia y distribuía en Guatemala.
Además, a mediados de septiembre, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito admitió un escrito del Ministerio Público para confiscar 87 bienes que le habían sido asegurados en febrero de 2019. Las propiedades incluyen 60 lotes de terrenos ubicados en Gracias, Lempira, y uno en San Juan, Intibucá; dos empresas, 14 cuentas bancarias y diez vehículos.
En septiembre de 2019, trascendió que el Poder Judicial recibió la orden de extradición de las autoridades estadounidenses, la que no se ha cumplido. Mario Cálix Hernández sigue prófugo.
Como ya se mencionó, la abogada Cálix también está emparentada con el exdiputado “Tony” Hernández, a quien la justicia estadounidense condenó a una pena de cadena perpetua más 30 años de reclusión, y con el expresidente Hernández, quien espera juicio en Nueva York.
Una familia reconocida en el ámbito público
La abogada es pariente de reconocidas personalidades del ámbito público. Para el caso, su hermano Jacobo Antonio Cálix Hernández fue magistrado de la Corte Suprema en el periodo 2009-2016.
En enero del 2016, Criterio.hn publicó un artículo en el que se cuestionan las actuaciones del entonces magistrado. De acuerdo con el medio, el Ministerio Público rechazó su decisión cuando -como miembro de la Sala de lo Penal-, descartó realizar un antejuicio a tres magistrados de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
Los supuestos favorecidos fueron: Norma Iris Coto Santos (también aspirante a magistrada), Julio César Rubio Santos y Nerys Castro Flores. Ellos respaldaron una decisión del juez Alceste Menardi, quien dictó sobreseimiento provisional a favor de un narcotraficante.
Pese a lo anterior, y haciendo uso del derecho a réplica, mediante una nota aclaratoria a este medio, la Corte Suprema de Justicia negó que Jacobo Antonio Cálix Hernández hubiese protegido magistrados ligados al narcotráfico.
Pero estos episodios no son obstáculos para Erika Cálix, quien está inmersa, como autopostulada, en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras, para el año 2023-2030.
