El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó una serie de propuestas para que considere su inclusión en la Ley de Justicia Tributaria, entre las que se incluye un sistema para desarrollar las capacidades de la fuerza laboral, un rediseño del Estado orientado a promover la producción nacional, la incorporación de tributos ambientales para reparar el daño a la naturaleza y controles ambientales a las empresas, pero también sugiere que la ley asegure beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas que se han desarrollado en un ambiente de competencia desigual y desleal.
Una comisión especial del Congreso Nacional comenzó un periodo de socialización de la Ley de Justicia Tributaria que se extiende del lunes 8 al viernes 19 de mayo del 2023. En este espacio, los representantes de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil organizada, podrá exponer sus valoraciones, reflexiones y análisis de la ley, para que el gobierno considere su inclusión en el documento de ley final.
El gobierno de Honduras impulsa una reforma tributaria con la que asegura, combatirá la evasión fiscal, regularán los excesos en exoneraciones otorgadas a las empresas hasta por 40 años y se mejorará la distribución de la carga tributaria, procurando reducir las desigualdades sociales y económicas que afectan a los hondureños.
Bajos salarios, exclusión y desigualdad
La comisión especial se reunió con representantes de CESPAD, entre ellos su director, Gustavo Irías, el martes 9 de mayo en las oficinas del Congreso Nacional. La comisión es presidida por el vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino y en la reunión estuvo presente el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, así como personal técnico de la institución.
El encuentro fue propicio para que el CESPAD presentara un documento en el que se reconoce que la actual política de promoción de la inversión extranjera “no ha generado el empleo masivo y de calidad” que los hondureños necesitan. Por el contrario, “el mercado laboral se caracteriza por sus bajos salarios, falta de reconocimiento de derechos, exclusión y falta de oportunidades. Eso ha dejado como consecuencias flujos masivos de migración, pobreza y desigualdad social, que alimenta la escala de criminalidad y violencia”, expuso el director de CESPAD.
El CESPAD llegó a esas conclusiones tras analizar datos económicos aportados por el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Por ejemplo, durante 14 años, del 2006 al 2021, regímenes beneficiados con exoneraciones, como las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), Zonas Libres (Zoli) y las del Régimen de Importación Temporal (RIT) han creado, en promedio, unos 135,000 empleos anuales.
Sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA), al 2021, superaba los 4 millones de personas. Es decir que los regímenes especiales cubren el 3.3 % de esa Población. De esos 4 millones, más de 2.5 millones, un 62 % entraban en la categoría de subempleados, es decir, personas que trabajan pocas horas o que están sobrecalificadas para desempeñarse en un puesto y, por lo tanto, ganan menos de lo que deberían.
Más de 3.7 millones de personas permanecían ocupadas (incluyendo las que están en subempleo), pero de este grupo un 58 % (casi 2.2 millones) percibía menos del salario mínimo. Por otro lado, los que estaban en desempleo abierto eran casi 350,000 hondureños; el 56 % de estos eran adultos jóvenes de entre 19 y 35 años de edad. Además, pese a los beneficios otorgados por los diferentes regímenes, la Inversión Extranjera Directa más alta en los últimos 16 años fue de 1,380 millones de dólares en el 2018. Este dato es muy distante de otros países del área como Costa Rica, que en ese periodo (en su mejor año) percibió 3,563 millones de dólares en el 2021, o Panamá que percibió 5,585 millones de dólares en el 2016.
“Eso nos está diciendo que el país no es un destino para la inversión extranjera y que si bien es cierto (el aporte de las empresas bajo los tres regímenes) es importante, pero es insuficiente para resolver los problemas estructurales que tiene el país en su mercado laboral”, refirió Irías en su exposición.
Bajas inversiones, empleos precarios y negación de prestaciones sociales son solo algunos de los factores que han configurado un panorama social en el que la pobreza general pasó del 63.7 % en el 2001, al 73.6 % en el 2021; mientras que la pobreza extrema se disparó de un 44.2 % al 53.7 % en el mismo periodo, según datos del INE.
“Sabemos que apenas 800,000 personas del mercado laboral, de una población económicamente activa de 4.5 millones, tienen derecho o están inscritas en el Seguro Social, eso es exclusión, falta de oportunidades”, añadió Irías.
En cifras absolutas, 6,7 millones de hondureños eran pobres en el 2021 y de ellos, 5 millones eran extremadamente pobres. El índice de Gini no se modificó entre el 2001 y el 2021. Este es un factor que mide la desigualdad en la distribución del ingreso o la riqueza.
Puntos a favor de la Ley
El CESPAD reconoce que la Ley de Justicia Tributaria tiene varios aspectos favorables, relacionados con la búsqueda del desarrollo del mercado interno y la producción nacional a través del “Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo” (RINDE); el reconocimiento de diversas formas de inversión: pública, pública-municipal, pública-comunitaria, privada y la mixta; el pretender un nuevo rol del Estado en la economía, en inversiones propias y mixtas en áreas estratégicas.
También está el hecho de dejar exento del impuesto sobre ventas a las materias primas, herramientas, maquinarias e insumos relacionados con la producción agrícola y agroindustrial. Esto evitará “que los productos agrícolas incrementen de precio para los consumidores finales debido a la aplicación de la ley.
“Ese es un punto sumamente relevante pensando en los mercados y en las poblaciones con las que tenemos mucha cercanía, que son los sectores campesinos. Es un estímulo sumamente importante”, expuso Lucía Vijil, del Eje de Justicia Ambiental y Ecológica del CESPAD.
Otro aspecto positivo de la Ley es que reconoce los derechos adquiridos de las empresas actualmente beneficiarias de los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes y la facilidad para que se adhieran al nuevo sistema de incentivos. “Esto aleja la preocupación sobre el tema de despidos masivos de trabajadoras y trabajadores de la maquila, pero se tienen que establecer bien los caminos de cómo se hará ese traslado de un régimen a otro. Con esto se quita esta preocupación del imaginario público, de “no vamos a tener empleo”, refirió Vijil.
Otro factor relevante es que se busca fortalecer la auditoría y control de las empresas beneficiadas con los incentivos fiscales y evitar los abusos.
Los siete aspectos de la propuesta del CESPAD
En su intervención, el CESPAD planteó siete aspectos que para la organización son cruciales en el avance hacia una equidad fiscal.
La primera, pasa por desarrollar un sistema de capacidades laborales con un enfoque de corto, mediano y largo plazo. Partiendo de la base que esta ley pretende promover la inversión nacional y extranjera para generar empleo, se debe poner en marcha un sistema de capacitación de la fuerza laboral, especializada, para no competir en base a mano de obra barata, puesto que esto solo viene a profundizar la situación actual de pobreza y desigualdad.
Como segundo aspecto, dice el CESPAD, la Ley también debería plantear el rediseño del Estado con el objetivo de asegurar el apoyo a la producción nacional. Para eso es necesario el rediseño del Estado en temas como innovación tecnológica, asistencia técnica, apoyo financiero y facilitaciones para el acceso de los productores a los mercados nacionales e internacionales.
“Nos parece que de los sectores identificados en el artículo 2, es esencial priorizarlos en el tema de la agricultura y el bosque, que son sectores generadores de amplio empleo y forman parte de las zonas rurales, donde está concentrada la pobreza y, desafortunadamente, la extrema pobreza”, indicó Irías en su exposición de las propuestas.
La tercera propuesta busca asegurar los beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la ampliación del régimen RINDE, especialmente a aquellas que generan empleo digno, con derechos sociales y salarios mayores al mínimo. “RINDE habla solo de nuevos emprendimientos y aquí nosotros planteamos de empresas que existen, que han sobrevivido en un ambiente de competencia desleal”, expresó el director del CESPAD.
Mientras, la cuarta propuesta consiste en asegurar la calidad del gasto. Que los hondureños y hondureñas puedan tener la certeza de que una mayor recaudación fiscal producto de la aplicación de esta ley será enfocada “responsablemente en la promoción del desarrollo”, refiere el documento. Esto implica el compromiso del Estado en aumentar la inversión pública en educación, salud, infraestructura y no en gastos improductivos, como el gasto militar o el gasto corriente.
La quinta propuesta sugiere que se legisle, de forma explícita, que las remesas no serán gravadas por impuestos derivados de esta ley. Aunque los funcionarios han descartado esta posibilidad, esto podría dejarse más claro “en algún apartado del artículo 29, por adición”.
La sexta propuesta está orientada a proteger el medioambiente y a las personas que habitan las comunidades. Es un hecho que algunas grandes industrias suelen generar contaminación, una situación que debe gravarse bajo tres esquemas: prevención, reparación y sanción. “Es importante recordar que las externalidades de la producción las asumen las comunidades y los sistemas ecológicos, estas son las que nos interesan desde el punto de vista fiscal, ya que los tributos ambientales intentan solucionar tales fallas económicas”, apunta el documento.
Lucía Vijil sugirió revisar cuáles han sido los controles por parte del Estado a las empresas que operan en todos los regímenes “y ver cuál es el daño generado al medioambiente, desde el uso de la tecnología, desde la quema de combustible y cómo han aportado”. Indicó que entidades como el Banco Mundial mantienen datos sobre la producción de dióxido de carbono por cada una de las industrias instaladas, por maquilas, quema de combustibles, transformación energética, y cómo eso está aumentando los niveles de contaminación.
“Estamos ante una crisis climática, por lo tanto, hemos considerado que es relevante sea incorporada esta visión”, añadió.
Aclaró que compensar los daños a una comunidad o a un entorno ambiental no hace referencia exclusivamente al tema económico, sino a la capacidad de regenerar los ecosistemas. Ejemplificó que un río contaminado por una empresa no volverá a la vida en cinco años, y hacer que ese río vuelva a ser funcional para las actividades comunitarias implica un gasto para el Estado, y ese es el momento cuando las empresas deben asumir sus compromisos.
La última propuesta está ligada a la anterior, pero es específica para el tema explotación de petróleo. El CESPAD expresó su preocupación de que este sea uno de los rubros priorizados por el Estado para la promoción de la inversión extranjera, a causa de la probable conflictividad y daños socio-ambientales. Aconsejan tomar medidas tributarias “para evitar, controlar y reparar los daños a la naturaleza y a las comunidades” que la producción de este rubro pudiera provocar.
En sus consideraciones finales, el director del CESPAD manifestó su preocupación por que, pese a la discusión en torno al tema del secreto bancario con fines administrativos, “desde hace más de un año sigue pendiente la discusión y la derogación del secreto bancario con fines de acción penal y que constituye uno de los pactos de impunidad. La no derogación de este decreto tiene paralizada cualquier acción que se pueda intentar desde la justicia contra actores corruptos, pues se vuelve inviable”.
En el cierre del documento se expresa que para el CESPAD “el punto central o el trasfondo de esta ley” es comenzar a sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo dándole prioridad al mercado interno sin abandonar la política de exportaciones, incrementar el empleo digno, mayor responsabilidad con la sustentabilidad ambiental y ecológica y reducir la pobreza y desigualdades.
“Nos parece esencial que con la discusión y aprobación de esta ley se sienten las base en la construcción de un pacto social y fiscal que involucre y asegure el diálogo y consenso entre el gobierno, el gran sector privado, los micro, pequeños y medianos empresarias y la diversidad de sectores sociales que constituyen Honduras”.
Tras la exposición, los miembros de la comisión especial y la delegación de CESPAD participaron en un diálogo abierto en el que se aclararon dudas y se ampliaron los conceptos. La reunión se extendió por más de dos horas y concluyó con una conferencia de prensa.
