El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó un foro en el que se analizó el histórico conflicto agrario en la región del Bajo Aguán, el que, de acuerdo con la organización, se trata de un problema que se ha mantenido abierto durante los últimos 12 años, sin ninguna voluntad estatal de gestionar una salida pacífica y duradera, pese al alto costo que ha significado en la infracción de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida.
El foro se sustentó en un documento intitulado “Conflicto agrario en el Aguán: sus causas estructurales, las características de la disputa social y un nuevo enfoque para una salida democrática”, que hace una radiografía histórica del sangriento conflicto, que tiene como trasfondo el despojo y la apropiación fraudulenta de las tierras de la reforma agraria por la élite regional, integrada por agroexportadores, ganaderos y la Standard Fruit Company, con la complicidad de funcionarios nacionales y locales.
A continuación, las conclusiones y las recomendaciones del análisis sobre el tema:
Conclusiones
1) Las causas de fondo del conflicto agrario en el Aguán y, en general, de la conflictividad agraria del país, radican en el reforzamiento y la ampliación del modelo agroexportador y su lógica extractivista, que ha privilegiado la producción e industrialización de la palma africana, un proceso facilitado por un nuevo marco de políticas públicas agrarias, comenzando por la aprobación e implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola –LMDSA- (1992) y de otras herramientas públicas que promueven su producción. Este contexto explica el intenso proceso de reconcentración de la tierra agrícola en manos de poderosos agroexportadores que, mediante formas fraudulentas, ilegales y violentas se apoderaron de las tierras pertenecientes al fondo de tierras de la reforma agraria (en Tocoa y Trujillo). Asimismo, se trata de un acaparamiento que se ha extendido a la usurpación de las tierras del pueblo afrodescendiente y de pequeños productores de la región. La alta concentración de la tierra rural ha generado desigualdad y pobreza; como consecuencia ha dejado retrocesos en la democracia, en el Estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos.
2) La causa principal del conflicto gira en torno a la legalidad de las propiedades en disputa, constituidas en su mayoría por las tierras del fondo de la reforma agraria. Este conflicto tiene como epicentro a un masivo movimiento agrario y un poderoso grupo de agroexportadores de palma africana, con históricos vínculos con el poder del Estado. En ese contexto, durante 12 años el Estado ha puesto a disposición de los agroexportadores palmeros los principales órganos de represión: el ejército, la policía y los tribunales de justicia, estructuras que han desarrollado una estrategia de guerra para contener y desarticular el movimiento agrario, con la participación de fuerzas estatales y paraestatales (empresas de seguridad).
3) El patrón de la guerra estatal contra el movimiento social agrario en el Bajo Aguán ha incluido un marco jurídico habilitante para la contención de la lucha social, ha estigmatización del liderazgo social, la militarización (estatal y paraestatal) e infracción de los derechos humanos. El último aspecto ha incluido la criminalización y el uso indebido del derecho penal, los desalojos forzosos y los asesinatos selectivos, dejando una enorme deuda de impunidad.
4) Después de 12 años, el conflicto agrario continúa abierto y su complejidad es mayor, sin ningún avance hacia una solución duradera. Es claro que la única estrategia válida para su gestión es la negociación y la construcción de un acuerdo integral (entre los principales actores involucrados en el conflicto) que aborde la problemática en sus diferentes aristas: propiedad de la tierra, la infracción de los derechos humanos y el rol de un Estado social de derecho en la lucha contra la pobreza rural. En el contexto del nuevo gobierno de LIBRE, está abierto un proceso esperanzador que apuesta, precisamente, por una salida pacífica y democrática, expresado en los acuerdos firmados el 22 de febrero del 2002, entre el gobierno, la Plataforma Agraria y COPA. No es una opción fácil, pero es el único camino hacia la reconstrucción del Estado de derecho en la región y la vigencia plena de los derechos humanos.
5) Hasta ahora, el cumplimiento de los acuerdos ha avanzado lentamente. De las comisiones previstas en el acuerdo, solo ha funcionado plenamente la Comisión Administradora e Interventora; la Comisión Jurídica ha enfrentado fuertes desafíos y no ha alcanzado su propósito, y todavía no se constituye formalmente la Comisión Tripartita, a pesar de la creación de las condiciones iniciales para su funcionamiento. El ritmo lento en el avance del cumplimiento de los acuerdos del 22 de febrero se podría explicar, en primera instancia, por la complejidad social y política del conflicto que implica el involucramiento de actores poderosos en la estructura económica del país, pero también por la falta de experiencia y de las competencias necesarias del equipo gubernamental para gestionar este tipo de conflictividad, entre varios factores más.
6) A partir de la firma de los acuerdos (febrero del 2022), la conflictividad e infracción de los derechos humanos ha continuado. Desde febrero del 2022 hasta agosto del 2023 se han registrado un total de 5 asesinatos de campesinos, relacionados con las empresas campesinas firmantes del Convenio. Además, la Plataforma Agraria ha denunciado atentados contra miembros de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Mártires del Tumbador y seguimiento (persecución), en general hacia los dirigentes campesinos en el Valle del Aguán.
7) Finalmente, aunque el liderazgo masculino de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán reconoce el papel relevante desempeñado en las recuperaciones de la tierra y el mantenimiento de los asentamientos, las mujeres son víctimas de la violencia estatal y de la violencia que se genera en lo interno de las mismas organizaciones mixtas. La lección es clara, si no se enfrenta a fondo este modelo de despojo y se asegura el protagonismo de las mujeres en todos los planos, sin subsumirlas en el mundo doméstico, no será posible subvertir las formas de explotación e inequidad en las que se sustenta el mundo despótico del gran capital local y transnacional.
Recomendaciones
La gestión democrática y estratégica del conflicto agrario en el Bajo Aguán, exige la implementación de acciones encaminadas a dar respuesta a las demandas históricas del movimiento campesino, alrededor de los siguientes elementos de fondo.
1) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del 22 de febrero del 2022
Sin lugar a dudas, estos acuerdos son la base para garantizar la solución democrática, justa y duradera del grave conflicto agrario en el Bajo Aguán. La responsabilidad de su cumplimiento es principalmente del gobierno central, a través de la Secretaría de la Presidencia y las otras instituciones mencionadas en los acuerdos. Algunos puntos de atención son los que siguen:
i) Tal como ha planteado la Plataforma Agraria, es esencial “restituir a las Cooperativas Campesinas los derechos de propiedad de su tierra, lo que significa declarar la nulidad de las inscripciones traslativas de dominio efectuadas por las empresas agroindustriales por la violación de diferentes preceptos legales”.
ii) Derivado de lo anterior, es pertinente constituir, al más corto plazo, la Comisión Tripartita con los representantes de la Plataforma Agraria, el gobierno y la asesoría de la OACNUDH. Su valor distintivo sería el de consensuar un modelo y herramientas técnicas para la investigación de los patrones y tipologías de las múltiples infracciones a los derechos humanos, establecer la verdad, facilitar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas del largo y sangriento conflicto agrario del Bajo Aguán.
iii) “Promover las acciones que permitan la deducción de responsabilidades administrativa, civil y penal a los agentes estatales y paraestatales que han diseñado y ejecutado las estrategias de violencia en contra del sector campesino del Aguán”, (Plataforma Agraria).
iv) “Crear un mecanismo para la reparación de los daños y la no repetición del despojo sufrido por el sector campesino del Aguán”, (Plataforma Agraria).
2) Derogar los decretos que criminalizan la lucha por la tierra.
La lucha por la tierra en el Aguán reforzó el histórico marco jurídico de criminalización de la lucha agraria y del uso indebido del derecho penal, para impedir el ejercicio de las libertades democráticas (expresión de ideas, asociación y protesta) de las organizaciones campesinas. En tal sentido, es urgente:
- Derogar el Decreto Legislativo # 102-2017, que es una reforma a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. En esta reforma solamente se incluyó el delito de “usurpación” con el propósito de considerar a la lucha campesina por la tierra como criminalidad organizada.
- Derogar el Decreto Legislativo # 93-2019, en lo referido a las reformas sobre usurpación en el Código Penal y Procesal Penal, en las que no solo se agravaron las penas por el delito de usurpación (de 4 a 6 años), sino que también se incluyó como nuevo delito la usurpación agravada (con 10 años de prisión) y se llegó al extremo de incluir los desalojos preventivos, sin orden judicial, quedando sujetos a la decisión de un fiscal.
3) Desmilitarizar la región del Aguán y fortalecer la institucionalidad para la justicia campesina.
La militarización constituyó la principal estrategia de guerra del Estado en contra del movimiento campesino, que implicó el despliegue permanente de fuerzas militares, policiales y paramilitares (agencias de seguridad). Si bien, la militarización se mantiene, su acción represiva ha sido neutralizada por el gobierno actual, pero es necesaria la implementación de una estrategia de desmilitarización y habilitación de un ambiente de respeto de las libertades democráticas básicas y los derechos humanos. Algunos puntos que deben considerarse, son los siguientes:
- La revisión de los marcos legales que autorizan la acción de la seguridad privada y una evaluación de su funcionamiento. Asimismo, auditar los permisos de armas otorgados a cada una de las personas que asumen vigilancia privada para las empresas.
- La creación de un circuito de instituciones públicas encargadas de promover una cultura de paz, para la transformación democrática de los conflictos agrarios. En ese sentido, es importante el diseño de una nueva gobernanza territorial que implique una mayor presencia territorial de la institucionalidad de los derechos humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
- El establecimiento de un plan de retiro gradual de las fuerzas especiales militares estatales que fueron destinadas para “pacificar” el Bajo Aguán o, en su defecto, reorientar sus acciones en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la zona.
- Fortalecer el sistema de justicia, desde la justiciabilidad de los derechos campesinos. Esto implicaría la creación de una jurisdicción especial para la región del Aguán.
- Potenciar y restaurar el tejido social comunitario, asegurando el respeto a las libertades y derechos democráticos básicos, en especial, al ejercicio de la libre expresión, a la protesta social y la asociación popular y ciudadana.
4) Enfrentar estratégicamente al crimen organizado y al narcotráfico.
Este aspecto se coloca como un punto estratégico para avanzar en el proceso de desmilitarización antes expuesto y, como medida para frenar el control territorial que, en la última década, ha sostenido a las fuerzas no estatales (bandas delincuenciales, paramilitares y narcotráfico). En materia de seguridad pública-territorial, lo anterior implica emprender acciones orientadas a:
a) Identificar las estrategias de control territorial emprendidas por las fuerzas no estatales y de sus actores promotores y participantes (en la criminalidad organizada).
b) Implementar estrategias de repuesta policial y militar que bloqueen el accionar de la criminalidad organizada y aumenten el control territorial por parte del Estado.
5) Formular, aprobar e implementar una nueva generación de políticas públicas a favor de la democratización de la agricultura hondureña, asegurando el enfoque de género (beneficios por igual para hombres y mujeres).
El actual conflicto agrario en el Bajo Aguán, en sus causas más profundas, está explicado en un marco de políticas públicas anti-reforma agraria que han delineado una sociedad rural con graves fracturas sociales y con la negación del acceso al derecho a la tierra a la mayoría de la población. Algunas líneas de acción a considerarse, son las que siguen:
i. Derogar, en Consejo de Ministros, los PCM 030 y PCM 041 emitidos por el gobierno de Juan Orlando Hernández en el marco de la pandemia, que pusieron a disposición del sector agroalimentario nacional las tierras fiscales, ejidales y nacionales para la producción de alimentos. Según estos PCM, estas tierras serían entregadas en concesión por 20 años con un canon de L100 por manzana, reconcentrando aún más la tierra agrícola en un pequeño grupo de empresas y familias.
ii. El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deberían reformar la Ley de Modernización Agrícola, principal política pública agraria del país, para restablecer las causales de expropiación de las tierras privadas que no cumplen con su función social (retomar la propuesta de la conferencia de prensa de Castro, el 6 de junio del 2023).
iii. Igualmente, ambos poderes del Estado tendrían que habilitar un marco de política, similar a la del Decreto 18-2008, encaminado a superar la mora agraria en la legalización de la tierra, especialmente de los grupos de campesinos y campesinas beneficiarias de la Reforma Agraria (similar al numeral anterior, retomar la propuesta de la conferencia de prensa de Castro, el 6 de junio del 2023).
iv. El Poder Ejecutivo (especialmente el INA), con la amplia participación de las organizaciones campesinas, debería definir una nueva política agropecuaria que priorice la producción para la soberanía y seguridad alimentaria (granos básicos, hortalizas, aves y otras), con el control de las y los productores de la economía de baja escala y de la pequeña producción, para el autoconsumo y el intercambio comercial, con el apoyo técnico del Estado (mercado interno). Simultáneamente, es importante continuar estimulando la producción agrícola para la exportación, colocando límites a la expansión de la palma africana por su grave impacto ambiental.
Desde un planteamiento estratégico, las recomendaciones arriba establecidas apuntan en cinco direcciones:
- Primero, resolver el litigio en torno a la propiedad de la tierra, fuente principal del largo conflicto agrario.
- Segundo, abordar la grave deuda de impunidad que asegure el acceso a la justicia, la reparación y no repetición en la infracción de los derechos humanos.
- Tercero, desmontar la militarización en contra del movimiento social organizado, priorizando el accionar de las fuerzas del Estado en combatir la criminalidad organizada y el narcotráfico.
- Cuarto, derogar los decretos legislativos que han criminalizado la lucha por la tierra de las organizaciones campesinos, violentando el ejercicio de las libertades básicas: libertad de expresión, asociación y protesta social.
- Quinto, diseñar una nueva política agraria que transforme la desigual estructura de tenencia de la tierra, priorizando la soberanía y seguridad alimentaria y abriendo espacios para la efectiva participación social y productiva de las mujeres.
