Escrito por Lucía Vijil Saybe
Introducción
El sur de Honduras, además de ser una zona asociada a una fuerte desigualdad y altos índices de pobreza, está inmerso en conflictos agrarios y ambientales. Este documento analiza, precisamente, la situación de Zacate Grande, una comunidad del sur del país que ha enfrentado conflictos socio territoriales fuertes, durante años, que han dejado persecución y judicialización de pobladores de la zona. A esta situación se suman las dinámicas que envuelven la iniciativa de áreas protegidas en manos de empresas agroexportadoras. Analizar este tema, a tenor de la gobernanza ambiental, es el objetivo de este texto.
Contextualización
En la isla de Zacate Grande, siete de trece aldeas (conocidas como pueblos o barrios) pertenecen a Amapala, departamento de Valle:
La isla se unió a tierra firme antes de la década de los setenta a través de la construcción de una carretera para luego convertirse en la Península de Zacate Grande, que es parte del archipiélago hondureño del Golfo de Fonseca, perteneciente al municipio de Amapala, departamento de Valle, Sur de Honduras. Después de ese momento se empieza a documentar el estatus legal de la tierra (CESPAD, 2016, 8).
La Corporación Dinant es el actor empresarial clave en la zona sur y también el administrador del centro de conservación al que haremos referencia más adelante. Esta empresa forma parte del último ciclo de transformación financiera en Honduras, de acuerdo con Sosa (2019, 161),
“Como parte de los cambios en la economía y las modificaciones de los grupos de poder, el sector de servicios tuvo una fuerte expansión, específicamente en las telecomunicaciones, la producción de energía y el sistema financiero. Familias como los Canahuati, Kattán, Chaín y Facussé invirtieron en el campo de las maquilas; por su parte, los Faraj, Atala y Canahuati lo hicieron en el campo financiero; los Facussé, Kafie y Nasser en la agroindustria, generación de energía eléctrica y en otros sectores; los Rosenthal y Goldstein se dedicaron a la agroindustria, la producción de cemento y las telecomunicaciones; los Maaloufy Faraj en centros comerciales; Santos y Williams, en construcción, y los Ferrari y Rosenthal en televisión por cable y transmisiones de datos”. Miguel Facussé forma parte de una de las familias más poderosas en Honduras, asociados “a la producción y comercialización de aceites para cocinar, alimentos procesados, frutas y verduras y productos para el aseo. Su presencia también se extiende hasta Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana” (Sosa, 2019, 163).
Uno de los grandes conflictos en Zacate Grande ha sido el tema agrario. Miguel Facussé (dueño de Corporación Dinant) y otras familias acaudaladas han tomado posesión de la mayoría de las playas, a través de gestiones irregulares de escrituración de tierras, según las denuncias de los comunitarios (CESPAD, 2016, 8). En el conflicto agrario de Zacate Grande se han registrado más de diez desalojos fuertes y encuentros violentos con uso desproporcionado de la fuerza, por parte de los entes de seguridad a nivel nacional, a partir del 2003.
Debido al proceso de despojo de las tierras a los habitantes de la Península de Zacate Grande, se registran 31 personas judicializadas. Un caso insigne es el de Abel Ávila, Santos Hernández y Tomás Cruz, quienes estuvieron privados de libertad durante 110 días, acusados por el terrateniente Jorge Cassis, por el delito de usurpación.
Algunos de los actores en el marco del conflicto agrario son:
La Asociación por el desarrollo de la península de Zacate Grande (ADEPZA), una estructura organizativa comunitaria con mayor liderazgo, que asume la defensa de la tierra y el territorio desde la formación, la organización y la comunicación.
Los empresarios que reclaman propiedad sobre las distintas comunidades en Zacate Grande: Miguel Facussé, Jorge Luis Cassis, Fredy Nasser y la Familia Malespín.
La institucionalidad pública como facilitador de la normativa jurídica que permite la instalación de grandes empresas en la zona (en temas agrarios) y que administra la gestión de las zonas de protección y conservación.
Un punto relevante es que parte de las tierras a las que ha accedido la Corporación Dinant están siendo destinadas para conservación. La gente de la comunidad, históricamente ha vivido de la pesca y caza, pero en la actualidad por la presencia del centro de conservación “Zacate Grande” no pueden acercarse.
Ese centro de conservación, de acuerdo con su sitio web (2023): “es un área Protegida: 2,058 hectáreas, con bosque seco tropical. Sus ejes de trabajo son: a) conservar los recursos naturales y la biodiversidad del área, b) reproducir especies amenazadas o en peligro de extinción para la liberación (Guaras rojas, iguanas verdes y venado de cola blanca), c) educación Ambiental, d) investigación científica, e) facilitar el desarrollo comunitario y f) recreación”.
De acuerdo con el Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre Diversidad Biológica en Honduras -CHM (Valeriano, 2021): “La Isla de Zacate Grande tiene una extensión de 2085 hectáreas, de las cuales Miguel Facussé destinó 1,182 para la conservación del bosque, lo que equivale al 56.7% de su propiedad, mientras un 43% lo ha destinado a las comunidades a las que también apoya con proyectos de sostenibilidad y el programa de titulación de tierras, destinando menos del 1 por ciento para su uso personal. Los objetivos principales del proyecto son fomentar la protección del bosque, proteger las zonas productoras de agua, evitar la erosión, reproducir y liberar fauna hondureña en peligro de extinción (Guara Roja, Iguana Verde, y Venado Cola Blanca), fomentar el desarrollo comunitario protegiendo el ambiente, fomentar la educación ambiental y el ecoturismo”.
Al contexto anterior se suma que el departamento de Valle, a través del decreto No. 207-2009, fue declarado una sub-región especial del país, de gran importancia económica, social y ambiental. Este decreto establece que los recursos del Valle no estaban siendo explotados o administrados eficientemente. “Para tales efectos, el artículo 3 de la Ley estipula la formulación del Régimen Territorial Especial al cual estará sujeto el departamento de Valle y lo relaciona con la Ley de Ordenamiento Territorial de cara a las regulaciones sectoriales y administrativas respectivas, así como las disposiciones de tratados internacionales vigentes conforme a ley. Al respecto, es importante recordar que la declaración de áreas protegidas en el depto. de Valle está supeditada a convenios internacionales relativos a las zonas RADDHH” (Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, 2022).
Este contexto nos indica 3 elementos importantes:
- El espacio geográfico del departamento de Valle y específicamente la Península de Zacate Grande, representa una amplia gama de recursos de interés nacional.
- El área de conservación se instala sobre una zona rural que se mantiene en un conflicto por la tenencia de la tierra.
- La administración del área de conservación está a cargo de una empresa históricamente vinculada a la conflictividad socioambiental, a nivel nacional.
¿Por qué debemos hablar de gobernanza ambiental en este caso?
La gobernanza ambiental, para autores como Leeuwis y Van den Ban (2004) “requiere establecer un marco ampliamente aceptado, que permita institucionalizar la interacción entre grupos interesados, negociar los intereses contrapuestos y mitigar los conflictos, para determinar así la forma en que se llevarán a cabo la toma de decisiones y el ejercicio del poder”.
Es decir, cualquier intento nacional sobre gobernanza ambiental debería pasar por un proceso previo que debe estar respaldado de forma comunitaria, en condiciones igualitarias de negociación. Y, por último, tomar en consideración los ecosistemas en el área y su relevancia para el desarrollo comunitario.
Uno de los puntos más críticos de la gobernanza ambiental “tiene que ver con que generalmente no toma en consideración —o por lo menos no de manera explícita— las realidades sociales, económicas y políticas que, a final de cuentas, causan y determinan los cambios ambientales” (Barrow, 1995, 372). La conservación y preservación de especies podría desnaturalizarse y convertirse en un instrumento del despojo comunitario dependiendo del actor que se vea involucrado.
El enfoque de conservación (por la naturaleza del agente que la asume) en Zacate Grande podría implicar “particularmente en lo que se refiere al uso y control de los recursos, a la restricción de actividades económicas y al hecho de afectar (potencialmente) la capacidad de las comunidades rurales para ganarse la vida” (Bryant, 1997).
Al final, se podría convertir en un potencial conflicto socioambiental generado por la desigualdad del poder en relación con la gestión y gobernanza ambiental de un área protegida pero también al nulo acceso a tierra por parte de las comunidades rurales.
En Honduras, los avances sobre la documentación y generación de datos en temas de conservación son bastante reducidos, una situación que plantea, también, un doble reto en relación con el acceso oportuno a información por las empresas. Las lecturas sobre la acción de gobernanza ambiental deben incluir “el análisis de la dimensión social, cultural y política con el fin de lograr una perspectiva más integral y holística” (Byrant, 1992, 24).
El centro de conservación en Zacate Grande está operando desde 1995 y el conflicto agrario está instalado en la zona desde 1980, involucrando a 12 comunidades: Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, Pintadillera, Los Langues, Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo, La Negra. Departamento de Valle. En una parte de esa tierra está situada la zona de conservación, que está bloqueando el acceso de los comunitarios a los espacios de recreación, alimentación y trabajo.
Puntos relevantes para el análisis
Partiendo de los focos de la gobernanza ambiental y las formas en que debería pensarse, existen algunos puntos relevantes en el caso de Zacate Grande:
- El área de conservación de “Zacate Grande” se estableció en un sitio que ya presentaba conflictos por temas de tenencia de tierra; se omitió por completo la realidad política de la zona. Su instalación en la zona aumentó la conflictividad al punto que los comunitarios organizados solicitan que se les adjudiquen nuevamente las tierras. Sin embargo, en el debate que este tema genera, lo que se sostiene es que “las personas de la zona se oponen a la conservación ambiental” o “son destructores de la naturaleza”. Pareciera que la conservación es una excusa para mantener el control territorial del espacio.
- La gobernanza ambiental debe implicar mecanismos específicos para la toma de decisiones sobre el territorio. Desde el momento en que la empresa privada asume esas tareas, bloquea por completo la discusión de lo público, los bienes comunes de la naturaleza y los tejidos comunitarios que se construyen a partir de ese entorno. Las dinámicas de la empresa privada están guiadas por sus intereses y por las dinámicas de poder. Al final, es un actor adicional que excluye las voces de las comunidades.
- La militarización de la zona (por efectivos privados como públicos) ha generado desterritorialización comunitaria porque los restringe de las actividades económicas, de construcción de comunidad y sociedad rural. La respuesta en la mayoría de esos casos es la judicialización, la estigmatización y la criminalización de quienes asumen una postura por recuperar el territorio desde todos sus enfoques.
- El abordaje de los potenciales conflictos debe hacer referencia a la capacidad de los actores para promover sus intereses según su acceso a los recursos naturales y al papel que juegan las estructuras políticas e institucionales como habilitadoras de dicho proceso.
Este caso de estudio es relevante porque posiciona las dinámicas de poder que se juegan en la zona, el marco de la gobernanza ambiental, desde un enfoque empresarial, afincado en un conflicto agrario sin resolverse.
Posiblemente, el conflicto de Zacate Grande presente más adelante un debate sobre la gestión de los bienes comunes de la naturaleza, desde lo público. Asimismo, sobre la importancia del sujeto político comunitario en la administración de su territorio.
Referencias
Barrow, Christopher. 1995. “Sustainable Development. Concept, Value and Practice”. Third World Planning Review 17, 369-386.
Bryant, Raymond. 1992. “Political Ecology. An Emerging Research Agenda in Third-World Studies”. Political Geography 11, 12-36.
Bryant, Raymond L. “Beyond the Impasse: the Power of Political Ecology in Third World Environmental Research”. Area 29(1) (1997): 5-19.
CESPAD. (2016, Agosto). Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra. Retrieved from http://v1.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/02/Zacate-Grande-para-WEB.pdf
DINANT, C. (2023, Octubre). DINANT. Retrieved from https://www.dinant.com/ecs-centros/zacate-grande/
Red de Abogadas del Sur. (2022). Análisis del Decreto No. 207-2009. Choluteca.
Valeriano, M. (2021, Diciembre 17). Fundación Miguel Facussé libera mil iguanas verdes en la zona sur de Honduras. Retrieved from http://www.chmhonduras.org/index.php/dibio/1453-fundacion-miguel-facusse-libera-mil-iguanas-verdes-en-la-zona-sur-de-honduras