Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Las declaratorias municipales, a través de cabildos abiertos, continúan siendo un ejercicio que visibiliza la necesidad de repensar las formas en las que se toman decisiones en relación con la instalación de proyectos extractivos en las comunidades. Los cabildos abiertos son la expresión máxima de la voluntad popular y de la puesta en discusión sobre otras formas de gestión territorial.
En el municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz, Honduras, se realizó el día jueves 27 de julio del 2023 (por gestiones de organizaciones comunitarias, específicamente por la Plataforma Palagua) un cabildo abierto con el objetivo de ratificar la declaratoria de municipio libre de proyectos extractivos desarrollada en el año 2019, que involucra la minería, proyectos hidroeléctricos y planes de manejo forestal inconsultos.
Este artículo pretende: 1) contextualizar al municipio de Guajiquiro en relación con la presencia de proyectos extractivos, 2) desde la ecología política visibilizar el discurso representativo de un proyecto de gestión territorial – comunitario, y 3) reflexiones finales.
I. Contexto sobre la conflictividad socioambiental en el municipio de Guajiquiro[1]
Honduras no ha sido la excepción en relación con las dinámicas de conflictividad socioambiental y agraria, precisamente por el papel asignado a través de la división internacional del trabajo. El punto de inflexión fue precisamente el Golpe de Estado del 2009, con el que se acentúa la matriz legal y de seguridad que potencia el extractivismo nacional.
Actualmente, en el departamento de La Paz, los municipios de Santiago de Puringla, Santa María, San Pedro de Tutule, Chinacla, Marcala, Yarula, Santa Elena, Cabañas, Santa Ana y Guajiquiro (en sus partes altas), albergan continuos listones de montañas. Asimismo, los ríos Humuya, Opatoro y Guangololo son los que atraviesan en su totalidad el territorio Lenca. En el análisis, los bienes comunes (tierra, agua y bosque) coinciden con la instalación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y claramente, el preparar condiciones físicas para esas instalaciones, implica deforestación.
Los distintos conflictos relacionados con la instalación de empresas extractivas colocan de manifiesto la ausencia de una consulta a las poblaciones involucradas, el nulo acceso a información relacionada con el impacto ambiental y la dimensión de la instalación que se realizará en el espacio geográfico territorial. Asimismo, una deuda con las organizaciones comunitarias en relación con las demandas específicas de reconocimiento de la labor de los y las defensoras territoriales y justicia ambiental. En respuesta a la conflictividad, se presentan algunas apuestas comunitarias como métodos que respondan a la dinámica.
II. Apuestas comunitarias por la gestión territorial y comunitaria
Maristella Svampa[2] considera que desde la región latinoamericana se asiste a la dinámica de luchas socioambientales, asentadas en las bases de un lenguaje común de valorización cobre la territorialidad: “Esta convergencia se expresa en lo que podemos denominar como giro ecoterritorial, una narrativa común que da cuenta del modo en cómo se piensan y representan, desde la perspectiva de las resistencias colectivas, las actuales luchas socioambientales centradas en la defensa de la tierra y el territorio”.
Esa disputa por los bienes comunes de la naturaleza, tensiona y confronta a dos visiones sobre la disposición y uso del espacio territorial. La primera visión responde a los intereses económicos de grupos empresariales y políticos (situados fuera de ese espacio geográfico) en relación con la mercantilización de la naturaleza. Es decir, darles precio a los atributos en el espacio de interelacionamiento ecológico. La segunda visión responde usualmente al posicionamiento comunitario sobre la gestión territorial, la necesidad de proteger un ecosistema por lo que representa para las familias (alimentación, dinámicas de cuidado en el hogar, etc.) y la preocupación por las generaciones futuras.
Esa continua diputa por los bienes comunes ha implicado la organización comunitaria con discursos posicionados en relación con las dinámicas extractivas, las violencias asociadas a la presencia de cualquier empresa y la crisis de representación en democracias con bajos estándares. Eduardo Gudynas[3] afirma que también: “Existen conflictos en los que los grupos locales denuncian no sólo que no se atienden sus derechos (relacionados usualmente con la calidad de vida, la salud y la calidad ambiental), sino que también cuestionan el papel del Estado en velar y asegurar el ejercicio de esos derechos”.
En el desarrollo del cabildo abierto y los debates durante ese ejercicio, los y las guajiquiras exponían el marco de conflictividad:
- El papel del Estado de Honduras en habilitar y facilitar marcos legales para la instalación de proyecto extractivos. En este caso, en particular, la población de Guajiquiro se identifica perteneciente a la etnia Lenca y devenido de ello, la doble vulnerabilidad a la que son expuestos por la marginación y el racismo ambiental debido a las formas en las que gestionan el territorio.
- Comunidades indígenas Lencas sin acceso a información. En la mayoría de los conflictos socioterritoriales, el derecho de acceso a información ha sido violentado en distintas formas: desde la negativa de entrega de la información hasta la criminalización por acceder (a través de otras vías) a documentos relevantes sobre los actores, contratos, impactos ambientales y territorio involucrado. La falta de acceso a información representa un obstáculo más para la participación ciudadana en la toma de decisiones informadas sobre su territorio.
- Institucionalización de las demandas ambientales. Entre las intervenciones que acontecieron en el cabildo abierto, varias participaciones hicieron eco a la forma en la que se han utilizado en el departamento las banderas del movimiento ambiental, para hacer propaganda política partidaria sin una comprensión real y efectiva de las dinámicas de extracción y aprovechamiento de los bienes comunes de la naturaleza.
- Crisis de representación política. El discurso y práctica organizativa de las comunidades de Guajiquiro, se inserta en la matriz política – ideológica campesino – indígena, es decir, “coloca en el centro las ideas de resistencia, derechos colectivos y poder comunal”. Es así, que, en los planteamientos en el cabildo abierto, se presenta a nivel de debate, la crisis de representación política, en tanto, quienes se han asumido como parte de los tomadores de decisión a nivel municipal, departamental y nacional, no están respondiendo a las exigencias desde lo colectivo y comunitario, al final, es muestra también de la deuda histórica de una democracia liberal sentada en las bases del capitalismo.
- La relevancia de la participación ciudadana. Al cabildo abierto asistieron más de 200 personas de todas las edades, interesados e interesadas en reflejar su decisión política sobre el uso de los bienes comunes de la naturaleza. Es decir, reafirmar la posición de los pueblos sobre quienes pueden o no decidir sobre lo que pasa con sus fuentes de agua, bosques y uso de suelo. El mecanismo de cabildo abierto aún deja mucho que desear porque siguen siendo un espacio cooptado por la participación de las autoridades y figuras municipales (aunque sea lo que diga la ley), no desde todas las comunidades. En ese sentido, se deben mejorar los mecanismos de divulgación del cabildo, la forma en que se asegura la movilización completa de todo el municipio y, claramente, la información previa sobre la temática que se discutirá.
El ejercicio del cabildo abierto y las dinámicas de intercambio entre otras comunidades son el resultado del tejido comunitario, fortalecido desde la identificación de actores y su proyecto relacionado con el cuidado de los bienes comunes de la naturaleza, los impactos ambientales del extractivismo y lo que eso significa para las generaciones futuras. Por último, el reconocimiento del ser un sujeto colectivo, con ontologías relacionales que deberían ser consideradas desde la institucionalidad para repensar de formas más efectivas la gestión del territorio.
III. Reflexiones finales
Sobre el ejercicio del cabildo abierto y las posturas políticas que se encontraron en la discusión:
- Los discursos en las comunidades indígenas están cargados de emociones, sentires y cuestionamientos sobre el valor –no monetario- de la naturaleza, para el aseguramiento de la vida y las generaciones futuras. Las comunidades hacen un llamado de atención a quienes pretenden continuar con el discurso de “desarrollo” a costa del sacrificio de la tierra.
- Las distintas formas de participación ciudadana requieren de un trabajo colectivo relevante para nutrir y visibilizar las tensiones entre los grupos de poder y las comunidades. El cabildo abierto es una muestra más de la forma en que la auto organización, el acompañamiento y la solidaridad pueden tejerse desde lo colectivo.
- Cualquier manifestación de poder popular demuestra la urgencia con la que deberían considerarse los debates sobre el uso de la actual la matriz extractiva, los bienes comunes de la naturaleza, la justicia ambiental y ecológica.
Como dicen Latour y Schultz[4], “el mundo del que vivimos exige ser incluido en el mundo donde vivimos”. Cualquier expresión comunitaria que reivindique la vida de los ríos, los bosques y el suelo, como muestra de vida de los seres humanos, es entonces un proyecto ecosocial que a tiempo habla y requiere de transformaciones profundas.
[1] Los siguientes apuntes son reflexiones en el marco de un taller de trabajo sobre conflictividad socioambiental con representantes comunitarios de Guajiquiro que se realizó desde el CESPAD el día miércoles 26 de julio del 2023.
[2] Svampa, M. 2017. Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Edición Edhasa.
[3] Gudynas, E. 2014. Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales. CLAES, Perú.
[4] Latour, B y Schultz, N. 2023. Manifiesto ecológico político. Siglo XXI Editores.
