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Introducción
Aunque la corrupción en Honduras es un fenómeno histórico, ha ganado protagonismo en los últimos años debido a las constantes demandas ciudadanas para combatir frontalmente este azote social. Sin embargo, el abordaje a este flagelo ha sido, en su mayoría, desde el enfoque jurídico-penal, omitiendo los impactos diferenciados que tiene en la institucionalidad y en los diversos sectores de la sociedad hondureña, particularmente en las mujeres y su acceso a la justicia.
Precisamente, el acceso de las mujeres a la justicia es un derecho humano fundamental. Su cumplimiento permite el goce y el ejercicio de todos los demás derechos humanos, sin embargo, la ausencia de políticas públicas contundentes para eliminar la corrupción, implica la falta de cumplimiento del Estado de Honduras de su función de tutelar los derechos humanos garantizados por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales.
Por omisión, el Estado excluye a las mujeres del ejercicio de la ciudadanía y a una vida plena sin discriminación. Pero la situación se vuelva más grave cuando la corrupción afecta el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres en razón de género porque, en consecuencia, el Estado no protege efectivamente la vida, la integridad, la seguridad, la libertad y el desarrollo pleno de las mujeres.
En el caso específico de Honduras, se reconocen cinco aristas importantes que representan obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres:
- Cooptación de la institucionalidad para el beneficio de las redes de macro corrupción y criminalidad, a partir del golpe de Estado del 2009.
- El incumplimiento y no aceptación de las normativas internacionales para el combate a la corrupción. Para el caso, Honduras es el firmante del primer tratado internacional de lucha contra la corrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). La Convención establece que “la democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral”, lo que incluye el acceso pleno a la justicia para toda la ciudadanía.
- Los mecanismos nacionales de vigilancia, investigación y sanción de la corrupción que existen, no integran el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres.
- La ausente o débil aplicación de la perspectiva de género en el sistema de administración de justicia y el limitado conocimiento del marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres nacionales e internacionales, ha significado históricamente la negación del derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres.
- Incumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos de las mujeres y de los principales estándares internacionales de acceso a la justicia a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, el país no es firmante del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Por otra parte, la propuesta de Ley integral contra las violencias a las mujeres que fue entregada por las organizaciones feministas y de mujeres a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al comenzar su mandato, hasta la fecha no ha sido trasladada al Congreso Nacional.
Las consecuencias para la vida de las mujeres son graves. De acuerdo con datos del Comisionado Nacional Derecho Humanos (CONADEH), el 95% de los femicidios y muertes violentas de las mujeres, ocurridos entre 2002 y febrero de 2023, continúan sin resolverse en Honduras. Por otro lado, en los datos que reporta la Secretaría de Seguridad para el 2022, se registraron más de 6 mil denuncias de violencia doméstica, de las cuáles el 35% son de violencia física y del total, más de 305 casos corresponde a mujeres desaparecidas. Estos datos y situaciones denotan una cultura de negligencia respecto a las necesidades de justicia de las mujeres, por parte del Estado y gobierno de Honduras.
En ese contexto, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), un centro generador de información y análisis sobre la realidad política, social y económica de Honduras, realizó el presente estudio para identificar y categorizar los impactos de la corrupción en el acceso a la justicia de las mujeres.
Este estudio contiene las miradas y voces de las mujeres, organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos que acompañan, representan legalmente, estudian y conocen la problemática de violencia contra las mujeres desde hace décadas en Honduras. La información recabada y las recomendaciones hechas responden a la experiencia, vivencias y conocimiento de personas que día a día buscan justicia para las mujeres. En el estudio participaron 16 organizaciones que laboran en 14 municipios, en 6 departamentos del país (ver anexo uno).
El documento está organizado en nueve apartados: su introducción; dos, los aspectos metodológicos; tres, aspectos del marco legal que protegen a las mujeres; cuatro, el contexto de violencia que enfrentan las mujeres; cinco, los principales hallazgos que evidencian las distintas manifestaciones de la corrupción en los casos de violencia contra las mujeres, la efectividad de los mecanismos de vigilancia y el monitoreo para denunciar la corrupción, al igual que el impacto de la corrupción en las mujeres y la sociedad; seis, las conclusiones; siete, las recomendaciones; ocho, la bibliografía y, por último, los anexos.
