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I) Contexto de polarización y peligrosa ingobernabilidad
Desde el CESPAD, lamentamos y condenamos los actos de violencia perpetrados la noche del 31 de octubre en el Congreso Nacional, que se alejan de las prácticas que deben caracterizar a una democracia. Pero es importante reconocer que, desde el golpe de Estado del 2009 al presente, Honduras padece una crisis institucional de la que no logra recuperarse: ruptura constitucional (2009), destitución irregular de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2012), fraudes electorales (2013 y 2017) y la controversial elección de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional (enero 2022), entre otros hechos relevantes.
La polarización política se ha incrementado y el proceso del nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto, gestó una situación de ingobernabilidad en el Congreso Nacional. Las fuerzas políticas que lo integran carecieron de la capacidad para pactar consensos en la designación de estos funcionarios, que son claves en la reconstrucción del Estado de derechos, en la administración de la justicia en forma independiente, y en el aseguramiento de la lucha efectiva contra la macro corrupción, que en la última década logró cooptar las principales instituciones del Estado.
Una de las posibles explicaciones de la presente crisis del legislativo es la pervivencia de la cultura tradicional del reparto de cuotas entre los partidos que integran el sistema político que caracterizó al bipartidismo, pero en una nueva realidad multipartidista los marcos jurídicos existentes (por lo menos, en el caso del Ministerio Público) no hace posible la continuidad de esta cultura e imposibilita salidas consensuadas. Esta situación se complica aún más en el hecho de que ninguna fuerza política por sí solo puede asegurar ni mayoría simple ni mayoría calificada en las votaciones del pleno del legislativo.
En este marco, la noche del 31 de octubre, el Congreso Nacional se fragmentó en dos facciones, similar a lo ocurrido en enero del 2022. Ambos bandos justifican la legalidad y legitimidad de sus acciones con base en diferentes artículos de la Constitución de la República, pero lo cierto es que se ha roto uno de los principales poderes del Estado, y sus consecuencias son impredecibles para el desarrollo democrático del país.
II) Probables escenarios políticos
En aras de proponer salidas a la actual crisis nacional, desde el CESPAD identificamos posibles escenarios políticos que podrían configurarse en las próximas horas y semanas:
- Funcionamiento del legislativo en dos facciones. Con base en los sustentos constitucionales que esgrimen, cada uno de los bandos en disputa podría llegar a funcionar en los próximos meses y probablemente hasta el final de la actual administración gubernamental. Sin embargo, lo harían con un enorme costo para la sociedad en su conjunto y su endeble democracia. La Comisión Permanente podrá emitir decisiones con base en el artículo 208 de la Constitución. Mientras tanto, el “otro Congreso” podrá emitir leyes y adoptar reformas y derogaciones de marcos jurídicos hasta el 25 de enero del 2024, y hasta podría extender su vigencia en el tiempo, sin que sus acuerdos lleguen a ser sancionados por la presidenta de la República, tal como lo establece la Ley. La situación descrita supone la existencia de un país sin certeza jurídica. Este es un escenario altamente probable, pero NADA deseable.
- El establecimiento de un pacto de gobernabilidad. Los liderazgos de los principales partidos políticos llegan al convencimiento que la actual situación nos puede conducir a una crisis en la cual “todos perderán”, llegando a la certidumbre que es necesario dialogar, consensar y construir acuerdos. Estos acuerdos pueden incluir reformas constitucionales, acuerdos en torno al nombramiento de altos funcionarios, derogación y reformas de leyes, en especial de cara a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH). Amplios sectores de la sociedad apoyan estos acuerdos, el sistema político gana confianza ciudadana y la institucionalidad hondureña logra sortear democráticamente uno de los momentos más difíciles. Este es un escenario poco probable, pero ALTAMENTE deseable.
- La crisis se agudiza y se convierte en una crisis nacional. El funcionamiento de “dos congresos paralelos” incrementa la conflictividad y movilización social de los sectores en confrontación. Del Congreso Nacional la crisis se extiende a la institucionalidad en su conjunto, la sociedad alcanza grados nunca conocidos de polarización, creando condiciones de una nueva ruptura constitucional (similar al 2009). La sociedad hondureña retrocede democráticamente y se hunde en un período de mayor atraso, desintegración social y miedo. Este es un escenario medianamente probable, pero NADA deseable.
III) Algunas recomendaciones/propuestas
- En este momento crítico para el país, llamamos a las organizaciones sociales territoriales y sectoriales a su articulación en la defensa de los principios democráticos. La actual crisis del Congreso Nacional y las debilidades históricas del Ministerio Público afectan especialmente a los sectores sociales tradicionalmente excluidos como las mujeres, las comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes, a los colectivos LGTBIQ+, a la niñez y juventud, bloqueados en su acceso a la justicia y permanentemente criminalizados por el Ministerio Público.
- Es esencial que el liderazgo político partidario del país retome la sensatez política y evite una crisis nacional de consecuencias impredecibles. Es fundamental proceder a la construcción de un pacto de gobernabilidad mediante el diálogo responsable y la construcción de acuerdos. Solo de esta manera evitaremos la profundización de la actual crisis que nos puede conducir a escenarios difíciles de gestionar. Esta crisis debería ser una oportunidad para realizar los ajustes necesarios que nos aseguren una gobernabilidad democrática más sostenible.
- En el marco de la actual crisis, el CESPAD hace la exhortación a que se evite el uso de la violencia por parte de los sectores en disputa y los cuerpos de seguridad del Estado, en particular por las consecuencias en la infracción de los derechos humanos de la población, particularmente el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta.
1 de noviembre de 2023. Tegucigalpa, Honduras.
