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El Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos y las graves preocupaciones que señala en Honduras

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El Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos presentó un informe que contiene los resultados de la visita al país, que hizo su Misión de Seguimiento Honduras 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en contextos de persecución y amenazas.

Luego de las reuniones sostenidas con una diversidad de organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos la mujer, de la comunidad LGBTQ+, campesinos y campesinas, de lucha contra la corrupción, entre otras, las y los integrantes de la Delegación Vasca concluyen con preocupantes valoraciones que se destacan, de forma literal, a continuación.

PRIMERO – Manifestamos nuestra especial preocupación por el incremento y alto número de asesinatos de personas del colectivo LGTBIQ+, registrándose, en el año 2022, 43 muertes violentas.

Instamos a que se tomen medidas efectivas que combatan la proliferación de los discursos y delitos de odio y los prejuicios que estigmatizan y discriminan a las personas LGTBIQ+.

SEGUNDO – Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, desalojos forzados, criminalización, judicialización y estigmatización de las que son objeto las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas y garífuna, las comunidades campesinas y las defensoras de tierra, territorio y medioambiente, y de los derechos de las mujeres. Expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad con su defensa pacífica de los derechos humanos.

En este sentido, reconocemos el valor de contar con un Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras e instamos a que se dote al mismo de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir adecuadamente su mandato desde una perspectiva interseccional y humanizadora.

TERCERO – Valoramos positivamente la derogación de la Ley de ZEDES, y la aprobación

de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, así como la Ley para la reconstrucción del Estado Democrático y que los hechos no se repitan.

Manifestamos nuestra preocupación por el proceso que requiere la aplicación de la derogación de la Ley de ZEDES, debido a la presentación de litigios y arbitrajes por parte de las empresas multinacionales que gestionan estas zonas, y por la persistencia del hostigamiento, los desalojos y desplazamientos de las comunidades, con el fin de implementar proyectos extractivistas sin el cumplimiento previo de las garantías y exigencias de la normativa nacional e internacional.

Instamos al gobierno hondureño a que revierta esta situación, garantizando los derechos de las personas y comunidades frente a los intereses y actuaciones de actores estatales y no estatales fuera del marco de la ley.

CUARTO – Manifestamos nuestra preocupación por la cifra creciente de feminicidios, que en el año 2022 ascendió a 252, y con el alarmante dato de un asesinato al día en lo que va de año, con un índice de impunidad del 95%.

Vemos positivamente la medida tomada por el gobierno de elevar el Instituto de la Mujer a Secretaría de Estado, y la existencia de una Comisión de Seguimiento de los Feminicidios.

Instamos al gobierno hondureño a reforzar el trabajo de esta Secretaría para que diseñe e implemente políticas públicas garantistas de los derechos de las mujeres, e impulse el trabajo de la Comisión. Igualmente, instamos al Congreso a la ratificación del Protocolo de la CEDAW.

QUINTO – Instamos al gobierno hondureño a avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, a fin de erradicar la violencia sexual y los embarazos no deseados en niñas y adolescentes. En este sentido, instamos a garantizar el acceso universal a la PAE, respetando la libertad de decisión de las mujeres.

SEXTO – Entendiendo que es necesario tomar medidas adecuadas para luchar contra los altos índices de violencia y extorsión, recordamos la necesidad de que estas medidas cumplan con los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad con el fin de no vulnerar derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

En este sentido, recomendamos que además de respetar los principios anteriores, las medidas excepcionales adoptadas sean limitadas en el tiempo.

SÉPTIMO – Saludamos el Memorándum firmado por el Gobierno y la ONU para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y esperamos su pronta puesta en marcha con las máximas garantías para cumplir con su función.

OCTAVO – Agradecemos la acogida de las organizaciones, movimientos sociales, instituciones públicas hondureñas y organismos internacionales, y cuerpo diplomático. Nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y a velar para que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a los compromisos asumidos por la Delegación, entre los que se encuentra el seguimiento a la situación de Honduras Diversa.

El CESPAD formó parte de las organizaciones consultadas para la elaboración de este informe, por eso se pone a disposición en el siguiente enlace.

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