Escrito por René Estrada
Isy Obed Murillo fue asesinado el 5 de julio de 2009. Tenía apenas 19 años de edad, cuando recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en su cabeza, mientras participaba en una movilización a inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa. Acompañado de su padre y de sus hermanos, exigía el regreso del expresidente Manuel Zelaya Rosales a Honduras, destituido el 28 de junio y desterrado posteriormente hacia Costa Rica.
Ese domingo, los seguidores de Zelaya esperaban que retornara a Honduras. Sin embargo, previo a que aterrizara el avión del expresidente, en la pista del aeropuerto se instaló un operativo militar para evitar el descenso de la aeronave. Mientras, 4 camiones, varios francotiradores y decenas de oficiales armados también se instalaron en esa zona de la capital.
Isy Obed Murillo fue gravemente herido y murió casi al instante y Alex Roberto Zelaya, que también exigía el regreso de Zelaya resultó gravemente herido. Quince años después, el Ministerio Público comenzó una investigación que dio inicio a un proceso penal en contra de tres militares que ocupaban altos mandos dentro del Estado Mayor Conjunto, en ese momento: el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto durante el mandato del expresidente Zelaya; Carlos Roberto Puerto Fúnez, comandante del Comando de Operaciones Especiales y Venancio Cervantes Suazo, subjefe de la institución.
Sin embargo, el proceso penal ha dejado resultados contrarios a los esperados por las familias de las víctimas: de los tres acusados, dos se encuentran recluidos en un centro penal mientras el tercero, Romeo Vásquez Velásquez, es un prófugo de la justicia. Para quien brinde información de su paradero, la Policía Nacional ofrece una recompensa de 5 millones de lempiras.
Isy Obed, el primero de muchas víctimas
De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la represión posterior al golpe de Estado del 2009 dejó un saldo de 20 asesinatos. De esta cifra, al menos doce ocurrieron durante las acciones de represión de las fuerzas militares y policiales. El resto, fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión.
Sobre los crímenes, Eduardo Stein Barillas, Comisionado Coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), aseveró en una conferencia de prensa que “se debe investigar y sancionar judicialmente a los responsables de estos asesinatos, sin exclusión de rango o mando. Esa es una de las recomendaciones de la comisión”.
Por otro lado, de acuerdo con el registro del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (COFADEH), después del golpe de Estado se reportaron 13 personas detenidas-desaparecidas, que eran defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia, especialmente líderes y coordinadores del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), o simplemente personas acusadas de colaborar con el Frente.
Más preocupante resulta que, de acuerdo con el COFADEH, los trece casos permanecen en la total impunidad y se ha documentado un constante hostigamiento y amenazas en contra de los familiares de estas víctimas.
Isy Obed fue la primera víctima del golpe de Estado. Desde entonces, han transcurrido tres gobiernos, sin embargo, Honduras tiene una deuda pendiente con la sociedad y, en particular, con los familiares afectados por la represión militar.
Las Fuerzas Armadas, institución blindada
Para comprender el rol de las fuerzas militares durante el golpe de Estado, y la impunidad que prevalece alrededor de los hechos, es importante remontarse a la historia. Para algunos expertos en el tema, las Fuerzas Armadas han tenido un papel “ambiguo”, marcado por su intromisión en la política nacional y su cercana relación con Estados Unidos.
Entre las décadas de 1950 y 1970, los militares llegaron al poder a través de golpes de Estado. La historia registra tres diferentes golpes de Estado en 1956, 1972 y 1973, que perpetraron el mandato del dictador militar Oswaldo López Arellano y que frenaron avances importantes en la democratización del país.
En la década de 1980, las Fuerzas Armadas de Honduras sufrieron una mutación interna con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el que invirtió en su profesionalización, para establecer la contrainsurgencia militar en el marco de las revoluciones centroamericanas.
Durante estos años, para cumplir con los intereses del país del norte, las fuerzas militares nacionales fueron aliados claves en la estrategia de derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua y en el esfuerzo para evitar el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Esta colaboración permitió que Honduras accediera a generosos préstamos y varios regalos, entre ellos un escuadrón de aviones F-5.
Pero, esta alianza también se convirtió en un obstáculo para el establecimiento de la democracia en el país y permitió que las Fuerzas Armadas realizaran diversas violaciones a los derechos humanos con plena impunidad. Por eso, en la década de 1990, la ciudadanía exigió reformas militares para no repetir lo sucedido en los 80s. Esto incluyó el fin del servicio militar obligatorio, la minimización del rol de los militares en asuntos políticos, económicos y sociales, y un mayor control civil de la organización armada.
Sin embargo, años después, durante el golpe de Estado de 2009, las Fuerzas Armadas volvieron a mutar su rol, sin perder su esencia original. Mirna Flores es socióloga y especialista en asuntos militares considera que, en ese evento, los militares fueron simples “ejecutores” porque cumplieron con un mandato que fue planificado por “empresarios y políticos, pero al final siempre tuvieron un rol muy negativo”.
Flores considera que el papel principal de las Fuerzas Armadas fue contener la protesta ante la ruptura del orden constitucional, reprimiendo a la ciudadanía y a todas las organizaciones que se opusieron al golpe de Estado. Esta decisión, afirma, dejó como saldo múltiples asesinatos y graves violaciones de derechos humanos que siguen sin ser investigados.
En esa lógica, la entrevistada sostiene que el factor que más influye para que no haya sentencias para los militares, son los tratos realizados con los gobiernos posteriores al golpe de Estado: Roberto Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, incluyendo la reelección inconstitucional.
En su más reciente informe “Justicia para Isy Obed: el desafío en la lucha contra la impunidad en Honduras”, Flores plantea que en la institución persiste una lógica de protección entre los responsables: rostros que no son identificados, líneas de mando que se niegan o no dicen de quién reciben las órdenes y poca colaboración de la institución para deducir responsabilidades. También, las fuerzas de seguridad se niegan a proporcionar las pruebas para identificar a los autores materiales y/o intelectuales de los abusos; persiste la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales; la falsificación de los registros públicos y la intimidación o amenaza a las víctimas, los jueces, abogados y testigos.
Pero, en los últimos meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, parece haber intenciones de buscar justicia para las víctimas del golpe de Estado, especialmente en el caso de Isy Obed. El Ministerio Público emitió el 6 de enero un requerimiento fiscal en contra de Vásquez Velásquez, Cervantes Suazo y Puerto Fúnez, a quienes se les atribuye la responsabilidad por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y lesiones en contra Alex Roberto Zavala Licona.
Un proceso penal envuelto en política
Cuando el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal en contra de los tres ex altos mandos militares, en enero de este año, el más mediático de los imputados, Romeo Vásquez Velasquez, denunció a través de sus redes sociales que el proceso penal que iniciaban en su contra era persecución política y “manipulación del poder”. Días después, el 12 de ese mismo mes, se dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares sustitutivas de la prisión contra los tres exjefes militares.
El 24 de febrero, la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró ha lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público, para revocar las medidas cautelares y ordenar la prisión preventiva de Vásquez Velásquez. Seguidamente, el 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia le revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva para los tres imputados. Dos últimos regresaron a la penitenciaría de manera voluntaria, pero, Vásquez sigue prófugo.
A partir de este momento, el debate público cambió y el caso pasó de centrarse en la búsqueda de justicia para Isy Obed y Alex Zavala a la detención Romeo Vásquez, el hombre que ejecutó el golpe de Estado en contra de Zelaya, esposo de Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras.
Según Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, gran parte de la impunidad en este caso se debe a que las estructuras golpistas se han mantenido. A pesar de que se han realizado elecciones de gobiernos, los militares se mantuvieron en línea con los grupos de poder.
Según Oliva, es urgente que, nuevamente, la sociedad centre el debate en las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el golpe de Estado. También considera que se debe garantizar justicia y que se descarten los argumentos de persecución política y manipulación de poder que han instalado los imputados en la agenda mediática.
La urgencia de garantizar justicia
Más allá de que el proceso penal en contra de los tres ex altos mandos militares termine con una sanción, garantizar justicia para Isy Obed y las demás víctimas de la represión militar del golpe de Estado del 2009 requiere de la implementación de medidas que contemplen la reparación integral y la no repetición de los hechos.
Oliva considera que la reparación integral para las víctimas requiere de programas no asistencialistas, de la aprobación de leyes contra el olvido y cambios estructurales en temas de progresividad de los derechos humanos.
Flores dice que la reparación integral significa reformas profundas en el ámbito político, policial y militar, que incorporen el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Honduras en materia de derechos humanos y, sobre todo, la desmilitarización de la sociedad.
Detrás de la impunidad que protege a los responsables del asesinato de Isy Obed y a las decenas de víctimas del golpe de Estado, hay un sistema político que evidencia desinterés para garantizar la justicia en el país. Por eso, es vital avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad, la independencia del sistema de justicia y la no repetición de los hechos.