Por René Estrada
Johel Antonio Zelaya Álvarez tiene 43 años de edad y es oriundo del municipio de Reitoca en el departamento de Francisco Morazán. Es uno de los cinco candidatos seleccionados por la Junta Proponente para optar al cargo de fiscal general o fiscal general adjunto de Honduras. La aspiración de Zelaya, quien se denomina campesino y dice estar consciente de rol que juega el cambio climático en las dinámicas sociales, está ahora en manos de las y los diputados del Congreso Nacional, quienes tienen la responsabilidad elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público del país.
Pero detrás de la candidatura de Zelaya está su rol como actual regidor municipal, en representación del Partido Liberal en su pueblo natal Reitoca. Asimismo, su experiencia como asesor de algunas instituciones del Estado.
Pero, para conocer a fondo sus planteamientos sobre el sistema de justicia de Honduras y sus planes para el Ministerio Público, escudriñamos las respuestas que dio en la entrevista pública realizada por la Junta Proponente y por la Comisión Especial del Congreso Nacional, en el marco del proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto.
Un plan de trabajo social
De acuerdo con lo compartido por Johel Zelaya en la entrevista pública frente a la Junta Proponente, su plan de trabajo, en caso de ser electo como fiscal general, incluye mejorar la percepción que tiene la sociedad sobre el Ministerio Público.
Para cumplir con lo anterior, Zelaya propone mejorar la atención y recepción de denuncias para que la población, “desde el momento que entra a una oficina del Ministerio Público sepa que está siendo atendido y que está siendo protegido”.
Un Ministerio Público con fiscales “empoderados”
Zelaya Álvarez, quien es notario desde el 2015, aseveró que una de sus principales acciones, sería revisar los reglamentos internos de la institución para identificar en qué se está fallando, por qué hay tanta mora, y por qué se está realizando muy poca investigación. También prometió realizar un diagnóstico y la evaluación de cada fiscal.
Que “cada fiscal sea un líder” dice que es su deseo, para deliberar los sucesos del país, directamente con la máxima autoridad de la institución. Por eso es importante contar con fiscales capaces y contratados por meritocracia.
Aclaró que este plan no es para vulnerar la situación de las y los empleados del MP, sino, más bien, para empoderarlos y “hacerlos sentir parte de una institución de la cual la sociedad hondureña está ansiosa de ver cambios y transformaciones”.
“Por lo tanto será necesario y urgente, en los primeros 100 días de nuestra administración, sentarnos con cada unidad fiscal, con cada sección, para poder ver dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y avanzar en un sistema democrático”, agregó.
Sobre este aspecto, dice que no permitirá que ningún fiscal se vincule a actos de corrupción, debido a que eso debilita la percepción que se tiene de la entidad de justicia. Sin embargo, está consciente que se necesita capacitar y empoderar a los fiscales.
Combatir la impunidad con tecnología
De acuerdo con Zelaya, la impunidad que persiste en el país es “dolosa” y la resume como la falta directa de justicia. Por eso, si las y los diputados del Congreso Nacional lo eligen fiscal general, planea atacar la impunidad haciendo uso de tecnologías que fortalezcan la capacidad forense del Ministerio Público.
Este profesional del Derecho asegura que las ciencias forenses son la clave del Ministerio Público. Por eso, priorizará la inversión en la materia ya que, debido a la falta de investigación científica, “muchos inocentes están pagando penas que no deben”.
Asimismo, el jurista de origen Lenca, recalcó que un país no puede avanzar sin justicia y que esta debe aplicarse sin discriminación. Agregó que “cuando en un país no se persigue el delito, porque el delito hay que perseguirlo hasta donde se encuentre, quien sea que lo cometa, entonces viene la impunidad y se alimenta la corrupción”.
Su prioridad será velar por la protección de los derechos humanos
Cuando la Junta Proponente le consultó cómo puede el Ministerio Público trabajar por el acceso a la justicia y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras, Zelaya respondió que la prioridad para un fiscal es velar por la protección de los derechos humanos.
Agregó que el cumplimiento de la justicia y del respeto de los derechos humanos en el país se puede lograr a través de un trabajo interinstitucional, forjando relaciones con el Congreso Nacional y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sin intromisión ni violación a la independencia institucional.
“Los derechos humanos han sido vulnerados en este país y por eso será necesario, es urgente, que haya un fiscal cercano a los poderes del Estado sin que esto se tome como una vulneración a la autonomía del Ministerio Público, porque es necesario, por el país, por nosotros, por nuestros hijos”, acotó.
Aplicar las “Reglas de Brasilia” para reducir la impunidad de los femicidios
Las 100 Reglas de Brasilia constituyen una declaración efectiva, en Latinoamérica, de una política judicial con perspectiva garantista de los derechos humanos, con hincapié en las condiciones socioeconómicas que hacen vulnerables a millones de personas, más allá de que el derecho los declare iguales.
En ese sentido, el candidato a fiscal general planteó hacer uso de esta doctrina para avanzar en garantizar justicia sin importar la edad de las personas, el sexo, el estado físico o mental, la discapacidad o la pertenencia a minorías.
Zelaya, quien admite que el Ministerio Público le ha fallado a las mujeres al hacerles creer que son cuidadas y protegidas pero que, cuando intentan oponerse al patriarcado no cuentan con el respaldo de la institución, propone darle pertenencia a este sector a nivel urbano, pero en específico a nivel rural donde hay poco acceso a la justicia.
A su vez, para el jurista, aplicar las Reglas de Brasilia es una manera de respetar las múltiples culturas de nuestro país. Por eso considera que el convenio 169 de la OIT es “un convenio hermoso, pero al que, desgraciadamente, no se le ha dado el cumplimiento que se merece”.
El convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación y que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Esas medidas no deben ser contrarias a lo que expresen libremente tales pueblos.
El aspirante a fiscal general considera que el Convenio 169 debe implementarse, pero es urgente empoderar a la Fiscalía de las Etnias mediante la capacitación del personal, pero, para lograrlo, es vital la contratación de personal perteneciente a los grupos originarios. Solo de esta forma, afirma, se podrá garantizar el respeto y la no interrupción de las culturas.
Reducir la mora con procesos alternativos
Zelaya, quien ha ejercido su carrera como abogado de manera privada, admite reconocer la “alarmante” mora judicial del país y considera que el Ministerio Público puede ayudar a reducir esa problemática.
Plantea, para lograrlo, una serie de alternativas para reducir la cantidad de expedientes pendientes de resolución incluyendo: “un análisis profundo”, para que el fiscal general “pueda tener iniciativa de ley para la creación de nuevas herramientas para la persecución penal”.
Coordinación interinstitucional
Zelaya hizo hincapié en la necesidad de buscar colaboración con otras instituciones y poderes del Estado, por el bien de la ciudadanía.
Acotó que apelará a la coordinación interinstitucional para el combate del delito, debido a que solo así se lograría un abordaje sistemático y estratégico, pero también, un bloque que fortalezca a la justicia del país.