Por Aimée Cárcamo
El quinto y último mejor evaluado de la nómina de cinco candidatos a fiscal general y fiscal adjunto que la Junta Proponente entregó al Congreso Nacional es Pablo Emilio Reyes Theodore, con una nota de 75% y quien se considera a sí mismo un profesional leal y con conciencia social.
Abogado y notario de profesión, se graduó hace 14 años de la carrera de Ciencias Jurídicas con orientación en derecho laboral en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tres años después obtuvo una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana y en la actualidad cursa un diplomado sobre litigación oral de la Universidad de Salamanca, España.
En el 2005 comenzó su carrera en el sector público como escribiente en los juzgados de lo civil y del trabajo, pero renunció a la Corte Suprema de Justicia después de tres años para integrar como procurador el Bufete Herrera y Asociados. En el 2010 se desempeñó como asesor en el departamento legal de la UNAH y en el 2013 asesoró también la Junta Interventora del Ministerio Público.
Entre el 2014 y 2016 fue asesor de la otrora Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), siendo en el último año parte de la Comisión Liquidadora de esa institución; en el 2017 fue asesor del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y desde el 2020 hasta la actualidad es socio y director de la firma Consultus, en la que se dedica a litigio y a la asesoría empresarial.
“Si bien es cierto, el ejercicio de mi profesión no ha sido el derecho penal, considero que cuento con la moral, con la ética y con las intenciones de generar cambios al país”, expresó Reyes Theodore ante la Junta Proponente el pasado 27 de julio, durante la etapa de entrevistas públicas.
Capacitación del recurso humano
Una de las propuestas de Reyes para optimizar el Ministerio Público es capacitar al recurso humano, mediante convenios con países y universidades amigas “que puedan cultivar el conocimiento” de los fiscales y del equipo técnico.
Para Reyes, no sólo basta la educación, también es necesario contar con un personal idóneo y con ética, por eso considera que él mismo debe someterse a pruebas psicométricas, toxicológicas y patrimoniales al momento de ingresar al Ministerio Público, pero también a lo largo de su carrera dentro de la institución, “porque toda persona humana nace pura, pero en el camino puede desviar su camino”.
Sobre las medidas que tomaría para asegurar que los procesos de selección y promoción de personal de la Fiscalía sean justos y basados en mérito, precisa que es importante analizar hacia dónde avanza el Ministerio Público y estudiar, a detalle, la ley y el reglamento interno de esa entidad.
Sostiene también que deben crearse procesos de selección para incrementar los ascensos o promociones de los empleados, fiscales y equipo técnico, tomando en cuenta su compromiso, idoneidad, antigüedad y los resultados de las pruebas que se les realicen, además de la intención de cada uno de ellos de generar estudios “tanto de forma personal como a petición del Ministerio Público, que estamos en la obligación de dárselos también”.
En esa misma línea, Reyes indica que es importante capacitar al personal del Ministerio Público no solo para el ejercicio de la acción penal y una mayor agilidad en los procesos, sino también para tener una mayor sensibilidad ante quien denuncia y se siente vulnerado.
Esa es la razón, afirma, por la que existe mucha mora, porque la o el fiscal “no tiene el conocimiento o no tiene la sensibilidad de poner interés a los procesos” en los que las víctimas buscan ayuda a través de la acción penal.
Resolución de crisis
En referencia a las huelgas que a lo largo de su historia se han producido en el Ministerio Público, la última de casi tres meses, analiza que los problemas laborales son colectivos y se dan por cuestiones salariales y, tal vez, de vulneración de derechos de los trabajadores.
Ese aspecto se planteó en la entrevista y respondió que toda institución pública está atada al presupuesto que se le asigna, pero hay que motivar salarialmente al personal, aunque considera también que el empleado, fiscal o técnico también tiene otras necesidades básicas.
“Estuve en el Ministerio Público temporalmente y no tiene ni las mínimas condiciones para hacer sus labores, no tienen logística, no tienen espacios físicos correctos y eso genera una desmotivación en el personal al momento de ejercer sus funciones, entonces yo creo que ahí está el problema”, detalla.
Por lo tanto, propone gestionar o redirigir correctamente el presupuesto para poder motivar, no solo salarialmente, sino con otros incentivos importantes, como la posibilidad de estudiar en el país o en el extranjero, tratando de no vulnerar los derechos de los trabajadores y teniendo condiciones básicas e idóneas para que puedan realizar sus funciones para buscar un acercamiento toral con el personal.
“Ser fiscal general de la República es un trono, es simplemente un timoneo, es una toma de decisiones, es una gestión, pero ocupa el acompañamiento total de todo el personal del Ministerio Público que al fin y al cabo son los que tienen la especialidad y son los que dan la cara frente a los delincuentes”, concluyó.
Injerencia política y debilidad en la investigación
Uno de los problemas que tiene el Ministerio Público son las injerencias políticas y de poderes, que se tendrían que evitar definitivamente, apunta Reyes Theodore. Para lograrlo buscará propiciar el acceso a la justicia, con objetividad e imparcialidad en las acciones penales, “y no permitir injerencia de los poderes del Estado porque se debe generar una independencia clara”.
Señala también que una debilidad muy grande que tiene el Ministerio Público es la investigación en los procesos penales, la que se puede mejorar fortaleciendo los “aspectos científicos”, por eso es importante que la Dirección de Medicina Forense cuente con todos los aspectos técnicos para la verificación de pruebas.
“Hoy por hoy” la mayoría de las pruebas que aporta el Ministerio Público están basadas en lo testifical “y no en pruebas científicas e investigaciones reales”, por eso su estrategia irá orientada a reforzar el área de investigación que está representada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Unidad de protección y transparencia
Tomando en cuenta que la estructura del Ministerio Público es casi igual (salvo algunas modificaciones en las fiscalías) a la que tenía desde que inició en 1995, Reyes propone la creación de una unidad de protección a los fiscales que llevan procesos mediáticos o de alto impacto como los relacionados con el crimen organizado o narcotráfico.
En cuanto a las políticas de transparencia y combate a la corrupción que implementaría como fiscal general, asegura que buscaría acercar el Ministerio Público a la persona, al ciudadano.
Su planteamiento consiste en generar la confianza en el pueblo hondureño “de acudir a mí, acudir al fiscal, acudir a un centro integrado a poner una denuncia y que sea tratado con la debida consideración que se merece”.
“Generaría transparencia en cuanto al acceso a la justicia” plantea, a la vez que afirma que una de las mayores vulneraciones que arrastran los derechos humanos es la corrupción.
Nuevo Código Penal
En relación con el nuevo Código Penal, vigente desde junio de 2020, el aspirante a fiscal general apunta que esa normativa puede afectar el sistema de justicia, ya que en su contenido existen privilegios que no estaban contemplados anteriormente.
Estos privilegios crean desigualdad en la sociedad y en la población hondureña por la forma en que se tratan los procesos judiciales, sobre todo en el caso de los altos funcionarios, afirma.
Finalmente, aunque Reyes Theodore reconoce que sus enfoques no son tan innovadores, porque ya se sabe lo que se debe hacer en el Ministerio Público, “lo que pasa es que no se ha hecho”. Entonces, al haber con él una posibilidad de independencia esos cambios no le generarían problemas.