Escrito por: Rubén Escobar, René Estrada y Claudia Mendoza
Es un activista político del Partido Nacional que trabajó bajo la dirección de funcionarios como Miguel Pastor, Ricardo Álvarez y Reinaldo Sánchez. También fue miembro de la Junta Nominadora de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, cuando amenazó con querellar a quienes criticaran a los postulantes, que se constituyeron en los magistrados del periodo 2016-2023. El abogado José Luis Valladares Guifarro pretende ahora llegar a la más alta magistratura de justicia en Honduras.
Valladares Guifarro es un abogado de 42 años de edad, originario de Manto, departamento de Olancho. Fue uno de los pocos postulantes que presentó su hoja de vida escrita a mano, con bolígrafo. Asegura que quiere constituirse como magistrado para “aplicar el derecho y la justicia en nuestro país, desde el máximo tribunal, ya que nuestro pueblo tiene ‘sed de justicia’ y ser una de mis metas profesionales”.
Se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el 2003, y recibió el exequátur en el 2005. Desde entonces ha equilibrado su carrera entre el ejercicio privado del Derecho y sus funciones dentro de la burocracia en diferentes gobiernos del Partido Nacional.
Por ejemplo, desde el 2002 y hasta el 2010 ejerció como procurador de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en los gobiernos de Miguel Rodrigo Pastor y durante el primer periodo de Ricardo Álvarez. Al asumir la presidencia Porfirio Lobo, en el 2010, pasó a ocupar el cargo de gerente de recursos humanos del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), hasta el año 2015, para luego encargarse de la secretaría general del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas, antes Fondo Hondureño de Inversión Social), en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Entre el 2016 y el 2018 fue nombrado en la secretaría general del Ministerio de la Presidencia que encabezó Reinaldo Sánchez (enero 2014-junio 2017) y Ricardo Cardona (junio 2017-enero 2018).
Tras ser cancelado de ese cargo, en marzo del 2018, fue nombrado secretario general de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), ente que dirigió Reinaldo Sánchez desde junio de 2017 hasta septiembre de 2020. En octubre del 2020 (días después de que Sánchez renunciara a su cargo para dedicarse a la campaña política) Valladares fue relevado como secretario general, pero un mes después se convirtió en asesor legal de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, en la que estuvo hasta enero del 2022, cuando Xiomara Castro asumió la Presidencia.
Aunque en lo personal el abogado Valladares Guifarro no ha sido vinculado a actos reñidos con la ley, como funcionario público en la Sedis, una institución que ha sido fuertemente cuestionada, fue hombre de confianza de Sánchez.
“Además, entre sus atribuciones (numeral 1 del artículo 27) están la de “asistir al secretario de Estado y a los subsecretarios de Estado”, y “autorizar la firma del secretario o de los subsecretarios de Estado en las providencias, acuerdos o resoluciones que dicten” (numeral 7). Es decir, sus funciones sugieren que era un hombre muy cercano a Reinaldo Sánchez.
De acuerdo con denuncias en medios de comunicación, entre los años 2018 y 2021 se realizaron convenios en la Sedis con organizaciones no gubernamentales mediante los cuales se drenaron unos 314 millones de lempiras. Sin embargo, funcionarios del actual gobierno aseguran que el desfalco a entidades estatales podría alcanzar los 2,000 millones de lempiras e involucrar a unos 44 exfuncionarios.
El mecanismo de sustracción de fondos consistió en que las ONG se comprometían a realizar obras como construcción de viviendas, instalación de techos, pisos y letrinas, pero en la práctica lo que hubo fue un “alquiler” de la documentación legal de esas entidades, a cambio de recibir entre un 5 y un 10 por ciento del monto del proyecto. Al final, esas obras no se realizaron o fueron abandonadas y el dinero se desvió a bolsillos de terceros. Se deduce que, como secretario general, el abogado tendría que dar fe de los acuerdos firmados con las ONG.
También se informó que la Sedis destinaba partidas millonarias a instituciones que no existían, como asilos de ancianos o centros de rehabilitación.
Esta dependencia administró programas asistencialistas con el argumento de reducir la pobreza, pero que en realidad desviaba recursos a activistas políticos o para comprar voluntades de ciudadanos durante periodos electorales. Manejó unos 44 bonos y programas de asistencia social, entre ellos “Vida mejor”, “adulto mayor” y “vivienda saludable”.
Estos programas poco hicieron para reducir los niveles de pobreza. En noviembre de 2021, a pocos días de las elecciones, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó que la pobreza casi llegaba al 74 por ciento, pero horas después el gobierno anterior borró el informe.
También, en el plano político, Valladares Guifarro ha colaborado con Reinaldo Sánchez en las campañas que lo han llevado a convertirse cinco veces diputado del Congreso Nacional. Es de recordar que, aparejadas a sus funciones en el gobierno, Sánchez fue presidente del Partido Nacional desde mayo de 2017 hasta mayo de 2021.
Más allá de sus funciones en el gobierno y su trabajo político, el abogado Valladares ha ocupado otras posiciones relevantes en la sociedad hondureña, como la presidencia del Colegio de Abogados en el periodo 2014-2016, y la secretaría de la Junta Nominadora para escoger a los magistrados en el proceso desarrollado en el 2015-2016.
Algunos medios reseñaron que Valladares se opuso a hacer pública una lista de 24 aspirantes a magistrados señalados por la embajada estadounidense por sus vínculos con actos ilícitos. Además, propuso la creación de una comisión de juristas para proceder legalmente contra quienes cuestionaran a los aspirantes a magistrados, lo que en su momento fue considerado un ataque a la libertad de expresión.
También en el año 2016, Valladares aspiró a convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, pero no fue electo. El 6 de noviembre de ese año, el portal digital elpulso.hn publicó que “está entre los 5 candidatos peor evaluados según la matriz presentada ante el Congreso Nacional por la sociedad civil”.
Además, el medio solicitó que en las audiencias públicas le realizaran la siguiente pregunta: “¿Considera ético aspirar a un cargo en (el) Tribunal Superior de Cuentas dadas sus evidentes relaciones político-partidarias y con el actual gobierno de Honduras?”. En ese momento él era secretario general de la Secretaría de la Presidencia.
Es así que, tras una carrera de casi 20 años en diferentes cargos de gobierno municipal y central, el abogado Valladares Guifarro pretende ahora aportar la experiencia que le brindó el Partido Nacional, en el máximo tribunal de la República, la Corte Suprema de Justicia 2023-2030.