Escrito por Lucía Vijil Saybe, asesora en justicia ambiental y ecológica
Un informe publicado por el Cespad, intitulado: “Conflictos ambientales en Honduras: aumento relevante de la violencia comunitaria y ecológica en el último semestre del 2023” evidencia el aumento de la disputa por el control de los bienes comunes de la naturaleza.
Este documento indica que las conflictividades están motivadas por la instalación de 8 represas hidroeléctricas, 7 empresas mineras, 21 de tipo agrario relacionados con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra; 3 por temas forestales, 1 proyecto de energía fotovoltaica, 1 proyecto de energía termoeléctrica, 1 por infraestructura y 1 producto de los efectos de cambio climático en el último semestre del 2023. Estos proyectos se ubican en 10 departamentos del país y, en su mayoría, involucran los siguientes bienes comunes de la naturaleza:
- Agua. La actividad extractiva para asegurar su funcionamiento altera la dinámica del agua en los territorios. En ese sentido, se recurre a su represamiento, al desvío de las fuentes, a su acaparamiento y contaminación de las fuentes de agua.
- Tierra. La desigualdad histórica es la distribución de la tierra y la ausencia de una efectiva reforma agraria. Este conflicto se evidencia en la promoción de los monocultivos que contribuyen al desgaste de la tierra por el uso de químicos para la producción.
- Bosque. La instalación de cualquier empresa extractiva requiere, como condición, la deforestación (expresión máxima). Cada uno de los conflictos manifiestos durante el segundo semestre del 2023, han involucrado la devastación de los entornos naturales sin una capacidad de retornar a su posición inicial y, con ello, la destrucción de la biodiversidad en los territorios.
El análisis de los conflictos ambientales debe superar la interpretación coyuntural. Es decir, el conflicto debe entenderse desde su papel relevante en la conformación social y política de la cuestión ambiental en Honduras. Por eso, este análisis pretende responder a dos preguntas: ¿qué caracteriza a las actuales arenas públicas creadas a partir de los conflictos ambientales?, y ¿cómo se puede influenciar en otros espacios sociales e institucionales desde la dinámica del conflicto para su transformación?
- Abordaje conceptual
En este escrito, retomamos los postulados de Mauricio Folchi y Anthony Bebbintong sobre ecología política, que se han utilizado, también, en otros escritos del Cespad[1].
También, en este análisis se incorporará el planteamiento sociológico de Melucci[2], que indica que los conflictos: “permiten la producción de un espacio público intermedio, un ámbito político que genera las condiciones para que los discursos sean escuchados y transformados en decisiones políticas”. Es por eso que el análisis de los conflictos incorpora la dimensión de los sistemas de acción de un movimiento ambiental, socioterritorial y/o agrario, relacionando sus apuestas políticas con la justicia ambiental y ecológica.
Asimismo, son relevantes los aportes de Merlinsky[3] sobre la productividad de los conflictos. Él sostiene que: “No establecemos un análisis de su resultado en términos de positivo o negativo, sino que analizamos sus efectos y cómo pueden tener influencia en otros campos sociales e institucionales”. Y define que los límites de productividad de los conflictos son, en términos político – institucionales, social, territorial y jurídico. Nos interesa para este documento destacar la producción jurídica la cual involucra transformaciones en el ámbito legislativo y la actualización local del derecho, además de las transformaciones en términos de cómo se modifican las expectativas de los actores sociales en relación con las leyes, los tribunales y diferentes atributos de los sistemas jurídicos[4].
Para finalizar, se consideran los aportes de Melé sobre la juridificación de los conflictos. Esto implica que, más allá de que un conflicto se pueda judicializar, también es relevante comprender cómo cambian las expectativas sociales en torno a las leyes y los tribunales, pero, también y, sobre todo, los aprendizajes dinámicos sobre lo jurídico que dan lugar a nuevos lenguajes que se expresan públicamente, algo que se puede desarrollar en una temporalidad que excede la del conflicto en tanto evento[5].
2. Sobre las arenas públicas de los conflictos ambientales
De acuerdo con los aportes de Melucci, ese espacio público intermedio que se genera en el marco de la conflictividad es una modalidad de espacio político. Esta última afirmación, parte de contextos donde la democracia se concibe más allá de un ejercicio electoral. La arena pública, tiene la función de construir las condiciones que permiten que los discursos sean escuchados y transformados en decisiones políticas[6].
Las movilizaciones, acciones de calle o propuestas políticas pueden ser entendidas, en ciertos casos, como un proceso conjunto de creación del bien común, en el cual existe una variedad de niveles de cooperación entre los grupos sociales y las entidades estatales. Sin embargo, en otras situaciones –como en la realidad hondureña- pueden ser vistas como un choque con las autoridades, que rechazan escuchar las peticiones de los sectores comprometidos con temas ambientales, ecológicos y comunitarios. Por eso es importante analizar los conflictos y los espacios públicos de debate que surgen alrededor.
A medida que el conflicto tiene influencia en el espacio público, surgen actores y alianzas entre esos actores que comienzan a formar parte de una arena política común de disputa, en la que se genera un ámbito de cooperación, competencia y/ o conflicto entre instituciones y actores sociales involucrados en su planificación y ejecución[7].
Con los actores relacionados a la disputa por los bienes comunes de la naturaleza, la arena pública en Honduras se caracteriza por:
- Una institucionalidad que reconoce la deuda histórica con los sectores campesinos, indígenas y ambientalistas, en relación con la garantía de derechos, protección de la vida y transformaciones estructurales requeridas para la reducción de la desigualdad[8].
- Las demandas históricas continúan en la discusión pública, relacionadas con el tema ambiental y agrario: garantía de derechos para todos los sectores de la población; reforma agraria con enfoque de género; robustecimiento de la institucionalidad ambiental en temas de presupuesto y personal, acceso a información, participación ciudadana vinculante, acceso a justicia para defensores y defensoras, entre otros.
- La participación de las fuerzas de seguridad en el abordaje de los conflictos. Se identifican dos tipos: a) la fuerza pública: los policías, fuerzas armadas y comandos especiales asignados en la zona (Xatruch en el Aguán, como ejemplo) y, b) la fuerza privada: empresas de seguridad privada involucradas en el conflicto. Este actor se caracteriza por ser el ente represivo durante las acciones ejecutadas por los actores territoriales, y se vinculan directamente con las agresiones hacia los defensores y defensoras.
En la actualidad, los conflictos en la arena pública nos dan entrada para hacer más específico el análisis sobre la producción jurídica de los mismos. El siguiente apartado plantea algunos elementos de análisis, para identificar las formas en que los conflictos pueden influenciar a otros espacios sociales e institucionales.
3.Sobre la juridificación de los conflictos
Blichner y Molander[9] definen la juridificación como los procesos sociales que operan en alguno de estos sentidos: reformas políticas que incorporan mayores competencias a la esfera o campo legal; la aplicación progresiva de normas legales a un amplio rango de temas; el uso creciente de la ley para resolver disputas; el aumento del poder e influencia social de los tribunales y profesionales del derecho, cambios que muestran que los ciudadanos se sitúan reflexivamente en relación al orden legal.
La utilización de esta perspectiva de estudio implica tener en cuenta que los conflictos relacionados con el medio ambiente adquieren nuevos significados cuando se introducen en el ámbito legal. Esto abarca el análisis de cómo los actores aprovechan las herramientas legales disponibles, la participación diversa de los profesionales del derecho en el conflicto y cómo las expectativas de los actores respecto a la ley y la justicia, en general, se ajustan en este proceso.
Sin embargo, también es fundamental tomar en cuenta que estas actividades pueden generar impacto en el ámbito legal y político. En temas ambientales, la denuncia reiterada de los sectores organizados ha sido la impunidad de los asesinatos de los defensores y defensoras del territorio; el uso del aparato institucional para la judicialización de organizaciones comunitarias y sociales; la militarización de los territorios, la corrupción extractiva y la matriz extractiva actual, que se sostiene sobre dinámicas violentas en las comunidades y ecosistemas.
Como caso específico, analizaremos la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA)[10] creada durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro, con el objetivo de combatir el delito ambiental a nivel nacional, en todas sus expresiones, tales como: tala ilegal de madera, tráfico ilegal de madera, flora y fauna silvestre, usurpaciones a tierras de vocación netamente forestal. Esta Fuerza de Tarea está conformada por: las Fuerzas Armadas (Comando de apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente C-9), el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), el Ministerio Publico (FEMA), la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Procuraduría General de la República.
A continuación, se presenta un resumen de las acciones realizadas por la FTIA, entre enero y marzo del 2024:gt
Tabla 1. Recuento de actividad de la FTIA a nivel nacional (enero – marzo del 2024).
| Fiscalía | Acusados/as | Delito | Rubro/Sector involucrado | Enlace |
| Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC). | A Omar Antonio Castro Palma y Francisco Bernardo Martínez Maldonado se les presentó requerimiento fiscal de forma individual, por el delito de usurpación en perjuicio de la comunidad indígena antes mencionada.
|
Usurpación en perjuicio de la comunidad indígena. |
Ganadería |
https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-de-las-etnias-presento-dos-requerimientos-fiscales-por-usurpar-tierras-de-los-tolupanes-en-yoro/ |
| La Fiscalía del Medio Ambiente (FEMA). | Se constató la tala de más de 700 árboles de diferentes especies forestales, en un área con aproximadamente 5 manzanas de bosque primario deforestado dentro de la zona de amortiguamiento del PANACOMA. | Ganadería y cafetaleros | https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-del-medio-ambiente-de-comayagua-investiga-descombro-descubierto-mediante-vigilancia-satelital-dentro-del-panacoma/ | |
| Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS). | Olman García Ortiz, Edas Mauricio López Armijo, Isaac López Carranza, Juan Fernando López Armijo y Héctor Adalid Cáceres, se les acusa de ser responsables de la comisión del delito de amenazas en perjuicio de miembros de la comunidad garífuna “Nueva Go” en el municipio de Esparta, departamento de Atlántida. | Amenazas en perjuicio de miembros de la comunidad garífuna “Nueva Go”. | Ganadería | https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-de-las-etnias-presenta-requerimiento-fiscal-contra-cinco-personas-por-amenazas-a-garifunas/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Sentencia condenatoria y una pena de cuatro años con seis meses de cárcel en contra del señor Alex Fernando Martínez Valle, por el delito de explotación ilegal agravada de recursos naturales en su modalidad de transporte ilegal de productos forestales, en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras. | Explotación ilegal agravada de recursos naturales, en su modalidad de transporte ilegal de productos forestales. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/por-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-le-decretan-4-anos-de-carcel/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Obtiene auto de formal procesamiento contra Carlos Emenelio Reyes Bardales, por la supuesta comisión de los delitos de explotación ilegal de recurso forestal agravado, daños agravados y urbanización ilegal en Cocalito, Trujillo, Colón. | Explotación ilegal de recurso forestal agravado, daños agravados y urbanización ilegal. | Infraestructura | https://www.mp.hn/publicaciones/auto-de-formal-procesamiento-por-danos-al-ambiente-en-un-sector-de-trujillo/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Artemio Mefiboset Ochoa Mérida acusado de ser responsable del delito de urbanización ilegal en perjuicio del ordenamiento territorial y el ambiente de Honduras. | Urbanización ilegal. | Infraestructura | https://www.mp.hn/publicaciones/fiscales-en-sps-presentan-requerimiento-fiscal-contra-dos-empresarios-por-supuestos-danos-ambientales/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Auto de formal procesamiento en contra del exministro y el exsecretario general de Medio Ambiente (SERNA), Narciso Enrique Manzanares Rodas y Elvis Yovani Rodas Flores, respectivamente. | Abuso de autoridad. | Infraestructura | https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-del-ambiente-obtiene-auto-de-formal-procesamiento-contra-exministro-y-exsecretario-general-de-serna/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Roberto Carlos Ávila Amador y José Armando Girón Mancías, acusados por la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales. | Explotación ilegal de recursos naturales. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/sentencia-condenatoria-por-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-3/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Víctor Orlando Ortíz Cardona y Relyn Manrique Ruiz Nájera, acusados de suponese la comisión del delito de urbanización ilegal contra el equilibrio del ecosistema. | Urbanización ilegal. | Infraestructura | https://www.mp.hn/publicaciones/auto-de-formal-procesamiento-por-urbanizacion-ilegal-de-dos-proyectos-en-punta-castilla/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiental (FEMA). | José Roberto Palacios es acusado por suponese la comisión del delito de tala ilegal de madera y apertura de carretera. | Tala ilegal de madera y apertura de carretera. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/reuniones-de-la-fiscalia-del-ambientey-ftia-siguen-dando-frutos/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiental (FEMA). | Dany Rony Arias Grien y Lucas Jeovany Molina Flores, acusados por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en su modalidad de traslado en perjuicio del medio ambiente. | Explotación ilegal de recursos naturales en su modalidad de traslado | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/condenan-a-dos-hombres-por-transportar-ilegalmente-mas-de-12-mil-pies-de-madera-de-la-mosquitia/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiental (FEMA). | Se detuvo a los señores Luis Alonzo Espinal Bejarano, Jefferson Francisco Amador y un menor, por suponerlos responsables del delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras.
Asimismo, se realizaron cuatro operativos en Villa Santa y Jacaleapa. En el transcurso de esos operativos se les hizo señal de parada a camiones y carros paila, solicitándoles a los conductores la documentación correspondiente (la guía de transporte de madera y licencia de conducir). Estas acciones se hacen con el fin de prevenir el delito de explotación ilegal de recursos naturales en su modalidad de transporte en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras. |
Explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/inspecciones-operativos-fijos-y-detenciones-reportan-fiscales-de-proteccion-al-medio-ambientes-en-danli/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambienta (FEMA). | Requerimiento fiscal contra Wilder Hariel Vantroi Pérez Rivera, acusado del delito de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados, delitos supuestamente cometidos en un sector de Olancho. | Explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/requerimiento-fiscal-contra-ingeniero-forestal-por-supuesta-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-en-guayape-olancho/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Onel Antonio Pacheco Reyes, Jesús Antonio Suazo Midence, Juan Carlos Suazo Pineda y Rensi Ricardo González Ordóñez, fueron acusados por el delito de explotación ilegal de recursos naturales.
Según el informe de investigación, luego de conformar varios grupos que llegaron vía terrestre y aérea a los puntos de lo afectado, se contabilizaron seis retroexcavadoras, nueve cribas o “colombianas”, 350 metros de manguera, 12 motobombas, cuatro barriles de combustible, entre otros. Asimismo, y por los pertrechos encontrados en los sitios, se supone que se hacían labores industriales en búsqueda de oro. Los equipos, entre ellos elementos de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), llegaron a las comunidades de Las Uvas, Paso de Las Joyas, y otros puntos del río Guayape. |
Explotación ilegal de recursos naturales | Minería | https://www.mp.hn/publicaciones/requerimiento-fiscal-contra-cuatro-hombres-que-buscaban-oro-en-el-rio-guayape-olancho/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Requerimiento fiscal contra el señor Elvin David Ponce Flores, por suponerle la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales en un sector del municipio de Güinope, El Paraíso. | Explotación ilegal de recursos naturales | Minería No Metálica | https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-del-ambiente-acusa-a-un-hombre-por-extraer-material-selecto-en-un-sector-de-guinope/ |
| Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). | Requerimiento fiscal contra dos funcionarios de la municipalidad de San Pedro Sula y un empresario, por supuestas acciones irregulares en el otorgamiento y uso de permisos de construcción.
El proceso penal interpuesto tiene sus orígenes en el otorgamiento de permisos de construcción supuestamente al margen de la ley, la puesta en marcha del proyecto significa un importante perjuicio al ordenamiento territorial y al medio ambiente en la zona de El Merendón. En la lista de personas acusadas también figura el empresario Gabriel Napoleón Larach-Larach acusado por la supuesta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsos y tráfico de influencias cometidos por particulares. |
Prevaricato administrativo y falsificación de documentos públicos.
Tráfico de influencias cometido por funcionario público y falsificación de documentos públicos. Encubrimiento y desobediencia. |
Infraestructura | https://www.mp.hn/publicaciones/requerimiento-fiscal-a-funcionarios-municipales-de-sps-y-un-empresario-por-obtencion-irregular-de-permisos-de-construccion/ |
| Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA). | Denis Fernando Cálix Rodríguez, Eliberto Salgado, Héctor Enrique Sevilla, Javier Aldair Rodríguez Avilés, Selvin Augusto Rodríguez Maradiaga y Sergio David Martínez Mondragón fueron acusados por suponerlos responsables del delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas del medio ambiente del Estado de Honduras. | Explotación ilegal de recursos naturales. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/en-danli-fiscales-procesan-penalmente-a-ocho-hombres-por-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales/ |
| Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA). | Requerimiento fiscal contra Mercedes Elizabeth Maradiaga, Alejandro Suárez Cerrato y Romelio Romero Zerón, por la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales. | Explotación ilegal de recursos naturales. | Forestal | https://www.mp.hn/publicaciones/requerimiento-fiscal-a-tres-ciudadanos-por-supuesta-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-en-la-venta-f-m/ |
| Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA). | Auto de formal procesamiento contra Silverio Oviedo Zambrano y Norger Sánchez Estrada, por suponerles haber cometido los delitos de explotación ilegal de recursos naturales agravado y usurpación de un derecho real, en perjuicio del área protegida El Jicarito, Namasigüe, Choluteca. | Explotación ilegal de recursos naturales agravado y usurpación. | Ganadería | https://www.mp.hn/publicaciones/auto-de-formal-procesamiento-a-dos-ciudadanos-por-dano-ambiental-en-el-area-protegida-en-el-jicarito-choluteca/ |
| Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA). | Inspección en empresas procesadoras de lácteos ubicadas en los municipios de Santa María del Real y Catacamas para verificar las condiciones de salubridad, los permisos ambientales y supuestos daños al ecosistema.
Durante la inspección se constató que una de las empresas no tiene permiso de operación vigente y tampoco la licencia de impacto ambiental, identificándose que los residuos desembocan en el río que cubre la zona, por lo que se levantó una denuncia de oficio para investigar delitos de contaminación de aguas y suelos. |
Posibles delitos de delitos de contaminación de aguas y suelos. | Empresas | https://www.mp.hn/publicaciones/28-requerimientos-fiscales-en-olancho-en-operacion-nacional-iii/ |
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el Ministerio Público, en su apartado de Publicaciones.
La tabla 1, sobre la actuación institucional en temas ambientales, indica que:
- Existe un esfuerzo intencionado por parte de la institucionalidad para investigar y judicializar delitos ambientales. De hecho, el ente acusador no se limita a la FEMA si no que se considera también a la FETCCOP. Lo relevante es que se evidencia la relación entre las modalidades extractivas y la corrupción (a un nivel bastante local y regional).
- A pesar de esos recuentos, la mayoría de personas sancionadas operan en la escala baja de la estructura extractiva (transportistas en su mayoría relacionados a madera) y no son representantes directos de las empresas (a excepción de un caso de infraestructura en El Merendón). Es decir, que no se está atacando la raíz estructural de corrupción extractiva.
- Los procesos en contra de empresas (infraestructura y procesamiento de alimentos) por contaminación a los bienes comunes, están atendiendo a los múltiples llamados y denuncias desde las comunidades por la alteración a sus ecosistemas y afectación a la salud. Son precedentes importantes para llevar a discusión el accionar de la empresa privada en los territorios.
Para hacer un mejor análisis, haría falta el número de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público referente a la protección de la vida de los defensores y defensoras del territorio y la respuesta que se obtiene desde la institucionalidad. Sin embargo, el enfoque de la juridificación es la comprensión más amplia y transformaciones sobre el aparato normativo, para reforzar los componentes legales en el abordaje de la conflictividad.
La FTIA, como apuesta gubernamental, tendría que sentar un precedente de confianza institucional en combate a delitos ambientales (desde la lectura de la juridificación). Asimismo, su accionar debería establecer propuestas de reforma a la normativa ambiental actual (desde sus casos y experiencias) y reducir las múltiples flexibilidades en temas extractivos. Y lo más importante, atender a la necesidad de desmilitarizar los conflictos de tierra y territorio. Los llamados de atención a la empresa privada e inversión extranjera deberán ser más tácitos, referente a las maneras en que se obtienen los permisos de operación, la forma en que asumen las externalidades negativas de su acción sobre un territorio y las rupturas en las comunidades.
La juridificación ambiental en Honduras debe aproximarse más a la actualización del derecho, en términos ecológicos como la garantía de los derechos de la naturaleza y desincentivos a las grandes empresas extractivas para garantizar una reestructuración de la matriz extractiva y habilitar caminos para las alternativas al actual modelo de acumulación depredador.
[1] Cespad. 2024. Conflictos ambientales en Honduras: aumento relevante de la violencia comunitaria y ecológica en el último semestre del 2023. Disponible en: https://cespad.org.hn/nota-de-prensa-el-cespad-presenta-una-radiografia-de-los-conflictos-socioambientales-en-honduras/
[2] Melucci, A. 1995. El Conflicto y la regla: Movimientos sociales y sistemas políticos. Sociológica, v. 10, nº 28.
[3] Merlinsky, G. 2023. La imaginación sociológica frente a la cuestión socioambiental. Conflictividad ambiental, acción colectiva y juridificación. AMBIENTES. Volumen 5, Número 1, 2023, pp. 294-319. ISSN: 2674-6816
DOI: 10.48075/amb.v5i1.31299
[4] Ídem.
[5] Melé, P; Merlinsky, G y Scharager, A. 2020. Les Territoires du Droit de l’environnement: effets de la judiciarisation dans le bassin Matanza-Riachuelo (Buenos Aires). Annales de Géographie, v. 733/734, pp. 87-111.
[6] Melucci, A. 1989. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México.
[7] Merlinsky, G. 2015. Una sociología reflexiva para el análisis de los conflictos ambientales. Notas teórico-metodológicas en torno a dos estudios de caso. Debate Público. Reflexión de Trabajo Social. Año 5, No. 10, pp. 30 – 41.
[8] Para más referencia: Audiencia ante la CIDH. Honduras: Desalojos forzosos de comunidades indígenas, negras y campesinas. Disponible: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencias.asp
[9] Blichner, L y Molander, Ch. 2008. Mapping Juridification. European Law Journal, Vol. 14, Issue 1, pp. 36-54, January 2008. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1077724orhttp://dx.doi.org/10.1111/j.14680386.2007.00405.x
[10] Para más información: https://icf.gob.hn/comites/#:~:text=La%20Fuerza%20de%20Tarea%20Interinstitucional,tierras%20de%20vocaci%C3%B3n%20netamente%20forestal.
