Escrito por Lucía Vijil Saybe
A pesar de los reconocimientos a los avances del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en temas de cambio climático, continúa vigente la dinámica de conflictividad ambiental en muchas zonas de Honduras donde tienen presencia los proyectos extractivos. De hecho, en los primeros días de enero del 2024, las manifestaciones de actores territoriales en torno a un proyecto de energía que se pretende instalar en Tocoa y la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, han tomado relevancia en la agenda ambiental.
Mientras en el exterior estamos asumiendo roles importantes relacionados con la justicia ambiental, ¿qué pasa con la respuesta a la conflictividad?, ¿es una oportunidad democrática?
Reconocimiento internacional de la gestión de Castro en temas ambientales
En una de sus últimas publicaciones, Forbes destacó que: “La presidenta hondureña, Xiomara Castro, vincula la causa climática con la migración masiva y la creación de empleos en el país. El denominador común: salvar las selvas tropicales de su país, amenazadas por los narcotraficantes y los ganaderos”[1].
La revista también esbozó el planteamiento de las transacciones de carbono que se materializaron con la aprobación de la Ley Especial de Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática. Con ese decreto, Honduras entró en el mercado de ventas de compensaciones de carbono a otros países. Como resultado: “Los fondos crearían puestos de trabajo en la silvicultura sostenible para la fabricación de muebles y suelos. El dinero también mejoraría la producción de café y al mismo tiempo plantaría árboles para restaurar sus bosques. El ecoturismo podría llegar a convertirse en una empresa”[2].
Mientras lo anterior ocurre en el ámbito internacional, en el país, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ha afirmado que: “Nuestras instituciones trabajan estrechamente con la gente y las comunidades rurales, especialmente el Ministro de Medio Ambiente … las comunidades indígenas, que comprenden el 45% de las áreas naturales protegidas, están conectadas con el bosque, los ríos y los ecosistemas. Estas comunidades son un ejemplo real de resistencia contra las estrategias y destrucción de bosques y ríos”[3].
Por otro lado, en el mes de septiembre del 2023, se anunció que Castro asumiría la Presidencia Pro Tempore de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales representando a 52 países, con liderazgo en términos de negociación de cambio climático, de acción climática y de justicia ambiental. «Esta Coalición es la institución que moviliza los recursos y los pagos por conservación de créditos soberanos por la captura de carbono, ha realizado ya los cálculos necesarios para que el país pueda acceder a unos 250 millones de dólares a partir del año 2024», afirmó en ese momento Medina[4].
Mientras, en la cumbre climática COP28, desarrollada en Emiratos Árabes en noviembre y diciembre del 2023, la mandataria afirmó que[5]:
“En Honduras, estamos liderando con el ejemplo: cancelamos centenares de concesiones que dañaban nuestros bosques y áreas protegidas, que fueron otorgadas ilegalmente por el régimen anterior. Hemos aumentado en un 500% nuestra inversión pública en protección y reforestación, con el programa Padre Andrés Tamayo. Cancelamos varias concesiones, entre ellas la concesión destructora y contaminante del Lago de Yojoa, principal reserva natural de agua dulce de Honduras. El 10% de nuestro Ejército Nacional, ahora está dedicado a la protección de nuestros bosques. Como líderes del mundo, nuestro compromiso debe ser impulsar las transformaciones económicas y ecológicas necesarias para detener las atrocidades del capitalismo y proteger a la humanidad”.
Las distintas intervenciones en el plano internacional de los funcionarios y funcionarias del gobierno, retoman lo plasmado en su plan bicentenario. A continuación, se mencionan algunos:
- Recuperar las zonas de recarga hídrica (cuencas hidrográficas) retomando la iniciativa interrumpida del Poder Ciudadano de reforestar, y los compromisos del país de restaurar el bosque perdido y reducir en 40% el consumo doméstico de leña verde a 2030.
- Establecer un programa de adaptación y mitigación al cambio climático. En consonancia a convenios regionales, asegurar: a) las estrategias de reciclaje de materiales sólidos, b) la reducción de contaminación en aire, aguas y suelo c) el seguimiento a la huella de carbono de nuestra industria, y d) la prohibición de importar desechos tóxicos.
- Bajo un esquema de ordenamiento territorial, definir las áreas de producción de leña y madera y las que sean exclusivamente de conservación rigurosamente protegida, para asegurar que se cumpla con un manejo forestal sostenible, con aprobación y beneficios comunitarios.
- Eliminar las concesiones de minería a cielo abierto que atentan contra el patrimonio natural de la nación, y desplazan comunidades.
- Fortalecer el cuidado de la vida silvestre e implementar las restricciones que impidan su tráfico y los protejan”.
Haciendo un análisis del discurso y del posicionamiento internacional sobre los planteamientos por parte del Gobierno, en relación con el cambio climático y justicia ambiental, es importante destacar que:
- Existe una voluntad intencionada del actual gobierno por colocar a discusión la necesidad de mecanismos efectivos para la protección de los bosques, fuentes de agua y posturas directas que cuestionan la dinámica del capital.
- El reconocimiento internacional en temas ambientales es también una oportunidad de financiamiento. Es precisamente una de las formas de las grandes organizaciones mundiales para compensar el daño ocasionado por aquellos países que contribuyen más a la contaminación (usualmente países ricos).
Conflictividad ambiental nacional en constante demanda
Mientras se ocupan titulares internacionales y se replica en foros nacionales la agenda ambiental gubernamental, algunos actores territoriales continúan haciendo públicas sus demandas a las instituciones involucradas en estos temas. En el mes de enero del 2024, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y la Coalición Ambiental de Honduras (CAH), fueron los protagonistas de dos conflictos ambientales que cuestionan, precisamente, el liderazgo del gobierno en la gestión de los bienes comunes de la naturaleza.
- Guapinol y Sector San Pedro
Las comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro, en el departamento de Colón, Honduras, son los rostros visibles de las consecuencias de un modelo extractivo promovido por los intereses empresariales que, facilitado por la institucionalidad estatal, genera la indefensión de las poblaciones ante la vulneración de derechos humanos y de los ecosistemas. Desde el 2013, el Comité desarrolla una lucha continúa por la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, el Río Guapinol y toda la dinámica ecosistémica frente a un megaproyecto de extracción de mineral[6].
El 9 de diciembre del 2023, la Corporación Municipal de Tocoa convocó a un Cabildo Abierto para consultar sobre la instalación de un proyecto de energía. Con representación de autoridades municipales, se consignó en Asamblea Popular (con base en la ley para la Autodeterminación de los Pueblos) un “NO” al proyecto de energía termoeléctrica de Ecotek/Emco, ratificando la decisión del 29 de noviembre de 2019 que declaró a Tocoa Libre de Minería en un Cabildo Abierto Municipal.
Luego de la Asamblea Popular, el Comité se presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales. Se formalizó la entrega del acta notarial de la Asamblea para que se incorporase a los expedientes correspondientes del caso. Sin embargo, el 22 de enero del 2024 desde la Alcaldía Municipal de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez (partido LIBRE) se convocó nuevamente a un cabildo abierto el 31 de enero para la “socialización y aprobación” del proyecto de energía en la comunidad de Ceibita.
El 19 de enero del 2024, más de 100 organizaciones se sumaron a la exigencia internacional por el respeto a la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza el proyecto extractivo. Asimismo, posicionaron demandas específicas a la gobernante[7]:
“Exigimos a la Presidenta Xiomara Castro que reconozca y admita el acuerdo tomado por la Asamblea Popular que, de manera unánime dijo “NO” al proyecto de la termoeléctrica a base de coque de petróleo y los demás proyectos que conforman el megaproyecto de Emco Holdings de Ana Facusse y Lenir Pérez – incluyendo las concesiones mineras de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, la planta de peletizado, y las concesiones de agua en los ríos Guapinol y San Pedro y la quebrada de La Ceibita – y los cancelen de inmediato por el rechazo de la población debido a sus impactos negativos irreversibles sobre la salud y el ambiente, la destrucción en la zona núcleo del área protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y los sustentos de ilegalidades en los expedientes. Exigimos al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el marco de las Medidas Cautelares emitidas por la CIDH, MC137-23 y MC 50-14 que garantice la protección y la tutela de los derechos humanos en alto riesgo; a las organizaciones a la Comunidad Internacional estar pendientes ante las exigencias y comportamiento del Estado en sus funcionarios públicos para garantizar el Respeto a la decisión de la población del municipio de Tocoa y en el cumplimiento de la protección”.
El día 29 de enero, 8 organizaciones jurídicas y de derechos humanos, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa. Dicha acción insta al Juzgado de Tocoa a defender el derecho a la participación ciudadana y a un medio ambiente sano[8]. El 30 de enero, el alcalde municipal de Tocoa notificó a los regidores la suspensión del Cabildo Abierto convocado para el miércoles 31 de enero del 2024, esto debido a la resolución favorable por parte del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, al recurso interpuesto.
- Coalición Ambiental de Honduras (CAH)
Luego de la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 21 de junio de 2023[9], se anunció como medida de seguridad la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne. En cadena nacional del 1 de enero del 2024, se confirmó el proyecto y su ejecución para inicios de este año.
Las Islas del Cisne son un archipiélago reconocido como Parque Nacional Marino de gran valor para la conservación de la biodiversidad marino costera, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 3056-91. Pero la decisión de construir una cárcel contradice acuerdos multilaterales medioambientales, de los que Honduras es signatario, como:
- Convenio sobre la Diversidad Biológica
- Convenio sobre los Humedales (RAMSAR)
- Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe (Cartagena)
- Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
- Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), entre otros de relevancia nacional y global.
De acuerdo con el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH): “el archipiélago de Islas del Cisne alberga ecosistemas, hábitats y especies raras y valiosas tanto para Honduras como para la región. Entre ellos se encuentran lagunas invernales con manglares, agregados de arrecifes coralinos en buen estado de salud y peces de importancia comercial que utilizan estos ecosistemas como refugios y áreas de reproducción. Estas poblaciones de peces son posteriormente aprovechadas por las comunidades humanas de las zonas cercanas. Además, las costas acantiladas de coral emergido sirven como lugar de anidación para diversas especies de aves marinas. La amplia cobertura de verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum) también se convierte en sitios de anidamiento para tortugas marinas en peligro de extinción y aves marinas. Por otro lado, los arbustales de las islas son el hogar de una especie de lagartija endémica llamada Anolis nelsoni. Asimismo, estos arbustales sirven como áreas de descanso para especies de aves migratorias”.
La CAH, el 17 de enero del 2024, manifestó su oposición a la construcción de la cárcel en ese ecosistema. Públicamente demandó al Poder Ejecutivo: “Exhortamos a la presidenta de la República a reconsiderar el proyecto en colaboración con especialistas y la sociedad civil, pues la construcción propuesta es incompatible con valores de sostenibilidad, derechos humanos y conservación ambiental… la presencia humana masiva compromete irreversiblemente la biodiversidad marina y la calidad del agua, afectando un patrimonio natural de incalculable valor”[10].
El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (CIAH), también manifestó en un comunicado que: “Se considera que la iniciativa es contradictoria al lema que profesa el Plan de Gobierno…convirtiéndola en sí misma en una causal más que contribuye a las 30 mil hectáreas de bosques/hábitats que se pierden anualmente por actividades del hombre y que el Gobierno pide frenar; por otro lado, es promotor con el establecimiento de un centro penitenciario de gran escala en un área protegida nacional y con limitada capacidad de carga y recursos naturales finitos que imposibilitan sostener la cadena de suministros que demandará”[11].
El CBH se posicionó sobre el proyecto y dijo que: “Llegamos a la conclusión de que un centro penal es incompatible con los ecosistemas, las especies, la belleza escénica y las condiciones climáticas del archipiélago. Un centro penal en las Islas del Cisne no es ambientalmente sostenible y representa más amenazas a corto y mediano plazo que soluciones a largo plazo”[12].
Para responder la pregunta inicial
El Comité y la CAH han escalado el nivel de conflictividad porque la discusión también está abarcando la dimensión política y social. Como afirma, Gabriela Merlinsky[13]: “En los conflictos ambientales surgen controversias sociotécnicas, es decir, formas de disenso en torno a cuestiones de naturaleza técnica y científica, que, en razón de su apertura a otros registros de análisis, se vuelven asuntos sociales y políticos.
Centrado en los discursos posicionados por los sujetos ambientales, se pueden identificar claramente:
- El descontento colectivo por la forma de apropiación y distribución de los bienes comunes que afectan los modos de vida de las comunidades y los ecosistemas. Este pronunciamiento es la manifestación del rechazo a las relaciones de poder que se han construido históricamente a través de marcos normativos, privilegios y exoneraciones a las grandes empresas.
- Estos dos conflictos ambientales están respondiendo a un interés único pero manifestado a través de distintas identidades. Es decir, se están posicionando distintos modos de accionar (acciones legales, participación ciudadana, incidencia, etc.) desde diversidad de sujetos. La convocatoria principal es la defensa de los bienes comunes.
- Las manifestaciones actuales demuestran que el ser humano no se basa únicamente en el valor unitario del ecosistema o paisaje. Sino que son la expresión clara de respeto a un entorno, de entender los distintos significados de aporte de los ecosistemas a sus vidas y relación estrecha con lo no humano.
- Existe un cuestionamiento a los distintos procesos para la toma de decisiones a escala nacional y regional sobre los bienes comunes de la naturaleza. En el caso de Tocoa, a pesar de un reiterado manifiesto en contra de un proyecto, el cuestionamiento se dirige al irrespeto por parte de las autoridades a las decisiones del soberano. En el caso de la CAH, en algunas entrevistas indican que este tema debería ser trasladado a una consulta nacional.
- En temas ambientales la incertidumbre es parte de la constante. Es decir, se toman decisiones pensando que no afectará nada si utilizamos la tecnología adecuada. Tanto Inversiones Los Pinares como el Gobierno de Honduras, han sido enfáticos en que los proyectos a construir no dañarán el medio ambiente y que con el uso de tecnología se resolverá. Ese planteamiento en temas ambientales, responde a la escuela de la concepción de la modernización ecológica[14]. Este planteamiento reconoce los inconvenientes relacionados con la justicia ambiental, pero subordinados a una idea de “instancias conciliatorias” entre las demandas sociales, el desarrollo económico y la producción ambiental. Por esa razón es un discurso atractivo, “es perfectamente rentable con las condiciones que producen rentabilidad en esta fase del capitalismo en la que la mercantilización de la naturaleza, la venta de derechos de contaminación…sustentable implican fabulosas ganancias en el presente”[15].
Reflexión final
Como señala Chantal Mouffe[16], “el conflicto, reactiva lo político en el espacio público y también funciona como condición de posibilidad de todo proyecto democrático”. En temas ambientales, son claros los posicionamientos antagónicos sobre la visión de desarrollo, la percepción sobre las soluciones al tema de la violencia y las formas de dimensionar a la naturaleza. Lo complejo del conflicto es cuando en la pugna de intereses, los adversarios se convierten en enemigos públicos a los cuales hay que intimidar, perseguir, criminalizar y judicializar.
Los dos conflictos citados en este documento representan un gran desafío democrático para la gestión y administración pública, y se espera que su resolución sea de la mejor forma. Es decir, los sujetos ambientales están demandando un intercambio de ideas, atención a los múltiples procesos jurídicos en marcha, una escucha activa y propositiva en relación con el posicionamiento de los problemas de sus comunidades a nivel regional y nacional.
El llamado final es que, precisamente, debido al rol relevante que está asumiendo el país en temas ambientales, se concreten acciones efectivas que demuestren la coherencia gubernamental entre lo que se dice y lo que se hace.
Por otro lado, no son menos importantes los ecosistemas en la Isla de Cisne que los pinos que se están sembrando a nivel nacional. No es menos importante el río Guapinol que las microcuencas que se están declarando. Las comunidades demandan continuamente el pronunciamiento y respuesta de la mandataria Castro en favor de sus luchas.
La salida a la conflictividad socio-territorial requiere de un proyecto de país coherente, que no permita la duda de quienes continúan resistiendo desde los territorios.
[1] Silverstein, Ken. 2024. Honduran President Castro Links Economic Hope And Climate Cause. Forbes. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2024/01/21/honduran-president-castro-links-economic-hope-and-climate-cause/?sh=545692e67d07
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Poder Popular. 2023. Presidenta asume la presidencia Pro Tempore de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales donde tendrá acceso a 250 millones de dólares a partir de 2024. Disponible en: https://www.poderpopular.hn/vernoticias.php?id_noticia=5613
[5] La Prensa. 2023. Xiomara Castro y su discurso en la Cumbre del Clima COP28 en Dubai. Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-presidenta-xiomara-castro-discurso-cumbre-clima-cop28-dubai-emiratos-arabes-unidos-FF16460489
[6] Para profundizar más en el caso: https://cespad.org.hn/una-lectura-integral-del-conflicto-socioambiental-caso-guapinol-y-el-sector-san-pedro-en-honduras/
[7] Guapinol Resiste. 2023. Comunicado Urgente: Tocoa Dice NO A Termoeléctrica en Asamblea Popular. Disponible: https://www.guapinolresiste.org/post/comunicado-urgente-tocoa-dice-no-a-termoel%C3%A9ctrica-en-asamblea-popular
[8] Más información: https://www.guapinolresiste.org/post/organizaciones-jur%C3%ADdicas-y-de-derechos-humanos-nacionales-e-internacionales-presentan-amicus-instand
[9] Para profundizar en el caso: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/139.asp
[10] Criterio. 2024. Pese a señalado daño ambiental, autoridades insisten en construcción de penal en Islas del Cisne. Disponible en: https://criterio.hn/pese-a-senalado-dano-ambiental-autoridades-insisten-en-construccion-de-penal-en-islas-del-cisne/
[11] CIAH. 2023. Pronunciamiento Isla del Cisne. Disponible: https://www.facebook.com/photo?fbid=776928027805380&set=pcb.776928071138709
[12] CBH. 2023. Pronunciamiento. Disponible en: https://twitter.com/CBiologosHn/status/1677165023020343296/photo/1
[13] Merlinsky, G. 2022. Toda ecología es política. P. 18
[14] Harvey, D. 1996. Justice, nature and geography of difference. Oxford, Blackwell.
[15] Merlinsky, G. 2022. Toda ecología es política. P. 121
[16] Mouffe, C. 1996. La política y los límites del liberalismo. La política. Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad.
