Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Honduras, en medio de sus multicrisis, continúa posicionando en el debate de las instituciones, las organizaciones de sociedad civil, los movimientos territoriales y otros sectores, el tema de la corrupción y sus impactos en los derechos humanos de las personas, específicamente sobre los sectores históricamente excluidos. La corrupción en nuestros contextos está completamente normalizada y cualquier acción que pretenda trastocar sus redes de acción, activa de forma inmediata la reacción de las élites corruptas.
De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción es “el abuso del poder para beneficio privado”. Esta organización internacional distingue tres tipos de corrupción: la gran corrupción, la corrupción mezquina y la corrupción política[1]. El primer tipo de corrupción es el abuso de poder de personas de alto nivel cuyas acciones benefician a unos poco, pero generan grandes daños y generalizados. La corrupción mezquina ocurre cuando los funcionarios públicos abusan de su poder en las interacciones cotidianas con los ciudadanos. Mientras que la corrupción política se refiere a una manipulación de las instituciones, las normas y las políticas públicas por parte de políticos para sostener su poder, estatus o riqueza.
Así como en todas las esferas públicas y privadas, el sector extractivo y toda la política económica nacional no ha estado alejada de la corrupción extractiva. En ese sentido, Gudynas[2] define a la corrupción extractiva como “prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan perjuicios sociales y ambientales, y los tanto expresan injusticias”.
Un factor que determina la política extractiva en la región es la demanda internacional de materias primas, que va en aumento producto de la guerra entre Rusia y Ucrania y al hecho que las políticas regionales latinoamericanas están apuntando a modelo más agresivos y sostenidos, en relación con la extracción de los bienes comunes de la naturaleza[3]. Honduras no será la excepción a todo un modelo de acumulación por desposesión. Es así que, ante: 1) la declaración conjunta entre el presidente de México, Manuel López Obrador y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el “potencial para el desarrollo que representan para Honduras los yacimientos petroleros en la Moskitia y el Mar Caribe”[4] como oportunidades para generar ingresos al país y, 2) la demostración de poder de las empresas extractivas en Honduras en casos específicos como el de MINOSA en Azacualpa[5], situación ante la cual la institucionalidad no posee poder y/o autoridad para asegurar la protección de las comunidades. Es importante colocar en el centro del debate la importancia de un abordaje oportuno en relación con la corrupción y su relación con el extractivismo.
¿Cómo se manifiesta la corrupción en los extractivismos?
1. Enclave extractivo
Todo tipo de extractivismo (minero, energía, monocultivo, etc.) requiere de una red extensa de anclaje al espacio físico de operación. Es así que las redes de conexión son “financiados, construidos y mantenidos en función de los enclaves extractivos y sin su presencia no sería posible extraer los bienes comunes”. La corrupción puede afectar todo el circuito de instalación del enclave y podría pasar en la promoción, construcción y mantenimiento del soporte de la actividad extractiva.
En Honduras se puede explicar con el caso específico de Lenir Pérez, propietario del grupo EMCO Holding, y quien además tiene la titularidad del contrato del Aeropuerto Palmerola, el que de acuerdo con múltiples denuncias se firmó en medio de inconsistencias y señalamientos de ser lesivo al Estado de Honduras[6]. Pérez también es dueño de Inversiones Los Pinares, empresa minera cuestionada por sectores sociales organizados que lo vinculan con corrupción en el conflicto de Guapinol y Sector San Pedro en el departamento de Colón, caribe de Honduras.
2. Desarrollo temporal de los extractivismo
Esta etapa implica todo el proceso de exploración, otorgamiento de permisos, explotación y evaluación de los diferentes proyectos extractivos en los que convergen múltiples denuncias por otorgamiento de permisos de forma ilegal, abuso de autoridad y desconocimiento de la opinión de las comunidades en relación a la actividad extractiva.
El caso de corrupción “Fraude sobre Gualcarque”, presentado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC‐MP), es la clara demostración en la corrupción extractiva que se gesta desde la entrega de los contratos y concesiones. En el juicio del caso, “se busca demostrar que los acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Las investigaciones de las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena Lenca”[7].
3. Privilegios fiscales
La política económica y las formas en que se ha promovido la inversión extranjera en Honduras ha estado caracterizada por ser completamente concesionaria. Para agosto del 2022, la presidenta Xiomara Castro ordenó la publicación de informes que el Fondo Monetario Internacional (FMI), realizó sobre exoneraciones en los años 2016, 2017 y 2018, en los que se recomienda la eliminación progresiva de privilegios fiscales por considerarlos inequitativos e ineficientes.
En la matriz de producción se han asignado privilegios fiscales para cada uno de los regímenes que, en teoría, apoyaría el crecimiento económico de Honduras. Sin embargo, parte de las conclusiones de los 3 informes coinciden en que: “Los privilegios fiscales en Honduras deben ser eliminados progresivamente y sujetos de un mayor control por ser inequitativos, ya que la mayoría beneficia a los sectores de más altos ingresos, además de ser ineficientes porque impactan en el correcto funcionamiento de los mercados. Asimismo, por ser complejos debido a que muchas excepciones dificultan el control y seguimiento…”[8].
En la teoría extractiva, a este tipo de privilegios fiscales se les conoce como subsidios perversos, que al final son “ayudas que reciben los extractivismo como exoneraciones, reintegro de impuestos, aportes de gasto, etc. Que al final terminan subsidiando la propia destrucción ambiental”. En temas de corrupción, los actores involucrados se ubican desde los actores centrales en la lógica concesionaria que parte de las instituciones encargadas de hacer efectivo el licenciamiento y seguimiento al impacto ambiental, así como las empresas extractivas. Es decir, en un entramado de “gran corrupción”.
¿Por qué es necesario colocar al debate la corrupción extractivista?
- Los impactos de la corrupción extractiva se amplían a diferentes escenarios sociales, penetrando la política, la economía y la lógica ciudadana, cruzando los límites de derechos humanos, en detrimento del papel efectivo del Estado en relación a sus sujetos/as de interés primario.
- La corrupción extractiva encuentra eco en instituciones débiles, con falta de lectura política y estratégica y sin apuestas efectivas por las salidas a un modelo extractivismo que asegure la entrada (más no la salida) a una crisis ambiental de grandes magnitudes. Son urgentes las políticas públicas que propicien espacios relacionados con la justicia ambiental y el reconocimiento de los derechos humanos.
- La conflictividad socioambiental aumentará con una larga deuda histórica con las comunidades y organizaciones que han sido parte de un círculo complejo de redes de corrupción, que se materializa en el impacto real del extractivismo en sus territorios.
- Con el perfeccionamiento de la corrupción y la impunidad, los efectos derrame del extractivismo[9] encontrarán eco en cualquier Estado, afianzando el papel de una economía primaria exportadora en detrimento de los derechos de acceso a tierra, la seguridad y soberanía alimentaria.
- Hay una emergencia y llamado de organizaciones territoriales y de movimientos sociales a realizar acciones operativas para el desmontaje de las redes de corrupción extractiva, que han logrado criminalizar, judicializar y asesinar a defensores/as en completa impunidad.
Serán requeridos grandes esfuerzos por parte de la institucionalidad relacionada con todo el proceso extractivo y de su anclaje, para cerrar los espacios que han permitido a la corrupción que se origen de las conflictividades socioambientales en Honduras. La corrupción está más latente que nunca, continúa erosionando la democracia e impactando de forma dirigida al fin supremo de los Estados, sus ciudadanos y ciudadanas.
[1] Transparencia Internacional. The Anti-Corruption Plain Language Guide, 28 de julio de 2009, p. 16.
[2] Gudynas, Eduardo. Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación. 2018. Ediciones Desde Abajo.
[3] Para profundizar más en el tema: Eduardo Gudynas. El efecto dominó. Guerra en Ucrania y extractivismos en América Latina. 2022. Disponible: https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2022/05/EfectoDominoGuerraImpactos-1.pdf
[4] Comunicado Conjunto de la República de Honduras y los Estados Unidos Mexicanos: Xiomara Castro y Andrés Manuel López Obrador. Cancillería Honduras. Vea: https://twitter.com/CancilleriaHN/status/1522774613415145473
[5] Vea; https://avispa.org/minera-canadiense-ignora-orden-legal-de-detener-detonaciones-en-honduras/
[6] Expediente Público. El Congreso investiga si el contrato del aeropuerto Palmerola es lesivo para los hondureños. 2022. Vea: https://www.expedientepublico.org/el-congreso-investiga-si-el-contracto-de-palmerola-es-lesivo-para-los-hondurenos/
[7] Ministerio Público. Sentencia condenatoria se solicitará contra seis involucrados en el caso «Fraude sobre el Gualcarque”. 2022. Vea: https://www.mp.hn/publicaciones/sentencia-condenatoria-se-solicitara-contra-seis-involucrados-en-el-caso-fraude-sobre-el-gualcarque/
[8] Poder Popular. Edición 14. 8 de agosto del 2022.
[9] Vijil, Lucía. Efectos derrame de los extractivismos en tiempos de pandemia: marco que agudiza la crisis territorial en Honduras. 2021. Disponible en: http://v1.cespad.org.hn/2021/02/18/analisis-efectos-derrame-de-los-extractivismos-en-tiempos-de-pandemia-marco-que-agudiza-la-crisis-territorial-en-honduras/
