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La demanda ciudadana de la CICIH y su estrecha relación con el estancamiento de la derogación de los “pactos de impunidad” en Honduras

El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el segundo informe de monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, el que tiene como objetivo, precisamente, darle seguimiento a la Agenda que se estructuró por la Comisión Anticorrupción que se conformó dentro del Poder Legislativo en el año 2022.

En un contexto complejo y cambiante, Honduras continúa atravesando la senda que dejaron doce años de gobiernos autoritarios dirigidos por el Partido Nacional, a un gobierno electo (en noviembre del 2021) en el que se cimenta la esperanza de la restauración y el fortalecimiento de la democracia. De allí la importancia de darle seguimiento a iniciativas tendientes a identificar y priorizar las acciones que consoliden una lucha férrea contra la corrupción.

En ese sentido, este documento tiene como objetivo monitorear y analizar los avances, retrocesos y desafíos en la lucha contra la corrupción y la impunidad desde el Poder Legislativo, tomando en cuenta que desde ese Poder de Estado se requieren acciones que sustenten las bases de esa lucha, en especial de cara a la demanda ciudadana sobre la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Asimismo, este documento busca aportar recomendaciones para contribuir con el desmantelamiento de las redes criminales y de corrupción que se encuentran instaladas, aún, dentro de la institucionalidad del Estado de Hon­duras.

Este segundo informe comprende el monitoreo del período entre el 15 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, pero se enfoca en la instalación de la CICIH y lo que se ha avanzado hacia la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción independiente, autónomo e imparcial.

Como antecedente inmediato, el 15 de diciembre de 2022, el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron el memorándum de entendimiento que abre el camino para que una comisión internacional llegue al país a investigar las redes de corrupción, también a coadyuvar a fortalecer el sistema de justicia.

En ese sentido, el Congreso Nacional (CN) deberá asumir el compromiso de mejorar su desempeño, en relación con lo realizado en el 2022, para crear los consensos necesarios que promuevan las reformas a la normativa que promueve el blindaje de la corrupción.
En este contexto, es de suma importancia, también, que los miembros de este poder del Estado se apeguen a la legalidad y a la ética en los procesos de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia, así como del fiscal general y adjunto, en agosto próximo. Ambos procesos son de interés para la ONU, porque solo la selección de los magistrados y fiscales más idóneos garantizará la correcta aplicación de justicia en los casos que investigue la CICIH junto al Ministerio Público.

No menos importante, en este escenario, es el papel de la sociedad civil, la que debe jugar un rol proactivo y presionar para que, desde las distintas estructuras del Gobierno vinculadas con la instalación de la CICIH, se abran los espacios y se allane el camino hacia la instalación del mecanismo internacional anticorrupción.

Con todo ese marco, el CESPAD pone a disposición el presente documento, en un intento por contribuir a los esfuerzos en la lucha anticorrupción, ofreciendo un análisis del contexto y recomendaciones para avanzar en la construcción de la democracia que requiere la sociedad hondureña.

Descargue el informe aquí.

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