Escrito por René Estrada
Nombramientos influidos por agendas partidarias, un déficit en la rendición de cuentas, la manipulación de fallos por presiones económicas o políticas y la ausencia de mecanismos sólidos para proteger a quienes denuncian prácticas corruptas, son síntomas de un patrón sistémico que afecta la transparencia y la integridad de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con abogados y juristas hondureños.
El estudio “Percepción de los profesionales del derecho sobre la corrupción en el Poder Judicial de Honduras” que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), con apoyo financiero de Abogados sin Frontera- Canadá, establece una serie de preocupaciones dentro del Poder Judicial.
Los resultados de este estudio descriptivo se abordan desde cuatro enfoques: transparencia, integridad, corrupción y la confianza ciudadana en el sistema de justicia en Honduras, desde la percepción y la experiencia de profesionales del Derecho que conocen -por experiencia propia, investigaciones y fuentes confiables- la relación entre el Poder Judicial y la perversión de las leyes.
Un sistema de justicia que no cambia con los años
De acuerdo con el informe, la cultura de repartición de cuotas en el Poder Judicial ha sido uno de los obstáculos legendarios que ha enfrentado el país. Según el resumen histórico, a pesar de que los primeros esfuerzos por establecer las bases de una institucionalidad jurídica comenzaron en el segundo lustro del siglo XX, fue hasta la apertura democrática de los años 90 que se abrió la esperanza para cimentar una institucionalidad moderna que fue afectada por los constantes vicios de autoritarismo.
Entre las manifestaciones más claras de esos vicios, se citan la repartición de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y sus quince magistraturas, de acuerdo a intereses político-partidarios. Entre los beneficios que ha tenido esta conducta para la élite política y empresarial del país, el estudio destaca la intervención en decisiones judiciales clave que favorecen o perjudican intereses según la conveniencia de los grupos de poder.
Aunque en el año 2000 entró en vigencia un nuevo sistema para elegir a las y los magistrados de la CSJ, el nuevo proceso estableció la preselección de 45 candidatos y candidatas a magistradas escogidos por una Junta Nominadora, integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña. De los precandidatos se elige a los 15 nuevos magistrados, mediante su elección en el Congreso Nacional.
De acuerdo con algunos profesionales del Derecho entrevistados para documentar el estudio, este proceso realmente no cambió nada porque la repartición de las magistraturas, con base en las cuotas de poder político-partidarias, continúa en ese Poder del Estado.
Esa práctica perniciosa continúa en la actualidad, pese a que se esperaba que, con las reformas antes citadas y el paso de un bipartidismo a un tripartidismo, los mecanismos de elección se volverían meritocráticos. Para la elección de la CSJ, en febrero de 2023, los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional, Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, se repartieron las magistraturas y la Corte quedó conformada por seis magistrados que representan a Libre, cinco al Partido Nacional y cuatro al Liberal.
Según los analistas, es justo esta conducta histórica la que ha provocado problemas en lo interno del Poder Judicial de Honduras, como la remoción de magistrados y jueces por oponerse a proyectos de ley inconstitucionales; la cancelación y traslado de jueces por razones políticas, y las altas moras judiciales. Estas acciones, no solo han afectado la percepción de la ciudadanía hondureña sobre el papel de la CSJ, sino que también han dejado como resultado la emisión de diversas sentencias en contra de Honduras, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte -IDH).
Seis de cada diez hondureños opinan que la justicia no mejora
Según el último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), el 66% de la población hondureña cree que, a pesar de los cambios en la Corte Suprema, la justicia en el país sigue igual y un 16.6% considera que ha empeorado. Pero, aún más preocupante, el 81.3% considera que los jueces y magistrados protegen los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y los narcotraficantes.
De acuerdo con las y los entrevistados por el CESPAD, hay una “marcada desconfianza hacia los tribunales”, y acreditan esta percepción a la designación de jueces y magistrados por compromisos partidarios y/o económicos más que por idoneidad profesional. El problema de esta percepción es que alimenta la idea de que, desde su origen, la independencia judicial está comprometida y que en Honduras hay “intocables”, que gracias a su poder e influencia reciben sentencias favorables.
Esta situación se intensifica cuando en los casos están implicadas redes políticas o empresariales, pues ante la falta de sanciones ejemplares y prolongación indefinida de los procesos, hay recelo respecto a la capacidad del Poder Judicial para garantizar el cumplimiento pleno de sus derechos.
Respecto a este último punto, las y los profesionales consultados destacan las tardías resoluciones en casos de corrupción como Pandora y Fraude Sobre el Gualcarque, especialmente cuando se trata de reconocer a las víctimas y reparar los daños causados.
Por otro lado, resaltan la impunidad en casos de asesinatos a defensores ambientales como Juan López y Berta Cáceres, y casos relacionados con la criminalización a defensores de los derechos humanos como las y los líderes de Guapinol. En ese contexto, la confianza en el Poder Judicial se vea debilitada por la percepción de que la imparcialidad no está garantizada para el ciudadano común.
Otro de los aspectos que causa una baja confianza en el Poder Judicial en Honduras es la transparencia en los procesos. La falta de publicidad clara que se demuestra en la obstaculización para acceder a sentencias y expedientes. De acuerdo a las y los profesionales del Derecho entrevistados, “no existe una política clara de publicación en línea y eso dificulta a las personas interesadas en dar seguimiento a las resoluciones que se dictan”. A raíz de esto, exigen acelerar la digitalización de expedientes debido a que el proceso avanza, pero a paso lento.
Además de lo anterior, otro impedimento en mejorar la confianza ciudadana en el Poder Judicial es la existencia y conocimiento de que hay redes empresariales o criminales que ofrecen sobornos para lograr sentencias favorables. También, existe una conducta mediante la que operadores de justicia exigen coimas para acelerar la resolución de procesos judiciales, como se demostró con el caso del ex juez Marco Vallecillo a quien recientemente se le acusó de extorsionar a un testigo protegido. Por eso, se vuelve urgente que se establezcan mecanismos para prevenir estos delitos.
¿Qué se puede hacer?
Reconociendo que el Poder Judicial de Honduras es relativamente joven, las y los consultados propusieron una serie de reformas que podrían realizarse para combatir la corrupción estructural, sistémica y multifacética. Establecen, como primer punto, aceptar que no se trata de casos aislados, sino de una red de impunidad que permea desde los niveles más bajos hasta las esferas más altas.
Además, es importante que se trabaje en eliminar la cooptación que tienen los intereses políticos, económicos e irregulares en lo interno del Poder Judicial, así como la injerencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Para lograrlo, se debe reformar el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados, y que su selección se realice mediante concursos públicos, basados en criterios de mérito y sin interferencias externas. Los profesionales del Derecho entrevistados también hicieron un llamado para reactivar el Consejo de la Judicatura con autonomía total, para que pueda evalúe y remueva personal judicial a partir de su desempeño y no por otro tipo de factores.
En esa misma lógica, es vital que se trabaje en cambiar la percepción ciudadana de que el sistema judicial es algo lejano y burocrático. Esta separación dificulta el acceso efectivo a la justicia, especialmente de los sectores vulnerables. Se recomienda desarrollar estrategias de educación cívica para capacitar a la población respecto a cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, al igual que los mecanismos de denuncia y seguimiento de casos judiciales.
Sin duda, el Poder Judicial de Honduras enfrenta más desafíos internos que externos, pero es urgente que se logren resolver para disminuir las tasas de impunidad en el país, acercar la justicia a la ciudadanía, y superar barreras históricas como la influencia de grupos de poder en la toma de decisiones.
