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Las divisiones políticas en el Congreso Nacional elevan las barreras para la instalación de la CICIH

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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presenta su XII informe de monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, un documento que deja constancia de los hechos más relevantes ocurridos durante el mes de noviembre y parte de diciembre del 2023, en relación con el proceso y los avances en la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional a favor, precisamente, de una lucha frontal contra la corrupción desde un poder de Estado que tiene la capacidad de hacerlo a través de la abolición, aprobación o reforma de leyes que favorecen o frenan ese flagelo social. De igual forma, este documento registra los retrocesos o avances en el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La Agenda Anticorrupción tomó forma a partir del nombramiento, por primera vez en la historia, de una Comisión Anticorrupción en marzo de 2022, conformada por diputados que ha promovido desde entonces la derogación de un conjunto de leyes que fueron aprobadas en legislaturas anteriores para obstruir la persecución penal, reducir las penas por corrupción y garantizar la impunidad.

El presente monitoreo registra la crisis histórica que atraviesa el Congreso Nacional, dividido en dos facciones, tras el reciente nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público interinos y la convocatoria para elegir a las autoridades también interinas del Tribunal Superior de Cuentas en el período de receso legislativo. Así mismo, recoge los retrocesos y desafíos que se presentan para el desmontaje de la corrupción y la impartición de justicia.

Como parte de su compromiso con la promoción de la defensa de derechos humanos, el CESPAD impulsa el análisis crítico sobre el impacto de la corrupción y la falta de transparencia, con el fin de contribuir a generar cambios importantes para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

A casi dos años de la instalación del presente gobierno y a un año desde que se firmó el Memorando de Entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la instalación de la CICIH sigue siendo una exigencia ciudadana producto de la indignación colectiva que generó la macro-corrupción de los últimos doce años de gobiernos nacionalistas.

Ese desmontaje sigue siendo una de las grandes tareas pendientes para avanzar en un proceso de transformación democrática profundo, que requiere Honduras.

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