Escrito por Aimée Cárcamo
Dentro del Congreso Nacional se les ha llamado “fuerzas oscuras”, “grupos de presión” y hasta “actores poderosos”. Pero, aunque tienen nombres distintos el objetivo es el mismo: bloquear los avances en el fortalecimiento de la democracia.
Yahvé Sabillón lo resume así: “… hay actores muy poderosos que nos bloquean por todos lados, pero hay que partir de una realidad, el Congreso Nacional, hay muchos intereses de muchos diputados”.
Él se refiere, concretamente, al bloqueo que persiste en el Congreso Nacional para avanzar hacia la derogación de los decretos que popularmente se conocen como “pactos de impunidad”, normativa que bloquea la lucha contra la corrupción en el país y algunos, específicamente, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
Sabillón, quien es diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y coordinador de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, emitió una serie de preocupaciones en el foro que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), intitulado “Mantener los pactos de impunidad es mantener la narcodictadura”.
Y es que, a seis meses de la firma del Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la llegada de la CICIH, los decretos aprobados en el Congreso Nacional anterior, que blindar a las élites corruptas, siguen vigentes.
Lo más cerca que ha estado el Legislativo de su abrogación fue en mayo pasado, cuando el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, convocó a sesión para el 16 de junio para derogar, con el compromiso de las bancadas del Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH), Democracia Cristiana (DC) y Partido Anticorrupción (Pac), varios decretos con los que “se ha hecho corrupción y lavado de activos” en Honduras.
“Más (sic) de 400 criminales (corruptos, narcos y lavadores de activos) han quedado en libertad y garantizando impunidad con los decretos 57-2020, 93-2021 y 116-2019”, publicó el presidente del Congreso.
Pero el día llegó y la agenda en el hemiciclo legislativo giró en torno a la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a una presentación confrontativa del director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, sobre la Ley de Justicia Tributaria que propició la retirada de diputados de los partidos Liberal y Nacional.
La siguiente sesión legislativa fue convocada con carácter extraordinario para el 1 de junio, sin embargo, la derogación de los pactos de impunidad no estaba en la agenda.
Para la diputada Fátima Mena, de partido Salvador de Honduras (PSH), es claro que Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional llegaron a un acuerdo ese día para sacar de la discusión esos decretos, como parte de un sabotaje a la agenda anticorrupción.
Es de mencionar que el 11 de mayo, los diputados del Partido Nacional y de Libre, Rolando Barahona y Yavhé Sabillón, respectivamente, anunciaron, también, que ese día se derogarían los pactos de impunidad, pero al final no hubo sesión.
“Les voy a decir que ya teníamos el consenso”, dijo el 1 de junio Sabillón durante el foro. Pero fueron largas semanas de negociación con todas las bancadas para que acompañaran la derogación de los decretos, sobre todo el 93-2021 y el 57-2020, que solo requieren 65 votos.
Sin embargo, el parlamentario reconoció que “lastimosamente a veces la presión que existe sobre ciertos congresistas es muy fuerte”. También compartió que muchos legisladores están “complicados” y no han podido avanzar con la agenda anticorrupción para apoyar la instalación de la CICIH.
“Realmente la situación del Congreso Nacional en este momento está bien compleja, bien compleja por muchos intereses que se están jugando”, reconoció el parlamentario.
Fuerzas superiores detrás
Para el exdiputado Aníbal Cálix, si la derogación de los pactos de impunidad no se coloca en agenda, pese a que se había logrado un consenso, es porque “esto está más allá del accionar de los diputados, sino que hay fuerzas externas que tienen poder sobre el presidente del Congreso”, el secretario y la Junta Directiva.
Mencionó también que hay fuerzas superiores que presionan sobre las acciones de los partidos políticos. “Estamos hablando de ese grupo que manda en el Partido Liberal, en ese grupo que manda en el Partido Libertad y Refundación y en ese grupo que manda en el Partido Nacional”, señaló el también director de la organización Congreso Primero.
Cálix señaló que hay muchos diputados que se oponen a la lucha contra la corrupción por situaciones personales o que tienen algunas personas que les aportan o financian sus campañas.
Los primeros “saben lo que han hecho, saben cómo manejaron fondos en el pasado, saben también cómo tomaron decisiones en Congreso anteriores”; y los segundos, “reciben aportaciones, reciben fondos para sus campañas de algunas personas que tienen interés en que no se instale la CICIH en nuestro país y que no los investiguen”.
Según el entrevistado, hay muchas personas que no quieren la instalación de la CICIH porque un organismo de esa naturaleza tiene bastante independencia y no hay un control de nadie, algo a lo que no está acostumbrada y que no le gusta a la clase política tradicional. Fue por eso que sacaron a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), acota.
Entonces, esas mismas fuerzas son las que se están oponiendo y están presionando a Luis Redondo y a la Junta Directiva del Congreso para que los pactos de impunidad y la Ley de Colaboración Eficaz, que solo se aprobó en primer debate, no se coloquen en agenda.
Superestructura de impunidad
El camino hacia la superestructura de impunidad que existe en la actualidad en Honduras fue planificado con actores nacionales e internacionales, con la aprobación, entre 2012 y 2013, más de 100 proyectos de decretos, y al menos una veintena de leyes aprobadas en enero de 2014 por los diputados salientes para favorecer a grupos económicos poderosos.
En los años que siguieron a la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, fueron aprobados los denominados pactos de impunidad y el nuevo Código Penal que reduce sentencias de corrupción en reacción a investigaciones realizadas por la MACCIH-UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción) y luego por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), que amenazaban a la cúpula de la narcodictadura.
Para el caso, el decreto 57-2020 fue aprobado cuando la UFECIC empezó a secuestrar documentos en Casa Presidencial y en algunas secretarías de Estado. Al evidenciarse el avance de la MACCIH-UFECIC, pese a todos los obstáculos tendidos por la élite política, se aprobó ese decreto que le quita la facultad al Ministerio Público de secuestrar documentación cuando hay indicios racionales de corrupción.
Otro decreto aprobado es el 116-2019, que bloquea la persecución penal del Ministerio Público a funcionarios públicos, diputados y alcaldes, entre otras figuras, que hacen mal uso de los fondos públicos.
Mientras que el decreto 93-2021, es otra normativa aprobada que favorece el lavado de activos y el ocultamiento de capitales. Para el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, con la aprobación de ese decreto se cerró el círculo de los pactos de impunidad aprobados en el Congreso anterior.
El Congreso actual
En las elecciones de 2021, el Partido Nacional perdió ante la alianza que realizaron Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad – Social Demócrata (Pinu-SD), un acto que significó un mensaje contundente del electorado contra la corrupción desmedida que arrastraba el Partido Nacional durante sus tres administraciones de gobierno. Asimismo, significó la demanda y el anhelo del pueblo hondureño para que se instalase una comisión internacional anticorrupción.
Pero “ni la victoria de Libre fue total, ni tampoco lo fue la derrota del Partido Nacional. El tsunami electoral a favor de Libre se concentró en la papeleta presidencial”, señala un informe del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), en referencia a que el electorado no concedió mayoría simple (65 diputados) en el Congreso Nacional a ninguna coalición o partido, pese a que durante la campaña se abogó por el llamado “voto en plancha”.
Libre obtuvo 50 diputaciones, el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22 y el PSH, 10. Mientras que los partidos Anticorrupción y Democracia Cristiana obtuvieron un diputado cada uno.
Pese a lo anterior, la conformación de un nuevo Congreso Nacional y la llegada del gobierno de Castro trajeron la esperanza de una nueva etapa para Honduras, con el fortalecimiento de la democracia y la recuperación del Estado de derecho.
El Congreso Nacional creó una Comisión Anticorrupción, integrada por parlamentarios que en su momento formaron parte, también, del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH y que han mantenido una lucha constante contra la corrupción.
Entre los logros de esa comisión (la única que presentó informe de rendición de cuentas en la legislatura anterior) se cita la derogación de la Ley de Secretos, una solicitud que en su momento hizo la MACCIH pero que no tuvo apoyo en el Congreso.
De los 13 proyectos de decreto que se les ha turnado, la Comisión Anticorrupción ha dictaminado nueve, favorablemente, incluyendo la ley que crea la figura de colaboración eficaz, una solicitud que también realizó la MACCIH y que también está planteada también en el Memorando de Entendimiento que firmaron la ONU y el gobierno hondureño.
Pero la discusión de estas iniciativas depende de la Junta Directiva, estructura que hasta ahora ha agendado tres de los pactos de impunidad, sin embargo, la composición compleja del Congreso Nacional muchas veces ha imposibilitado avanzar en la agenda anticorrupción.
¿CICIH para cuándo?
El peligro de no derogar los pactos de impunidad, como han pedido las Naciones Unidas, es que la CICIH no llegue a Honduras, “porque ellos no pueden arriesgarse y venir como lo hizo la MACCIH, que tuvo muchos obstáculos, aunque aun así realizó una labor titánica, afirmó Sabillón.
Cálix dice también hay que recordar que “la ONU no va estar cuatro años para instalar la CICIH, y si este año no se logra nada lo más probable es que ellos también van a quitar de sus planes su instalación”.
Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción está tratando de concienciar, nuevamente, a los demás diputados, para reunir los 65 votos que se requieren para derogar los pactos de impunidad, porque de lo contrario la CICIH podría quedar en un sueño.
Entonces, puntualizó Mena, “no podemos creer que este sabotaje a la agenda anticorrupción no va a continuar una vez que se restablezcan las sesiones plenarias en el mes de julio”.
