Escrito por René Estrada
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres representan el 53.4% de la población hondureña y de ese porcentaje, el 42.8% reside en el área rural. También, según el último censo poblacional (2013), más de 2.2 millones de mujeres se identifican como campesinas y más del 50% de esta cantidad vive en condición de pobreza extrema.
Las mujeres representan el 53.4% de la población, de ese porcentaje el 42.8% reside en el área rural. Mientras, más de 2.2 millones de mujeres se identifican como campesinas y más del 50% de estas viven en condición de pobreza extrema. Los datos relacionados con las mujeres hondureñas evidencian un problema porque
Pese a estos datos, el apoyo para las mujeres campesinas ha sido históricamente negado o desviado. Un ejemplo de esta situación es el millonario desfalco efectuado por las y los implicados en el caso Pandora, que fue presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el 2018.
De acuerdo con la investigación del ente internacional, entre los años 2011 y 2013 se desviaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas en beneficio de madres jóvenes; también para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Colón, Intibucá y Olancho; el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, en el departamento de Yoro. Asimismo, se realizaría una escuela de campo para agricultores de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua. La proyección era que estos fondos iban a beneficiar a más de 4500 familias campesinas en el país.
Pese a que estos fondos debieron llegar hace más de una década, las campesinas siguen sufriendo el impacto de ese robo. Por eso, las víctimas del caso Pandora, siguen exigiendo justicia y la reparación de los daños causados, pero, sobre todo, que se les garanticen sus derechos como mujeres y la igualdad de condiciones en el agro.
La invisibilización de la mujer campesina
Según datos del INE, en el 2021 el 95% de las mujeres de la zona rural se dedican al oficio doméstico, sin acceso al empleo digno y formal, y sus labores en la agricultura estaban invisibilizadas, sin recibir ingresos.
De acuerdo con Yasmín López, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), de cada 100 campesinas apenas 14 tienen acceso a tierra. Esto limita los apoyos técnicos y los créditos, imposibilitando que las mujeres puedan superar la desigualdad, la pobreza y la precariedad.
Según López, “el Estado no reconoce que el 70% de la producción que realizamos las mujeres y detrás de ese trabajo está la incertidumbre de que las tierras no sean de ellas y que para la próxima temporada no tengan donde sembrar”. A esto, se suma el problema de la comercialización, porque ante la falta de mercados asegurados, están obligadas a vender su producción a través de los que llaman “coyotes”.
La corrupción que profundizó la desigualdad
El impacto que ha tenido la corrupción en las mujeres campesinas no es únicamente financiero. De acuerdo con el estudio “Corrupción e impunidad: el impacto del caso Pandora en la vida de las mujeres campesinas de Yoro, Honduras”, realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), con apoyo financiero de Abogados sin Frontera- Canadá, el desfalco de más de 282 millones de lempiras afectó el derecho de las campesinas al acceso a la tierra, a una atención sanitaria adecuada, a empleo digno y productivo, y a la toma de decisiones en procesos agrícolas, entre otros aspectos.
La investigación se centra en el impacto que tuvo el caso Pandora en las comunidades 14 de septiembre y 4 de marzo en Victoria, y El Chorro, en Sulaco, Yoro. De acuerdo la investigación que hizo la MACCIH para documentar el caso Pandora, estas zonas serían beneficiadas con un convenio valorado en 9 millones de lempiras para brindar asistencia técnica para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos. Con esos fondos, se fomentaría la producción de estas zonas y, como consecuencia, la participación de las mujeres.
Conforme a los hallazgos de la investigación, la vulneración de los derechos de las mujeres campesinas es sistemática y se profundiza por la corrupción. Algunas de las principales afectaciones es el acceso a la tierra y la falta de apoyo financiero-técnico para hacerlas producir. También, la falta de participación y toma de decisión en empresas asociativas campesinas; el acceso y gestión de los recursos del hogar; el acceso a servicios de salud y educación, y la protección de todas las formas de violencia.
En ese contexto, se vuelve importante que además de garantizar la justicia y reparación por el daño causado por el desfalco de más de 282 millones, el Estado de Honduras establezca políticas públicas en razón de género, que permitan reducir las brechas de desigualdad entre las campesinas y los campesinos. También se deben incorporar medidas que garanticen la no repetición de los hechos.
Continúa el impacto del caso Pandora
“El problema es que solo se usa el nombre de las mujeres, de los campesinos y campesinas para tramitar un determinado proyecto, pero al final ese dinero termina en el bolsillo de un corrupto”, afirma Yasmín López respecto al caso Pandora.
López admite que, a pesar de que el impacto inicial fue el más fuerte, las consecuencias del caso Pandora se siguen sintiendo porque las mujeres continúan sin el acceso a tierras para producir, a créditos para invertir, a asistencia técnica y a recursos como el agua.
Pero, además, de acuerdo con esta lideresa, la corrupción del caso Pandora tendrá un impacto multigeneracional debido a que la falta de recursos y oportunidades para las mujeres repercute directamente en sus hijos e hijas, generando un ciclo de desigualdad y pobreza.
Eva Luz Palma, es una mujer campesina de la comunidad de El Chorro en Sulaco. Ella se identifica como víctima del caso Pandora y dice: “fuimos utilizadas y queremos que se nos devuelvan nuestros derechos porque en nuestra comunidad hay muchas carencias, entre ellas la falta de agua potable, de un centro de salud digno, de luz eléctrica, letrinas, calles pavimentadas. Nos hacen falta tantas cosas que hasta se nos olvidan”.
En estas zonas, los obstáculos para la producción de la tierra desencadenan otros retrocesos en la garantía de los derechos humanos porque se les limita el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna.
El llamado a la reivindicación
Aunque para corregir la actual situación de las campesinas en Honduras se necesitan medidas integrales, hay algunas acciones que, de acuerdo con la investigación del CESPAD, pueden realizarse para comenzar la reivindicación.
Un primer paso es fomentar y priorizar en las organizaciones comunitarias la participación de las mujeres en la toma de decisiones, garantizando que sus problemas como mujeres se visibilicen. También, continuar las acciones de exigencia y de demanda de justicia.
Es importante, además, que las autoridades impulsen medidas con enfoque de género para propiciar el empoderamiento de las campesinas y su autonomía económica. Esto incluye, principalmente, brindar acceso a la tierra; también la posibilidad de optar a créditos, recibir asesorías técnicas, y facilitar el uso de los recursos como el agua y los fertilizantes.
Finalmente, es fundamental, la realización de un cambio cultural que desnaturalice la corrupción en el país, reconociendo que genera desigualdad, violencia y limita el pleno goce de los derechos humanos del país. Por eso, además de que el Estado les garantice justicia a las víctimas del caso Pandora, se debe garantizar la reparación y la no repetición de los hechos.
