Hoy más que nunca se vuelve vigente el análisis y el debate público de la normativa que se ha aprobado, en los últimos años, y que significa un legado de leyes que blindan a las y los corruptos en Honduras.
De allí la importancia de compartir nuevamente con ustedes, un documento de análisis intitulado “Los pactos de impunidad para proteger la corrupción en Honduras”, documento que hace una radiografía de la aprobación de decretos, reformas de decretos y leyes que bloquean la persecución penal de quienes han cometido actos reñidos con las leyes en Honduras.
Les compartimos la introducción del documento, a continuación. Sin embargo, también anexamos el enlace del documento completo, para que sirva como herramienta de consulta y análisis sobre cómo se han movido las redes de corrupción en este país.
Introducción
La corrupción y la impunidad se han afianzado en Honduras tras una serie de “pactos de impunidad”: mecanismos que emplean las redes de corrupción y del crimen organizado para cooptar las instituciones del Estado y garantizar que sus actividades delictivas queden impunes. Estas medidas incluyen, entre otras, los nombramientos de altos funcionarios del Estado y la aprobación de normas y leyes que obstaculicen la rendición de cuentas y fomenten la impunidad.
La experta internacional en corrupción, Sarah Chayes, observa que la corrupción “es el sistema que opera” en Honduras y, en su libro When Corruption is the operating system: The case of Honduras (“Cuando la corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras”), expresa:
En cerca de cinco decenas de países a nivel mundial, la corrupción ya no puede entenderse simplemente como actos inicuos de individuos. Más bien, es el sistema operante de redes sofisticadas que cruza fronteras nacionales y sectoriales en su accionamiento para maximizar beneficios para sus miembros. Honduras ofrece un ejemplo primordial de dichas redes cleptocráticas transnacionales “integradas” o entrelazadas. De esta forma, este caso ilustra características centrales de la manera
en la cual economías en apariencia caóticas o abiertas están en realidad estructuradas a nivel mundial –y algunas de las dinámicas que están provocando el cambio climático, la desigualdad persistente y el conflicto en espiral [1].
“Uno de los factores que coadyuvan a que la corrupción se transforme en un fenómeno estructural es la impunidad de quienes incurren en estas prácticas”, destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de2019 sobre corrupción y derechos humanos[2]. Además, afirma que la corrupción adquiere su máxima expresión cuando alcanza el nivel estructural:
Los pactos de impunidad para proteger la corrupción en Honduras [L]a corrupción estructural hace referencia a una práctica que define el funcionamiento de ciertas instituciones y que opera a través de redes de poder, cuya principal función es proteger y mantener en la impunidad a los actos de corrupción que resultan funcionales a su grupo[3].
Pero la impunidad no es el único factor que hace posible la corrupción; la CIDH señala que los principales factores que la facilitan son:
- a) debilidad institucional del Estado, que se caracteriza por la incapacidad de cobertura territorial y por instituciones incapaces de cumplir plenamente con sus funciones;
- b) el monopolio o concentración de poder en áreas con alto impacto económico o social, donde se manejan recursos o se toman decisiones con impacto político y social;
- c) amplio espacio de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de agentes estatales;
- d) falta de control de los actos de la autoridad, lo que se basa en poca transparencia y rendición de cuentas en torno a las decisiones adoptadas por la autoridad, así como en la naturaleza secreta de la corrupción; y
- e) alto nivel de impunidad, ello permite que actos o sistemas de corrupción operen sobre la base de garantías de que el costo de la corrupción es ampliamente superado por los beneficios obtenidos[4].
En Honduras, la reforma constitucional del año 2002 estableció un nuevo sistema de rendición de cuentas. Aunque la intención normativa fue el establecimiento de un marco jurídico que fuera eficaz en el combate del crimen y la corrupción, en la práctica -debido a una serie de factores que se explican más adelante- ha resultado ser un sistema ineficaz y decepcionante.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Honduras –desde la reforma de 2002– ha empeorado su situación en cuanto a la corrupción, escalando 75 puestos hasta la posición 157 de un ranquin que incluye 180 países[5].
Los pactos de impunidad para proteger la corrupción en Honduras En 2020, según el Índice Mundial sobre Estado de Derecho, Honduras ocupa la posición 116 –de una clasificación que incluye 128 países–, ascendiendo 17 puestos en la última década. Esta clasificación demuestra la grave situación de impunidad y marca una pauta importante para determinar la incapacidad del paíspara descubrir, investigar, castigar y detener la corrupción.
Descargue el informe aquí.
[1] Chayes, Sarah. When Corruption is the operating system: The case of Honduras. Washington,2017.https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[2] CIDH. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, (diciembre 2019): 6, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
[3] CIDH. Corrupción y derechos humanos. Op. cit. nota 1, párr. 114. Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-dela-corrupcion/
[4] CIDH. Corrupción y derechos humanos. Op. cit. nota 1, párr. 116.
[5] Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). https://www.transparency.org/en/countries/honduras
