Escrito por Rubén Escobar
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), está preparada para trabajar conjuntamente con la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Pero, de acuerdo con Luis Javier Santos, fiscal jefe de la UFERCO, los expertos extranjeros decidirán quién será su contraparte en Honduras o si, en su defecto, buscarán ejercer sus actividades de modo independiente. Mientras no se firme un convenio, hablar de cualquier método de trabajo es especulativo.
La UFERCO fue creada un 23 de enero de 2020, tras la disolución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que se conformó en febrero de 2017 como fiscalía acompañante de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), órgano internacional creado a través de un convenio entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar respuesta a la demanda ciudadana de un combate frontal a la corrupción por medio de un mecanismo internacional. La UFECIC tenía como propósito acompañar las investigaciones, brindar aportes y constituirse como un brazo legal de la MACCIH ante los tribunales.
De acuerdo con Santos, quien también fue el director de la UFECIC, el objetivo de crear una fiscalía especializada era generar confianza en la sociedad hondureña, una meta que considera en su momento se logró. Sin embargo, entre la transición, con la salida de la MACCIH y el buen trabajo realizado para presentar y documentar casos de macro corrupción, la UFERCO se enfrenta a un panorama sombrío, pero con la disposición de acompañar a la nueva misión internacional anticorrupción.
La herencia de la UFECIC
Durante su vigencia, la MACCIH implementó métodos para investigar la corrupción de manera integral, explorando el contexto y los posibles nexos, no enfocándose en los casos como hechos aislados, una cultura que se extendió hasta la UFECIC. El mecanismo permitía conocer las causas de la corrupción, con el objetivo de proponer reformas para evitar que los hechos se repitieran. Esto fue un avance importante porque hacerlo de la manera tradicional implicaba acusar a actores concretos de un caso, pero no ayudaba a erradicar la corrupción.
Además, ejemplificó que en el caso Fraude sobre el Gualcarque (un proceso judicial en el cuál tres personas fueron halladas culpables en mayo de 2024) se investigaron los antecedentes de David Castillo desde quien era empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y cómo desde esa dependencia se apoderó de información que posteriormente lo llevó a sacar provecho de manera ilícita. En el proceso se documentó la responsabilidad penal de funcionarios de al menos cuatro instituciones distintas que en una investigación tradicional, hubiesen pasado desapercibidos.
Pero, establecer ese enfoque de combate a la corrupción no fue sencillo y se necesitó de procesos previos. Uno fue establecer la selección del personal mediante un concurso rígido, transparente y público, en el que participaron más de 200 aspirantes. De entrada, eso generó confianza porque “se nos acercaba un sinnúmero de personas a darnos información”, reseñó Santos.
Otro aspecto importante fue la capacitación y certificación del personal. Durante más de un año, funcionarios designados por la MACCIH dedicaban los viernes y sábados a brindar talleres a fiscales, técnicos y peritos, con el objetivo de rediseñar los métodos para investigar la corrupción, porque buscaban incluso “cambiar el chip” de cómo se venía trabajando históricamente en el Ministerio Público.
Con ciertas limitaciones de personal, logística y presupuesto, esa filosofía de trabajo se trasladó a las operaciones de la UFERCO.
La UFERCO después de la MACCIH
Pese a que, en apariencia, la intención del gobierno de Hernández era continuar con la lucha anticorrupción, en la práctica “la UFERCO ya nació debilitada”, sostiene el abogado Santos. El día que se aprobó el acuerdo que le daba vida, anunciaron una partida de 20 millones de lempiras para su fortalecimiento, pero fueron “puras mentiras, porque nada de eso llegó”, increpó.
La realidad fue muy distinta a los discursos oficiales de los políticos. Hubo cambios en los acuerdos del personal que los degradó de sus cargos y les generó una rebaja en los salarios. Como consecuencia, varios fiscales y otro personal técnico terminaron abandonando sus puestos. Incluso, uno de los empleados decidió volverse sacerdote en busca de un cambio radical de espiritualidad después de sufrir esa grave decepción en el Ministerio Público.
Cuando la UFECIC se convirtió en la UFERCO, los cambios impactaron en el tratamiento hacia el personal, y a nivel operativo. Con la reestructuración, se perdió la independencia, pues Santos tomaba las decisiones de manera bilateral con él o la vocera de la MACCIH, pero se le supeditó al protocolo del Ministerio Público, es decir, a las directrices del director de fiscales. Pero, admite que “todas las decisiones que se tomaron fueron aceptadas en su totalidad (por el fiscal general Óscar Chinchilla). Nunca se nos puso un obstáculo”.
Sin embargo, en la transición se perdió también el uso eficiente del tiempo, debido a que el protocolo a seguir indica que los fiscales deben presentar informes diarios, atender a denunciantes a través de canales tradicionales y realizar otros procedimientos. Con ello dedican más tiempo a la burocracia y menos a las investigaciones.
“Ahora para llegar hasta el último nivel, que es el fiscal general, tenemos que pasar por tres niveles. Eso de alguna manera retrasa el trabajo o trae otras consecuencias para que a veces algunas situaciones no se resuelvan de manera expedita, como antes sucedía”, indicó Santos.
Pero, el golpe más grande al trabajo de la UFERCO con la salida de la MACCIH provino del Poder Judicial, cuando comenzó a emitir sobreseimientos definitivos a las y los imputados por casos de macro corrupción. “Eran casos que estaban plenamente probados para que fueran enviadas a juicio”, rememora el abogado. Los expedientes que ya estaban en juicio fueron retenidos mediante amparos aceptados por la Corte Suprema de Justicia.
El desafío de fortalecer la UFERCO
Con el supuesto propósito de superar estos obstáculos, el Congreso Nacional aprobó el decreto 67-2022, el cual fue publicado en junio de 2022. En ese momento volvieron los discursos políticos, asegurando que se le daba a la UFERCO “súper poderes” para presentar requerimientos sin la aprobación de la Dirección de Fiscalías ni del fiscal general. Además, el artículo 5 hablaba de aumentar en un 10 por ciento el presupuesto de la UFERCO “para capacitación, compra de equipo o cualquier otra necesidad”.
“Eso nunca pasó, simplemente fue un decreto que se aprobó, se manejó políticamente, pero no cambió nada el actuar de la UFERCO durante todo este tiempo. Nosotros seguimos laborando de manera normal, como sucedía desde antes que se aprobara el decreto”, dijo el fiscal.
Por otro lado, con el cambio de autoridades en la fiscalía general se esperaba que se les diera respuesta a los clamores de la UFERCO, pero, en realidad, los problemas persisten. Para el caso, se contrató nuevo personal para suplir los cargos faltantes, pero se hizo tomando en cuenta los criterios de los altos mandos y no de concursos. Además, las contrataciones se centraron en fiscales, dejando por fuera puestos claves como peritos, analistas financieros y otro personal técnico. La falta de personal ha ocasionado que los fiscales investiguen entre 6 y 8 casos cada uno, aproximadamente entre 30 y 40 líneas de investigación por persona.
Sin embargo, más allá de los problemas de la fiscalía especializada, en el Ministerio Público no hay presupuesto para nuevas contrataciones ni mejoras de carácter técnico-científico, debido a que en el Presupuesto General 2024 recibió una ampliación de 200 millones de lempiras, que es exclusivamente para cubrir un aumento salarial pactado en el 2023.