Escrito por: Aimée Cárcamo, Rubén Escobar y Claudia Mendoza
“No he tenido cuestionamientos en mi vida pública de importancia”, se lee en la hoja de vida que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período 2002-2009, Marco Tulio Barahona Valle, presentó en el 2015 en su intento de reelegirse en ese poder del Estado.
Sin embargo, el nombre de este abogado y notario afiliado al Partido Liberal, que busca nuevamente reelegirse como magistrado y ha logrado llegar a la etapa de tachas y denuncias del proceso de selección de la Junta Nominadora, figura en una seria denuncia pública de corrupción y tráfico de influencias para favorecer a terratenientes palmeros en el conflictivo Bajo Aguán.
Lo paradójico es que Barahona Valle mantuvo durante años un vínculo profesional con el Instituto Nacional Agrario (INA), entidad encargada de realizar el proceso de reforma agraria del país.
El nombre de Barahona Valle está asociado también a otros de poder a quienes ha servido durante su carrera como abogado y notario con especialidad en Derecho Civil y Mercantil.
Inicios de su carrera
Barahona Valle inició el ejercicio de la procuración en los años de 1970, como pasante de derecho. En 1976 ingresó al grupo Galaxia-Químicas-Astro, como jefe del departamento legal y marcas.
Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 1981 y ese mismo año abrió su propio bufete, el que cerró en 1984 para desempeñarse como Juez del Trabajo en el municipio de Puerto Cortés.
Pero, a mediados de 1984, fue trasladado a la capital de Honduras, Tegucigalpa, para ejercer como Juez Tercero de lo Criminal, cargo público al que renunció tres meses después para fungir como secretario general del INA. Sin embargo, en 1986, a petición del entonces director de esa institución agraria, Barahona Valle renunció.
Fue así que retornó al ejercicio privado y en 1987 fue nombrado consejero del INA, “cargo que me permitía ejercer la profesión”, dice en su hoja de vida, y continuar en su propio bufete.
Entre 1994 y 1995 fue contratado como asesor externo de la Fiscalía contra la Corrupción, mientras seguía trabajando en su bufete privado.
Barahona Valle fue nombrado magistrado suplente de la Corte Segunda de Apelaciones que conoce de la materia civil en 1998 y 1999, un cargo que, según dijo, tampoco le impedía ejercer la profesión.
Volvió al INA como consejero presidente entre 1999 y 2000, mientras seguía con su ejercicio profesional privado, aunque plantea que “no llevaba asuntos agrarios”.
Retorno al Poder Judicial
Barahona Valle fue nombrado en el 2002 magistrado de la Corte Suprema de Justicia, periodo de tiempo presidido por la abogada Vilma Morales. Integró la Sala de lo Civil, la que coordinó en tres ocasiones.
En 2011 concursó para reingresar al Poder Judicial como inspector de juzgados y tribunales y, entre mayo y junio de 2012, fue trasladado como magistrado de la Corte primera de apelaciones de lo civil en el departamento de Francisco Morazán.
Denuncia pública
Fue precisamente en el 2012 cuando el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca), hizo una denuncia pública ante la comunidad nacional e internacional de los supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades de la Corte primera, en la que Barahona Valle era magistrado, y segunda de apelación de Francisco Morazán.
Según la denuncia, los magistrados de esas salas “admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo”.
Los magistrados habían revertido las sentencias firmes y ya ejecutadas, que habían puesto en poder de tres familias del Marca igual cantidad de fincas cuya propiedad venían reclamando desde hace 18 años en los tribunales.
Esas resoluciones se dieron cuando las Cortes estaban de vacaciones y en días y horas inhábiles, dice también la denuncia, y abrieron “la puerta a nuevos desalojos forzosos”.
La denuncia menciona a Marco Tulio Barahona, entonces magistrado de la Corte primera de apelaciones de lo civil, como asesor de Facussé.
Así mismo, los miembros de Marca responsabilizan a los empresarios Facussé y Morales, y al Poder Judicial, “en especial” a tres magistrados, entre ellos Barahona Valle, “de los actos de violencia y muerte contra cualquier miembro de nuestras organizaciones campesinas y abogados que nos representan”.
Grupos de poder
Además de la vinculación que Marca hizo de Barahona Valle con Facussé, fundador de la Corporación Dinant, su nombre aparece ligado también a la Corporación Flores, empresa a la cual ha representado como apoderado legal, como consta en esta certificación de la Sala de lo Constitucional que data de 2016.
También figura como representante legal de Seguros Continental en demandas contra el Estado de Honduras, según consta en un informe de estados financieros del período 2020-2021 de esa compañía.
Seguros Continental es parte del conglomerado de empresas de la familia Rosenthal, de la que tres miembros, Jaime, Yani y Yankel, fueron designados en el 2015 como traficantes de narcóticos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.