Mario Morazán: “Vamos a crear una política de persecución penal y a dinamizar la operación de fiscalías que no se sienten”

Por Rubén Escobar

Mario Alexis Morazán Aguilera laboró al menos 7 años en el Ministerio Público, en tres periodos distintos. Por eso dice que tiene conocimiento sobre cómo funciona esta entidad, que le “ha quedado a deber” a la sociedad en cuanto al “cumplimiento de sus funciones en representación de los intereses generales de la sociedad”.

Este profesional del Derecho aspira a convertirse en fiscal general o fiscal adjunto, y está convencido que podría realizar cambios y mejorar su desempeño mediante una administración de calidad, basada en el respeto a los derechos humanos, eficiencia en la persecución penal, apertura a la cooperación internacional y coordinación interinstitucional.

Morazán Aguilera, quien es originario de Tegucigalpa y fue el segundo mejor calificado por la Junta Proponente (87.98 por ciento), se define como una persona que ha dedicado su vida adulta “al estudio del derecho y al ejercicio de la profesión en el ámbito de la justicia penal, de los derechos humanos y de la cooperación internacional. También a la docencia”.

Tiene 22 años de haberse graduado como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); 19 de haber recibido su título de abogado. Su preparación es amplia. Obtuvo una especialidad en derecho penal y procesal penal en la UNAH, en el 2004; una maestría en Derechos Humanos en Costa Rica, en el 2008; y egresó como doctor en derecho penal, en Costa Rica, en el 2021.

Entre la Fiscalía, cooperación internacional, Cancillería y Procuraduría

Sus áreas laborales han sido diversas y no siempre apegadas a la profesión del derecho. Comenzó laborando, por un breve periodo, de enero a julio del 2002, como juez de paz, pero renunció para integrarse como fiscal del Ministerio Público, ente en el que permaneció hasta el año 2006, cuando se integró como ministro consejero y encargado de negocios en la embajada de Honduras en Costa Rica, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Aprovechó el tiempo en Costa Rica para obtener su maestría en derechos humanos, en el 2008. También “me ocupaba del seguimiento de los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró durante su entrevista pública ante la Junta Proponente.

Para irse a Costa Rica solicitó una licencia sin goce de sueldo en el Ministerio Público, por lo que tras el golpe de Estado del 2009 regresó a esa institución, entre el 2010 y el 2011. Luego obtuvo una nueva licencia y se incorporó a labores con el nuevo gobierno, de Porfirio Lobo, en la recién creada Dirección de Compromisos Internacionales de la Secretaría de Justicia de Derechos Humanos. “Allí me correspondió darle seguimiento a temas como el Acuerdo de Cartagena, a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a elaborar informes para organizaciones de las Naciones Unidas”, explicó el profesional del derecho.

Al llegar el primer periodo de Juan Orlando Hernández, en el 2014, se reincorporó a la Fiscalía. Allí ejerció la acción penal pública durante dos años. En marzo de 2014 fue uno de los aspirantes a dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cargo que finalmente asumió el doctor en derecho, Héctor Roberto Herrera Cáceres.

En el 2016 renunció, finalmente, al Ministerio Público y ejerció el derecho de forma privada hasta el año 2020, cuando pasó a asesorar a la Cooperación Alemana (GIZ), en un proyecto de fortalecimiento del Estado de derecho del Triángulo Norte de Centroamérica, para lo que trabajó de cerca con los poderes judiciales y ministerios públicos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

En octubre del 2022 se incorporó al gobierno de Xiomara Castro, específicamente como director de Política Multilateral y encargado de temas de derechos humanos de la Cancillería; pero en abril del 2023 pasó a ocupar el cargo de secretario general de la Procuraduría General de la República, ente en el que se mantiene hasta la fecha. Ese cargo lo compagina con actividades de docencia en la UNAH.

El jueves 27 de julio Morazán Aguilera se presentó a audiencias públicas ante la Junta Proponente y el jueves 24 de agosto fue entrevistado por una comisión multipartidaria del Congreso Nacional. El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), presenta un compendio de las ideas más importantes expuestas por el candidato en ambas comparecencias.

Buscará impulsar reformas en tres grandes áreas

De resultar electo como fiscal general, asegura que impulsará reformas en tres grandes áreas: la administración, la eficiencia en los procesos y en el ejercicio de la acción penal.

“Me he postulado porque considero que como fiscal que fui y como exmiembro de la cooperación (internacional) puedo contribuir en distintos ámbitos. En el ámbito de la administración, revisando y reformando la estructura administrativa del Ministerio Público, dinamizar la operatividad de varias fiscalías que existen, pero no se sienten”, refirió Morazán Aguilera, quien se declara aficionado al ciclismo y al ajedrez.

Entre esas fiscalías que “no se sienten” mencionó la de Etnias y Patrimonio Cultural, Derechos del Consumidor y Defensa de la Constitución, pero más allá de estas, en general la institución debe ser reorganizada, agregó. También debe mejorar en la gestión de su trabajo para volverlo más efectivo, porque actualmente el Ministerio Público es “lento y parsimonioso, y no está acorde con las exigencias y las necesidades de la población”.

Elaboración de una política de persecución penal

Como punto esencial para lograr esa efectividad, el aspirante señala que trabajará para lograr “el ejercicio de la acción penal efectiva, pronta e independiente. Indistintamente de quienes sean los que hayan cometido los hechos ilícitos, hay que investigarlos”.

Por tanto, asumirá la obligación de diseñar y elaborar una política de persecución penal moderna, responsable, que dé pauta a los fiscales para saber en qué casos ejercer la acción penal y cuándo buscar mecanismos alternativos para dar una respuesta eficaz a la población.

Esa política de persecución penal deberá priorizar las distintas formas de criminalidad organizada, incluida la corrupción. Además, considera que la medida cautelar de la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Debe regirse por los límites que la Constitución y otras leyes establecen, pero respondiendo a los intereses generales de la sociedad, y a los principios de libertad, racionalidad y proporcionalidad.

También se compromete a no forjar esa política de forma aislada, encerrados en un cubículo, sino integrando las opiniones de las instituciones encargadas de la investigación y sanción de los delitos.

En esa política de inclusión propone integrar a la sociedad civil, pues considera que “no puede taparse los oídos ante las exigencias, las demandas de la sociedad” y por ello reactivará el Consejo Ciudadano del Ministerio Público, una instancia establecida en la ley para dar cabida a la ciudadanía.

Como parte de sus propósitos de innovar buscará crear una Unidad de Auditoría Judicial, para darle seguimiento a los procesos presentados ante el Poder Judicial, pero también para llevar un control de los juicios incoados por empresas y particulares en contra del Estado. De entrada, pretende hacer una prueba piloto en la Fiscalía contra la Corrupción y otras fiscalías que, de forma dispersa, conocen casos de corrupción.

Visualiza que se debe fortalecer la Dirección de Medicina Forense y el área de investigación (la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico), porque estas “han sido abandonadas” en los últimos años y necesitan una transformación interna. Con ese propósito ve necesario acudir a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional para solicitar una ampliación presupuestaria.

Combate a la corrupción y apoyo a la CICIH

Morazán -quien en su hoja de vida incluyó a su padre, madre y dos hermanos en su grupo familiar, pero no mencionó tener esposa ni hijos- manifestó que apoyará a las distintas unidades del Ministerio Público que dirigen la investigación técnica y jurídica en hechos de corrupción pública. Por la complejidad del tema, debe existir apertura en la coordinación interinstitucional y también con la cooperación internacional, lo que incluye recibir asistencia de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

“Si la CICIH viene, tendrá todo el respaldo del fiscal general con la intención de que trabajemos en conjunto en instalar capacidades en los investigadores, en los técnicos y en los fiscales. Hay mucha capacidad que ellos pueden trasladar en materia de análisis de prueba, en materia de la teoría del caso, la teoría probatoria y la teoría jurídica del caso. Estamos abiertos y trabajaremos de la mano con la CICIH”, recalcó.

Considera que la CICIH debe tener competencias similares a las del acusador privado, cuyo rol ya está definido por las leyes hondureñas, bajo el entendido que el acusador privado es un representante por derecho de las víctimas, y en los delitos de corrupción “las víctimas somos todos”.

Entre sus planes está la instalación de una línea telefónica para recibir denuncias sobre abusos o actos de corrupción en lo interno del Ministerio Público, las que se investigarán “con rigurosidad”. “No habrá tolerancia alguna a la corrupción de ninguno de los servidores del Ministerio Público y muchísimo menos de los fiscales”.

Abogó por una mayor apertura a la cooperación internacional, pues no ha existido bajo la administración de Óscar Chinchilla. Como parte de su experiencia en la GIZ, relató que tuvieron acercamientos con algunas fiscalías para brindarles apoyo, pero era necesario establecer antes un memorando de entendimiento con el fiscal general y este “no estaba dispuesto a trabajar con la cooperación internacional”. Consideró que si existiera esa apertura podrían solucionarse algunos problemas financieros del Ministerio Público sin tener que recurrir a las arcas del Estado.

Transparencia, rendición de cuentas y presiones externas

Morazán asegura que, de asumir, ya sea como fiscal general o fiscal adjunto, no será susceptible a las demandas de los políticos o empresarios, porque “presión pueden llevar los que llegan comprometidos al cargo, pero en el caso de su servidor no tengo compromiso alguno”. Asegura que una muestra de esa solvencia moral es haber llegado a las instancias finales sin ser favorito de ningún partido político o de algún sector social.
Sin embargo, algunos medios de comunicación lo mencionan como cercano a la familia presidencial por haber laborado en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y en el actual, de Xiomara Castro.

“No aceptaré presión de ninguna naturaleza. Como fiscal general tengo que dar el ejemplo. Para exigir al cuerpo fiscal que actúe con absoluta objetividad, con exclusivo apego a la Constitución y a las leyes, tengo que dar el ejemplo, y responder ‘no’ a grupos de presión. (Vamos a) responder en forma exclusiva a la Constitución, a las obligaciones internacionales del Estado de Honduras y a las leyes”.

Para estos menesteres también recurrirá al Consejo Ciudadano, instancia a la que abrirá las puertas para que hondureños notables participen en la construcción de la política de persecución penal, y cómo tal ayudarán a priorizar los casos que se deben perseguir, de forma independiente a cualquier influencia política o de grupos de poder.

“Necesitamos un Ministerio Público transparente, que rinda cuentas, y un Ministerio Público en el cual la ciudadanía pueda participar”, por lo que consideró de gran importancia el acompañamiento de la sociedad civil para exigir cuentas sobre las gestiones que realice. “En una democracia exigir rendición de cuentas es un derecho y es un deber ciudadano. Solamente con el acompañamiento de la sociedad civil, el Ministerio Público va a ser más transparente y más eficiente”, enfatizó.

En cuanto a la reserva de la información, señaló que se apegará al espíritu de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la que se establece que la reserva solo será para casos excepcionales. “Es una cuestión de cumplir con la ley, la obligatoriedad es la transparencia y la rendición de cuentas”.

Acciones de la Fiscalía ante violaciones constitucionales

Durante su entrevista en el Congreso Nacional Morazán declaró tener un “compromiso absoluto con la sociedad, la Constitución y la defensa del Estado de derecho”. Lamentó que el Ministerio Público “no se siente en distintos aspectos y no se siente en la defensa del orden constitucional”.

Sin embargo, bajo su coordinación, si existiera un quebrantamiento del orden constitucional como el ocurrido en el año 2009, o como la defenestración de la Sala de lo Constitucional en el 2012, esa entidad intervendrá para ejercer las acciones penales que correspondan, independientemente de quiénes sean los responsables, aseguró.

Considera que la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que permitió la reelección de Juan Orlando Hernández tiene vicios de forma y de fondo, porque un poder constituido como el Judicial no está facultado para aplicar normas por encima de la Constitución y, además, en este caso el demandante solicitó un derecho que no existe, el de ser reelecto.