Por Aimée Cárcamo
Con una nota de 95.55%, Jenny Gabriela Almendares Flores es la candidata mejor calificada por la Junta Proponente y la única mujer en la nómina de cinco profesionales del derecho que aspiran a convertirse en fiscal general o fiscal adjunto del Ministerio Público de Honduras. Almendares anhela reducir los índices de impunidad y abrir las puertas de una institución señalada en los últimos años por su hermetismo y afinidad con los grupos de poder que han gestado la macro corrupción en el país.
Hace 30 años se graduó summa cum laude en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación mercantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). También obtuvo los títulos de especialista y máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la máxima casa de estudios del país.
Su padre es el exrector de la UNAH y defensor de derechos humanos, Juan Almendares, una vocación que ella también ha continuado al ejercer como viceministra de Derechos Humanos en el gobierno del presidente Porfirio Lobo, del Partido Nacional.
Ministerio Público y sector privado
Durante veinte años trabajó en el Ministerio Público, tiempo en el que fue nombrada la quinta profesional como titular de la fiscalía contra la corrupción; también fue fiscal adscrita en Medio Ambiente, asesora de fiscales y jefa de desempeño fiscal a nivel nacional, y supervisora de asuntos internos en la región centro-suroriente.
Además de ocupar cargos públicos, ha sido litigante independiente, consultora certificada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ha trabajado con organizaciones de sociedad civil en temas de gobernanza, corrupción e impunidad. A su hoja de vida también se suma el desarrollo de diagnósticos de las fiscalías que conforman el circuito anticorrupción.
Almendares, quien incursionó en la docencia universitaria en marzo de 2023 en el grado de maestría de la UNAH, se precia de haber trabajado con poblaciones históricamente vulnerabilizadas, entre ellas mujeres, comunidad LGTBIQ+, pueblos indígenas, víctimas de delitos de violencia sexual y personas privadas de libertad.
Por toda esa experiencia, Almendares afirma que conoce las debilidades del sistema y su funcionamiento, y tener “no sólo la capacidad, sino el compromiso moral y social por luchar por un Ministerio Público que tenga enfoque basado en derechos humanos”.
Agrega que “las personas que lleguen al Ministerio Público tienen que ser lo suficientemente independientes y valientes para luchar por la institucionalidad”.
Principales estrategias
Almendares, quien de ser electa sería la primera mujer fiscal general o fiscal adjunta al frente del Ministerio Público, dice que la primera de sus estrategias está relacionada con dar respuesta a la denuncia para prevenir la impunidad.
Actualmente, el ente acusador del Estado rinde estadísticas a través de la judicialización de los casos, pero según su criterio se debe comenzar desde la respuesta a la denuncia. Pone como ejemplo que “en el circuito Anticorrupción, en los últimos cinco años, la respuesta judicial ha sido de 1.98 %, tomando en consideración que un caso de corrupción le cuesta al Estado aproximadamente 7.5 millones de lempiras”.
Por eso propone una persecución penal estratégica a través de grupos de trabajo que tengan un enfoque diferencial. Es decir, que prioricen tres aspectos: atención a poblaciones históricamente vulnerabilizadas, la lucha contra la corrupción, impunidad y narcotráfico, y el ataque a nuevas formas de criminalidad como el ciberdelito.
Como parte de los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad, luchará para que el Ministerio Público tenga iniciativa de ley, para propulsar la reforma de las disposiciones que limitan la facultad investigativa o dificultan la persecución penal, como ocurrió con los decretos 57-2022, 93-2021 y 116-2019, normativas que formaron parte de los pactos de impunidad y que fueron derogados por el Congreso Nacional tras una larga lucha de diversos sectores sociales y políticos.
También plantea la creación de unidades de investigación en medio ambiente, una fiscalía contra la trata de personas (porque actualmente solo existe una unidad) y potenciar Medicina Forense, lo que incluye abrir oficinas forenses en Choluteca, Olancho, Danlí e Intibucá.
Informe a la nación
Si resulta electa fiscal general dice que “en tres meses tengo que rendir un informe a la nación” para decirle cómo encuentra al Ministerio Público y cuáles son las acciones a implementar. Agrega que si es necesario procederá a la remoción de funcionarios o al ejercicio de la acción penal, porque “si no ponemos un ejemplo y no le damos a la sociedad lo que pide, siempre va a existir impunidad”.
En principio, en cuanto al combate de la corrupción, Almendares sostiene que desde adentro el ente acusador del Estado debe “dar un ejemplo de probidad, integridad y ética”. Lo segundo es que se debe fortalecer la Supervisión Nacional para que se investiguen casos de corrupción de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, pero también a quienes hayan violado la ética profesional por no atenderse a las personas denunciantes como corresponde.
“La Supervisión Nacional tiene que investigar la gestión y desempeño fiscal”, sostiene esta abogada y cita como ejemplo el estancamiento de casos dentro del MP. “Si un caso tiene cinco años de estar en el Ministerio Público y el o la fiscal continúa sin presentar una acción penal ni dar un cierre se llama negligencia y no debe ser permitida”.
Plantea un uso racional de los fondos públicos, vehículos y demás recursos que se utilicen en la institución, “para que el presupuesto también pueda ajustarse a las necesidades”.
Almendares asegura que buscará fortalecer la carrera del Ministerio Público, mediante la publicación del manual de clasificación de puestos y salarios, y establecer criterios objetivos en cuanto a los aumentos selectivos para evitar injusticias. Además, apunta hacia “la regionalización de la capacitación para efecto de que todas y todos puedan ser capacitados”.
La primera fortaleza que tiene el Ministerio Público es su personal, entonces este personal tiene que estar capacitado, afirma.
Femicidios, perspectiva de género y grupos vulnerables
El problema del femicidio es grave: “cada 20 horas con 45 minutos muere una mujer en Honduras y esto debe de ser una prioridad en la investigación del Ministerio Público”, detalla Almendares, quien propone también la creación de una fiscalía especial de búsqueda de mujeres desaparecidas.
Según su criterio, en los últimos años la persecución penal estratégica ha olvidado la perspectiva de género, al igual que la de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Para mejorar ese importante tema, plantea la necesidad de eliminar algunas prácticas como la de entregar una declaración jurada a las personas que acuden al Ministerio Público a interponer una denuncia, porque puede ser utilizada en su contra, si el caso no prospera, y derivar en un proceso por difamación o querella.
Otra práctica que debe ser eliminada es la de no rendir informes a la nación porque el que presenta el Ministerio Público al Congreso Nacional es insuficiente, “se tienen que rendir informes anuales, todos y todas las funcionarias del Ministerio Público, para efecto de atención a poblaciones vulnerables”, acota.
La exfiscal cuestiona que se han eliminado fiscalías y unidades de atención, como las dirigidas a la comunidad LGTBIQ+.
Otros temas de su agenda son el desplazamiento forzado, la prevención de la violencia a través de la persecución penal estratégica y la creación de políticas internas para evitar cualquier tipo de acoso sexual o laboral dentro del Ministerio Público.
Activación del Consejo Ciudadano
Se adiciona a las propuestas de Almendares Flores la construcción de políticas públicas en alianza con la sociedad civil -por lo que considera necesario activar el Consejo Ciudadano- y la cooperación internacional.
También manifiesta que se necesitan alianzas con los diferentes entes del Estado, entre ellos la Procuraduría General de la República (PGR), para el cumplimiento del artículo 51 del Código Procesal Penal en cuanto a la reparación de las víctimas.
“No hay que olvidar que el Ministerio Público también tiene una responsabilidad de reparación con las víctimas, lo tiene en la vía civil y también lo tiene en la ley del Ministerio Público y se puede coordinar con la PGR en cuanto a la atención de las demandas”, apunta.
Condiciones en las cárceles
Otro de sus planteamientos es la necesidad de modernización con el uso de nuevas tecnologías y de cumplir con la obligación que tiene el Ministerio Público de supervisar las condiciones que existen en las cárceles.
Sostiene que corresponde a las autoridades “tener la debida diligencia para que existan las condiciones de seguridad en las cárceles, para que no ingresen sustancias psicotrópicas o drogas” y que es importante conocer la probidad ética de las personas que integran el sistema penitenciario.
Considera que las medidas de simplificación procesal son vías alternas que permiten que las cárceles no se engrosen, porque estos centros no siempre permiten la rehabilitación, “entonces debemos considerarlas como un primer término y también buscar la justicia restaurativa” conforme los casos que establece la ley a fin de evitar cualquier abuso.
¿Integraría el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad?
Almendares es enfática al decir que el Ministerio Público personifica los intereses generales de la sociedad y al representarlos puede tener conflictos de interés, ya sea porque tiene que procesar a altos funcionarios o promover antejuicios, también en contra de jueces o magistrados.
De allí que es importante que esa institución mantenga su independencia y, en ese sentido, menciona que no es una obligación constitucional del Ministerio Público pertenecer al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y que, de ser fiscal general, preferiría mantenerse al margen.
“Siempre hay que mantener la diplomacia y el respeto para que, en caso de ser invitados, preferir la independencia del Ministerio Público, generar nuestras propias políticas y que estas políticas no sean contradictorias con la Constitución de la República y los tratados internacionales en derechos humanos”, refiere.
El fiscal general tiene que ser depositario de la ley jamás superior a ella; no obstante las decisiones de políticas de Estado y de seguridad que sean importantes para una persecución penales estratégica deben ser bien recibidas, concluyó.
Las valoraciones que hace Almendares sobre los diversos temas que se presentan en este texto, se sustrajeron de la entrevista pública que la Junta Proponente le realizó a ella y a los demás aspirantes a fiscal general y fiscal adjunto, durante el mes de julio.