En el marco del cese del conflicto centroamericano en los años 90s, las Fuerzas Armadas de Honduras redujeron su poder en la región. El andamiaje institucional construido, parecía indicar que no había vuelta atrás a la militarización y al cese de los golpes de Estado[1]. Los cambios en el sector Defensa en el caso de Honduras, condujeron a la reducción del presupuesto, reducción de efectivos militares, cambios en la carrera militar, demandas de castigo contra las violaciones de los derechos humanos cometidos en la década de los 80s.
No obstante, la pacificación no llegó con la firma de los Acuerdos de Paz; la región del “Triángulo Norte” se convirtió en una de las más violentas del mundo. Las deportaciones masivas de jóvenes de Estados Unidos a sus países de origen volvieron más complejo el problema de la violencia juvenil. La respuesta a la conflictividad que generaban las maras, desde el 2003, durante el gobierno de Ricardo Maduro, fue punitiva y represiva, dando como resultado la sobrepoblación en las cárceles de jóvenes mareros. En la primera década de siglo XXI, también se expande el narcotráfico y Honduras se perfila como lugar de paso de las drogas.
El golpe de Estado del 2009 debilitó la institucionalidad del Estado y la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia de responder a la conflictividad política y social en el marco del Estado de derecho. El 2011 y 2012 fueron los años en lo que se alcanzaron las tasas de homicidios más altas del mundo, de 86.5 y 85.5 muertes por 100,000 habitantes respectivamente. También quedó develada la colusión de los miembros de la cúpula policial y mandos intermedios con el narcotráfico y las redes de la criminalidad organizada.
El fortalecimiento del enfoque militarista para enfrentar la inseguridad y la conflictividad social, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, dio lugar a la creación de una Policía Militar de Orden Público (PMOP), adscrita a las Fuerzas Armadas (que fue cuestionada y denominada por la oposición como como la Guardia Pretoriana de JOH, siglas que apelan al nombre de Hernández), y que junto a otros cuerpos de policías militarizados salieron a las calles a reprimir no sólo a los actores de la violencia asociada a la criminalidad, también a reprimir la protesta social. La PMOP fue fortalecida con los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, fondos que fueron manejados en medio de la opacidad que les permitía la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos”, que impedía conocer el destino de los fondos públicos captados como impuesto.
En el 2017, en medio de las protestas ciudadanas que tuvieron su asidero en el fraude electoral y la reelección ilegal de Hernández, los militares, policías y la policía militar reprimieron las protestas, dejando al menos 21 personas que perdieron la vida en manos de los cuerpos de seguridad, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). El régimen de JOH fortaleció y amplio las funciones de vigilancia y represión del ejército, al mismo tiempo que se fortalecía al narcotráfico y las redes del crimen organizado que gozaban de la protección de políticos, funcionarios, policía, militares.
Este recuento breve, intenta no omitir que la militarización en el país ha sido un proceso largo, y que bajo el nombre de remilitarización se trata de poner énfasis en el retorno de los militares, tras un breve periodo de debilitamiento en los años 90s. En el contexto del nuevo gobierno de Xiomara Castro y de su compromiso para desmilitarizar la seguridad, desestimando la mano dura, como lo establece su plan de gobierno (porque la mano dura no ha tenido resultados en ninguna parte de mundo), cabe preguntarse: ¿qué está haciendo el gobierno en el ámbito de la Defensa? ¿se está debilitando o reforzando la remilitarización?, ¿cuáles son esas nuevas formas de poder militar que estarían limitando las transformaciones profundas del Sector Defensa?, ¿será necesario un debate profundo sobre el rumbo que debe tomar la institución militar y el Ministerio de Defensa?
En este informe hacemos la revisión y análisis de los temas que han estado en la agenda de la Defensa, del 25 de septiembre al 25 de noviembre, teniendo como ejes: las relaciones civiles-militares, las demandas de presupuesto y recursos; la expansión de roles y funciones. Sin duda, el contexto regional sigue mostrando un fuerte fortalecimiento de las tendencias militaristas, por ese motivo, el gobierno actual tiene el reto de materializar los compromisos establecidos en su plan de gobierno, avanzando en la desmilitarización del Estado y la sociedad.
[1] Argueta Otto y Knut Walter.2021. https://sv.boell.org/sites/default/files/2021-08/Funci%C3%B3n%20Militares%20Centroam%C3%A9rica.%20APAZ-hbs.pdf
