Escrito por Ninoska Alonzo y María Amalia Reyes, feministas 17 de mayo, 2020 En 1967, Henri Lefebvre definió el derecho a la ciudad como el derecho de los habitantes urbanos -en especial la clase obrera- a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio de lucha anticapitalista [1]. Aunque polémica, hoy se vuelve necesario reubicar esta definición en nuestras discusiones políticas debido a la explosión de nuevas luchas urbanas contra las expresiones espaciales del dominio del capital financiero, como la gentrificación o la degradación ambiental, pero también, por las nuevas formas comunitarias adoptadas en el espacio urbano y sus periferias. En Honduras, esta apropiación de la clase obrera respecto a la ciudad se fortaleció en la década de 1960’s. En esta década, las migraciones a las ciudades se masificaron, en el marco de la modernización estatal. Sin embargo, las condiciones de vivienda de la población eran muy precarias. Ante la hegemonía estadounidense que demandaba evitar la propagación del comunismo en América Latina, se creó la Alianza para el Progreso (ALPRO), la cual impulsó múltiples proyectos habitacionales en la capital del país: se fundó la Colonia John F. Kennedy, Jardines de Loarque, Colonia El Pedregal y Colonia 21 de Octubre. El Instituto Nacional de la Vivienda (INVA) estableció varias modalidades para la compra de casas, pero la más común fue la de ayuda mutua, que consistía en que el INVA era el responsable del suministro del terreno y los materiales de construcción, debiendo el propietario proveer la mano de obra. Es decir, las personas compradoras construían la vivienda con sus propias manos para rebajar su costo. Aunque la ALPRO tenga un penoso trasfondo político que solo evidencia la relación subordinada y neocolonial establecida entre el gobierno de los Estados Unidos y nuestros países, lo cierto es que el acto de construir las casas construyó también una identidad colectiva en torno a la colonia o el barrio. Sin embargo, la construcción de una identidad colectiva, urbana, confluyó con las prácticas comunitarias heredadas de la experiencia rural de quienes migraron a la ciudad [2]. Esta convergencia entre la identidad urbana y la herencia comunitaria ha perdurado en el tiempo. Durante toda la segunda mitad del siglo XX y el transcurso del presente siglo ha sido común la inmigración urbana, y con esta, la recuperación de tierras en las periferias de la ciudad. En la década de 1990’s, por ejemplo, un grupo de personas decidieron recuperar tierras ubicadas al norte de la capital. Para hacerlo posible, la comunidad se organizó en un patronato que estableció comités de vigilancia integrados por mujeres para proteger el territorio. Algunos años después, con sus casas ya construidas, llegó una orden de desalojo donde se vio involucrado Mario Facussé Handal, actual presidente de la Corporación Inmobiliaria S.A. (CISA). El conflicto territorial dio como resultado ocho desalojos violentos y 54 mujeres criminalizadas. Sin embargo, cuando fue aprobada la Ley de la Propiedad en 2004 [3] y su posterior reforma en 2009 [4], fue posible llegar a un acuerdo y, finalmente, la comunidad fue liberada de todo conflicto. Se trata de la colonia Ramón Amaya Amador, donde las mujeres organizaron, en el año 2000, la Red de Mujeres contra la Violencia, organización que ha sido fundamental para hacer de la comunidad algo posible. En el 2009, la Red de Mujeres contra la Violencia se organizó para participar activamente en las protestas contra el golpe de Estado. Sin embargo, en la medida en que la protesta se prolongaba, se hacía más necesario poder garantizar alimentos y agua para recobrar las energías y la esperanza. Así surgió la Olla Comunitaria u Olla de la Solidaridad, que se mantuvo por meses y permitió arreciar las luchas gestadas desde la colonia Ramón Amaya Amador. En la etapa post-golpe, caracterizada por la restauración y profundización del modelo económico neoliberal, las condiciones se hicieron más difíciles. En los últimos diez años, se ha consolidado el pacto patriarcal entre el capital privado, el Estado, y el crimen organizado transnacional. Y lo enunciamos así, porque feministas como Rita Segato apuntan que la corporación mafiosa replica la estructura de la corporación masculina. Ambas organizaciones, la patriarcal y la mafiosa, son análogas en su estructura y funcionamiento [5], pues se perpetúan por medio de la violencia, la dominación, y el control del territorio-cuerpo (particularmente, los cuerpos-territorios femeninos y feminizados). En septiembre de 2016, en menos de dos semanas, dos mujeres y defensoras fueron asesinadas en la colonia Ramón Amaya Amador [6]. La muerte violenta de ambas compañeras y la vulnerabilidad sentida, se tradujo en un proceso doloroso y significó un acontecimiento que puso en riesgo el tejido comunitario de la colonia. Hoy, ante la emergencia del COVID-19, la Red de Mujeres contra la Violencia se ha juntado nuevamente para organizarse ante la situación de hambre y precariedad que azota a la colonia. Desde que la cuarentena inició, pasaron ocho días para que la desesperación se hiciera visible, sobre todo de las mujeres que vendían condimentos en los mercados de Comayagüela. En los barrios, que hoy y siempre han estado alejados de la protección del Estado y tan cerca de la represión, la mayoría genera ingresos en el día a día. Cansadas y preocupadas por la situación, se organizaron para hacer posible la Olla Comunitaria. A partir del contacto entre redes feministas, se ajustó lo suficiente para hacer noventa platos de comida diarios para el almuerzo y 90 bebidas calientes para la cena. Aunque no todos los días se hace posible, cada día que pasa se redoblan esfuerzos para poder comprar verduras, arroz, frijoles, pastas, y repartir platos de comida entre más de veinte familias. Para la Red de Mujeres contra la Violencia de la colonia Ramón Amaya Amador, la Olla Comunitaria es un proyecto de vida que tiene que cuidarse, porque garantiza alimentar pequeñas células y sostener las resistencias. Además, es un proyecto que permite colectivizar el trabajo de los cuidados en toda la comunidad. En varias ocasiones, como el 25 de abril, se organizó un