Descaraga el análisis de coyuntura en PDF aqui. Escrito por Dulce Davis La instalación de un nuevo gobierno, en teoría, suele venderse bajo la narrativa del cambio, pero en el gobierno de Nasry Asfura esta promesa se estrella contra una realidad de contradicciones ideológicas. Mientras algunos funcionarios públicos, diputados y diputadas ensayan discursos alineados con los derechos de las mujeres, los simbolismos caminan en sentido opuesto: la exhibición de la bandera “provida” en actos de Estado y el marcado sesgo familistas de su investidura no parecen ser errores de forma. Ante este escenario, la pregunta no es si existe “la posibilidad” de una agenda de protección, la pregunta es ¿las mujeres en Honduras están ante una instrumentalización del discurso de género para maquillar un proyecto conservador? o ¿estas señales son un retroceso disfrazado de pragmatismo político o, simplemente, la continuación de una histórica tradición en la cual los derechos de las mujeres se subordinan a pactos de poder y cuotas ideológicas, sin importar el color del partido de turno? En ese breve contexto, este análisis está orientado a: Evaluar si las acciones recientemente anunciadas representan una verdadera agenda de protección de los derechos de las mujeres. Identificar las contradicciones existentes y, desde una perspectiva crítica, proponer elementos clave para una agenda integral, sostenible y que adopte un enfoque genuino en los derechos de las mujeres. Datos y estadísticas alarmantes Este análisis cobra especial relevancia en un escenario donde “Honduras continúa figurando como uno de los países más peligrosos de la región para el sector de las mujeres, con altas tasas de femicidios que registran 7,2 casos por cada 100.000 mujeres”[1], según los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Aunque la violencia no distingue edades ni niveles socioeconómicos, es evidente que la mayor concentración de casos afecta a mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. La violencia sexual, física y simbólica contra mujeres, niñas y adolescentes forma parte de una cadena de violencia que, en su expresión más extrema, termina en feminicidio. La violencia que sufren las mujeres no puede seguir interpretándose como hechos aislados. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se registran 33 las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras[2]. Además, existe una problemática adicional de violencia estatal e institucional, que se manifiesta cuando el Estado no implementa los marcos protectores y no activa los mecanismos necesarios para garantizar la vida y la integridad de las víctimas. Las altas tasas de impunidad envían un mensaje claro: las vidas de las mujeres no importan. Cuando no existen mecanismos efectivos de prevención, investigación y sanción, la violencia se perpetúa. La negligencia del Estado no sólo deja a las víctimas en indefensión, sino que también premia al agresor y transmite a la sociedad la falsa idea de que cometer un crimen contra una mujer, niña o adolescente no tendrá consecuencias. Por ello, todas las muertes violentas de mujeres deben entenderse también como una responsabilidad del Estado. No solo por su incapacidad de sancionar, sino por la ausencia de políticas preventivas capaces de transformar las condiciones que permiten que esta violencia persista. La aprobación de leyes de educación integral, el abordaje estructural de la violencia de género, campañas sistemáticas de prevención y la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en los marcos regulatorios necesarios para enfrentar esta crisis. Los femicidios íntimos (4), por violencia intrafamiliar (1), por conexión (11), por violencia sexual (4), por delincuencia organizada (2), los que aún no se determinan, los homicidios y todas las muertes violentas[3], así como las desapariciones, las violencias a nivel físico, psicológico y simbólico forman parte de un mismo sistema de violencia que podría prevenirse si existieran políticas públicas eficaces. Los patrones de agresión están profundamente relacionados con los niveles de permisividad social, la impunidad y la ausencia de castigo efectivo, en medio de una sociedad que normaliza la violencia, y un sistema institucional que no logra establecer límites claros. Si las etapas iniciales de la violencia no se abordan a tiempo, pueden escalar hacia feminicidios, desapariciones y otras formas extremas de agresión. Lo que sucede en Honduras no es únicamente un problema de criminalidad, sino una epidemia de violencia que se ha convertido en una auténtica crisis de seguridad nacional. La impunidad como eje del problema Diversas organizaciones de mujeres han señalado una debilidad fundamental: “la investigación deficiente por parte de los operadores de justicia”. Las mujeres organizadas cuestionan que la falta de mecanismos investigativos que permitan abordar cada etapa del proceso de manera integral. “Por ejemplo, la adecuada custodia de las pruebas presenta sería deficiencias, además, no se cuenta con peritajes forenses adecuados que garanticen la rigurosidad del proceso investigativo y permitan establecer con claridad los casos de femicidio. Como resultado, las pruebas suelen contaminarse y los resultados de las investigaciones quedan limitados”, señaló Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H).[4] Esta situación está estrechamente vinculada a la falta de recursos, a la escasez de personal especializado y al debilitamiento institucional. Como consecuencia, muchas víctimas no encuentran condiciones seguras para denunciar, lo que contribuye a profundizar el ciclo de violencia. La impunidad termina funcionando como un mecanismo que protege al agresor. En muchos casos, no solo no se sanciona al perpetrador, sino que, además, se revictimiza a la víctima, quien enfrenta procesos judiciales sin el acompañamiento ni las garantías necesarias para su seguridad e integridad. Por esta razón, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no puede entenderse únicamente como un problema criminal. También refleja una falla estructural del sistema de justicia y, en consecuencia, constituye una falla del Estado hondureño en su deber de proteger a su ciudadanía. El nuevo escenario político: señales, propuestas y expectativas En medio de la gravedad del problema, el escenario político actual muestra algunas señales positivas, pero aún sin cambios efectivos. Una de las señales más destacadas es la apertura del Poder Legislativo para recibir a mujeres organizadas y escuchar sus demandas. Este dialogo

Escrito por Claudia Mendoza En colaboración con Paula Servellón Así empezó David Núñez, un comentario que quedó plasmado en la publicación de la página de Facebook de la Comunidad de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH). Sus palabras, cargadas de polémica, son similares a las expresiones del usuario Lion Thovashenko, quien escribió “Vayan a lavar platos viejas borrachas”, o al comentario de Juan Pérez (@juanperezfaed) en la red X, quien afirmó “Viejas pendejas, si no votan es porque nadie las quiere, tienen la mitad en papeletas de elección y quieren más para robar”. ¡Hay muchos más! Estos son solo tres de docenas de comentarios vulgares, cargados de odio y de deslegitimación hacia las mujeres y los derechos que se promulgan a través de las campañas que ha realizado el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), OXFAM-Honduras y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Este conglomerado de organizaciones ejecuta el proyecto Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres en Honduras, con el objetivo de Fortalecer la democracia y las políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres en Honduras. También, Promover la participación política de las mujeres en procesos democráticos pre y post electorales. Pero alcanzar esos objetivos no es nada fácil. Las redes sociales se han convertido en medios de comunicación globales que han opacado a los medios de comunicación tradicionales, y aunque expanden mensajes que, en casos como este, pretenden contribuir al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, chocan con un imponente muro: el desprecio, el descrédito, la deslegitimación, la crueldad y la ignorancia de un porcentaje importante de la comunidad online. La cibermisoginia Con el advenimiento de la internet y el posterior nacimiento de las plataformas sociales, comenzó también el surgimiento de una diversidad de grupos y activistas de toda índole, incluyendo los grupos o comunidades de mujeres organizadas que también encontraron en las redes sociales una forma de visibilizar sus problemas, distribuir mensajes relativos a la reivindicación de sus derechos humanos y colectivos, y al fomento de propuestas que colocan sus objetivos en la discusión público-digital. Sin embargo, las plataformas sociales se convirtieron en una extensión de los espacios presenciales y de los medios de comunicación tradicionales en donde habían sido y siguen siendo atacadas constantemente. A las agresiones que las mujeres reciben en las redes sociales, los expertos le denominan cibermisogonia, y se define como la generación de discursos de odio que reproducen la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres a través de burlas, insultos o amenazas en las redes sociales[1]. Las plataformas sociales, también llamadas redes sociales, son sitios web y aplicaciones que permiten a los usuarios crear perfiles, conectarse con otras personas, compartir contenido (texto, fotos, videos, enlaces) y participar en grupos o comunidades virtuales desde cualquier lugar del planeta. Esto facilita que la mujer que se atreve a colocar mensajes relacionados con la reivindicación de sus derechos (cuestionando las desigualdades y la violencia que enfrenta este segmento poblacional) sea atacada con crueldad. Muchas mujeres, incluso, han recibido amenazas de muerte. Un ejemplo conocido es el caso de la activista y abogada feminista Lidia Falcón[2], quien ha recibido ataques de odio en redes sociales por su labor en defensa de los derechos de las mujeres y proponer causas feministas. También sobresale el caso de Ophelia Pastrana[3], la científica y activista trans – feminista, quien defiende los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres trans, y promueve la diversidad de género en la ciencia y la tecnología. Ophelia es la primera mujer transgénero naturalizada en México; ha sido duramente atacada en redes sociales por su identidad y por su activismo, en especial por sectores conservadores y grupos antiderechos. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Se pregunta Claudia Pedraza Bucio cuando cita el nombre de varias mujeres que han sido objeto de campañas de odio en su ensayo Cibermisoginia en las redes sociodigitales: claves para el análisis desde la masculinidad. La respuesta: El atrevimiento de colocar su voz en el ciberespacio para hablar de discriminación, desigualdad y violencia de género. Pedraza Bucio analiza las agresiones en las redes sociodigitales como un mecanismo de masculinidad que normaliza la violencia de género e inhibe las posibilidades de participación de las mujeres en la discusión pública. También analiza las plataformas sociodigitales como espacios donde convergen múltiples voces, con consensos y disensos que robustecen la discusión pública, pero que a la vez generan prácticas discursivas que atentan contra sectores específicos, como el caso de las mujeres. El espacio digital es una herramienta valiosa para posicionar las voces las mujeres, sin embargo, también se convierte en terreno fértil para que la violencia, la misoginia y la burla se traduzcan en impunidad, sobre todo en países como Honduras donde no se cuentan con marcos normativos protectores que blinden a las mujeres de este tipo de ataques. ¡Las campañas y los ataques! Situémonos en Honduras. Cada vez que las mujeres organizadas en consorcios, alianzas o plataformas, han hecho esfuerzos por visibilizar sus luchas reivindicadoras de derechos en espacios dentro de la sociedad, incluyendo los espacios político-electorales (que históricamente les ha pertenecido a los hombres), los ataques son colosales. Entre el mes de abril y junio de 2025, las organizaciones aglutinadas en COMUNH realizaron varias campañas. La primera estuvo relacionada con la visibilización del proyecto y en ella se destacaron las demandas que engloba la Agenda de las Mujeres y Feministas y los objetivos del proyecto Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres en Honduras. Semanas después se realizó otra campaña que promovió el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo Interpartidario, una iniciativa que tiene como objetivo promover la participación política de las mujeres a través del fortalecimiento de las capacidades de las aspirantes a cargos de elección popular, en una diversidad de temáticas, entre las que se incluye la formulación de iniciativas de ley ante el Congreso Nacional. También, se lanzó una iniciativa digital que visibilizó los retos que enfrentan las mujeres cuando carecen de condiciones laborales equitativas en relación con los hombres. El

Escrito por René Estrada Descargar informe en PDF 69 años después de que las mujeres conquistaron el derecho al sufragio, en 2022, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras. El hecho marca un gran avance en la participación política de las mujeres, sin embargo, casi siete décadas después, persisten retos y desafíos que obstaculizan el pleno acceso a sus derechos políticos y humanos, entre ellos la violencia que enfrentan por ser mujeres. En Honduras, de acuerdo con representantes de organizaciones de mujeres, persiste una cultura patriarcal que promueve estereotipos que asocian a los hombres con la esfera pública y con acceso al poder. Mientras, a la mujer se le encasilla en la esfera privada, doméstica, familiar, de servicio y sin acceso a recursos y menos a poder. Pero, cuando las mujeres participan en política y hacen una ruptura con los roles tradicionales de género, comienza la violencia y la discriminación. Las mujeres organizadas consideran que Honduras es un país pequeño que ha normalizado y tolerado la violencia política contra las mujeres. Pero, las dinámicas que sufren las mujeres de las zonas urbanas y rurales no son precisamente las mismas, aunque se mantengan similitudes y patrones. En ese escenario, se vuelve urgente que desde el Estado y los entes que rectoran los partidos y procesos políticos electorales se avance hacia la mejora de los marcos legales, se estudien y monitoreen las problemáticas, se implementen mecanismos para el acceso a la justicia, y la reparación y prevención de daños que históricamente han ocasionado una deuda política y social con las mujeres. Un “castigo” por romper con el status quo Los datos relacionados con la violencia hacia las mujeres, los femicidios e impunidad son escalofriantes. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para abril del 2024, Honduras ocupaba el primer lugar a nivel latinoamericano y el quinto a nivel mundial en cuanto a feminicidios. Mientras, según registros de organizaciones de derechos humanos nacionales, impera una tasa de impunidad mayor al 95% en estos casos. La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y de Niñas de 15 años y más (ENESVMN), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2022, establece que más de la mitad de las mujeres hondureñas han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, psicológica, sexual, o patrimonial y discriminación. Además de la violencia por razón de género, a nivel político, pese a que Honduras cuenta en la actualidad con la primera mujer presidenta del país y la segunda presidenta de la Corte Suprema de Justicia (electa con criterios de paridad de género que lograron que 8 de las 15 personas magistradas fueran mujeres), el panorama de participación no es alentador, aunque ostentan el 54% del padrón electoral. En el Congreso Nacional apenas 35 de los 128 escaños son ocupados por una mujer. Mientras, a nivel local, solo 20 de las 298 corporaciones municipales son dirigidas por una alcaldesa. Esta tendencia se mantiene a nivel de secretarías de Estado: apenas 8 de las 31 son encabezadas por una mujer. Pese a la poca representación de mujeres en espacios de poder y de toma de decisión, en el proceso electoral de 2021 se registró un fuerte aumento en la violencia física, verbal y/o psicológica en contra de la mujer que, de acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), anuló e impidió el pleno ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra mujeres de zonas urbanas “Un político me encerró en contra de mi voluntad por más de una semana, casi secuestrada, en Valle de Ángeles”, testificó una de las mujeres que fue entrevistada para el estudio Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad. Estudio de caso en las áreas urbana y rural, realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en el marco del trabajo que realiza junto al Centro de Estudios de La Mujer-Honduras (Cem-H) y el Foro de Mujeres Políticas (FMPH). Estas tres organizaciones conformaron el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), una estructura que tiene como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real incursión y erradicar la violencia política hacia las mujeres, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). La entrevistada pertenece a un grupo de mujeres del sector urbano que forma parte de la esfera política de Honduras y que participaron en grupos focales o cedieron entrevistas para documentar el estudio. El 100% de estas mujeres ha sido candidata a un cargo de elección popular. El estudio, que también se documentó con una encuesta que se aplicó a las participantes, establece que, a nivel urbano, las mujeres que participan en política sostienen relaciones de pareja, son madres, profesionales universitarias, en su mayoría con posgrado; algunas de ellas cuentan con negocios propios. En otras palabras, son personas con responsabilidades múltiples a nivel personal y profesional. Sin embargo, sus logros no las exime de sufrir violencia política en razón de género. Las mujeres que representan a los sectores urbanizados del país, en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, se enfrentan a violencia psicológica, económica, sexual, física y simbólica, esta última tipología de violencia la reciben a través de medios de comunicación y redes sociales. Pero, principalmente, estas mujeres enfrentan abusos de poder por parte de quienes integran las estructuras partidarias. Más en específico, este grupo de mujeres enfrenta violencia ejercida por los “dueños y líderes” de los partidos políticos en los que militan. “Cuando una hace el trabajo de hormiga, saca la lista, ordena el salón, cuando pone las mesas, prepara el pastel, llama a la gente, ahí no pasa nada. Pero cuando esa mujer, que ha servido de hormiga, que ha hecho su trabajo, empieza a pedir un espacio dentro de la toma decisiones, ahí empezamos a estorbar y ahí es donde empieza

Escrito por Aimée Cárcamo Aleyda Suyapa Álvarez se encuentra en la larga lista de mujeres que han sido violentadas en su ejercicio de participación política en Honduras. Ella participó en las elecciones de 2021 como candidata a diputada por el departamento de Choluteca, en las filas del partido Unificación Democrática (UD). En la rifa para definir la ubicación de los candidatos y candidatas de su partido quedó en la primera casilla, pero sus compañeros decidieron colocaron a un hombre y a ella la dejaron en segundo lugar. Aleyda, quien es maestra de educación primaria, no logró convertirse en diputada en ese entonces, pero no desiste de su objetivo. En el 2025 participará nuevamente en la contienda electoral. “En Choluteca, en la historia, nomás recuerdo 3 mujeres diputadas que han llegado hasta allí”, dice, mientras cuestiona las diferentes manifestaciones de violencia por parte de los hombres, que enfrentan las mujeres que deciden incursionar en política. Ese hecho no es un caso aislado. Aleyda tiene muy claro que estas situaciones que enfrentan las mujeres tienen su cimiento en el patriarcado que impera dentro de los partidos políticos y que, incluso, se expresa de forma verbal en las reuniones partidarias en las que se defiende el “derecho” para que los hombres accedan a primeros lugares, mientras a las mujeres se les deja relegadas, a las “segundas opciones”. Mientras, “la violencia política sucede de forma muy silenciosa, pero muchas mujeres no lo admiten para encajar en sus partidos”, dice sobre el tema la precandidata a diputada por Francisco Morazán, Ana Lizeth Méndez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH). Y “una manifestación de esa violencia es omitiendo la participación de la mujer dentro de las mismas instituciones políticas”, afirma. Estas y otras situaciones relacionadas con diversos tipos de violencia enfrentan las mujeres que deciden incursionar en política en Honduras, tal como cita el informe “Violencia Política Contra las Mujeres: Un Desafío Global”, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el que establece que al menos el 80 por ciento de las mujeres políticas en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia o acoso durante su carrera política. Otro estudio, realizado por IDEA Internacional, indica que alrededor del 75% de las mujeres políticas han experimentado algún tipo de violencia o acoso, incluyendo amenazas, abuso en línea y ataques sexuales, mientras que el informe «Violencia Política Contra las Mujeres en América Latina y el Caribe» elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, destaca que el 52% de las mujeres políticas en la región han sufrido algún tipo de violencia o acoso político. Aleyda Suyapa Álvarez aspira a convertirse en diputada por el departamento de Choluteca, en el partido Unificación Democrática (UD). El informe de julio de 2021 de ONU Mujeres, «Prevenir la violencia contra las mujeres en la política», aporta otros elementos, como que “la violencia afecta negativamente la participación política de las mujeres, generando miedo, limitando su libertad de expresión y obstaculizando su capacidad para ejercer cargos públicos”, lo que socava la democracia. Una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres Recientemente, la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional dictaminó a favor de dos proyectos de ley cuyo fin es el de coadyuvar a la participación equitativa y el ejercicio pleno y libre de los derechos políticos de las mujeres hondureñas. El primero es el proyecto presentado por el Consejo Nacional Electoral (NCE), “Reforma por adición a la Ley Electoral de Honduras, del Título para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”. La segunda es una iniciativa de las congresistas Fátima Mena y Johana Bermúdez, intitulada “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en Honduras”. En ambos proyectos se plantea abordar de manera integral la promoción y aprobación de disposiciones con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Asimismo, asegurar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en igualdad de condiciones en todos los ámbitos y roles de la vida política y pública, particularmente en los cargos de gobierno. Ambos proyectos plantean respuestas a una problemática que desestimula la participación de las mujeres en procesos de elección popular e impacta, por ende, en la democracia. “No se puede hablar de democracia en un país en el cual la mitad de la población está excluida (…),la mitad de la población no tiene la posibilidad de externar sus demandas o su posicionamiento político sin tener una reacción de violencia”, reflexionó la diputada Silvia Ayala, integrante de la Comisión de Género del Congreso Nacional, en un evento organizado por el Foro de Mujeres Políticas, una organización que forma parte del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), espacio al que también pertenecen el Centro de Estudios de la Mujer -Honduras (CEM-H) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Desde COMUNH, estas organizaciones promueven la urgencia de aprobar esta Ley, porque afirman que la violencia política es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en política. “La violencia política desestimula y en muchos casos anula el ejercicio de participación política de las mujeres”, sostiene Dulce Davis, del Cespad. Agrega que “en materia de derechos políticos erradicar la violencia política contra las mujeres debe ser una de las principales apuestas, pues ya diversos estudios demuestran que la violencia política en razón de género es una de las principales causas por la que las mujeres no participan en política o abandonan su carrera política”. El proyecto de una ley de violencia política contra las mujeres ya había sido presentado en otras legislaturas, pero no había llegado a dictamen, recordó Ayala, quien también comentó que inicialmente se esperaba que la normativa fuera aprobada el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayala trajo a colación que, “el propio 8 de marzo decía un diputado… ¿y por qué les tenemos que aprobar una ley especial (a las

Escrito por Aimée Cárcamo Aunque en Honduras fue electa la primera mujer presidenta de la historia, en el Congreso Nacional apenas el 27% de las y los 128 diputados son mujeres, y de 298 corporaciones municipales las alcaldesas representan tan solo el 6.37% del total. Es decir, el decreto 35-2021 contentivo de la nueva Ley Electoral, que incluye los primeros mecanismos para incentivar la participación y representación política de las mujeres en Honduras, no tuvo los efectos deseados en las pasadas elecciones de 2021. Lo paradójico de estos resultados es que las mujeres son el 52% de la población hondureña y representan el 54% del padrón electoral. Sin embargo, las mujeres todavía se enfrentan a una serie de obstáculos que limitan su derecho a participar en política. El segundo domingo de marzo de 2025, Honduras acudirá a elecciones primarias e internas y el último domingo de noviembre de ese mismo año, a las elecciones generales. Pero, hasta el momento, no se avizoran cambios que garanticen la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas ventajas que sus pares masculinos. Paridad, alternancia y 15% para las mujeres En la Ley Electoral aprobada en el año 2021 se establece que todas las nóminas para cargos de elección popular, en todos los niveles electivos, deben estar integradas en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres. Asimismo, que se debe utilizar el mecanismo de alternancia por género, conocido popularmente como “la trenza”. Ese mecanismo debe aplicarse en las elecciones primarias e internas y en las generales cuando los partidos políticos no hayan celebrado las primarias. En otras palabras, sólo a los partidos que no realizan elecciones primarias se les aplica la alternancia en las elecciones generales. Aunque valora la ley de forma positiva, Dulce Davis, del equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), dice que la sociedad debe mutar hacia normativas legales que fomenten y protejan y garanticen la participación política de las mujeres, para lograrlo, “estos avances tienen que estar acompañados de otros instrumentos para asegurar el cumplimiento de esta ley”. Por eso hace hincapié en el trabajo que se desarrolla desde el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), integrado por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), del Foro de Mujeres Políticas de Honduras y del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), apoyado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). En COMUNH, estas organizaciones tienen como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real incursión y erradicar la violencia política hacia las mujeres. Y es que, si de violencia política se trata, las mujeres se enfrentan a diversas violencias que se traducen en agresiones físicas y psicológicas por medio del acoso sexual, acoso cibernético, campañas de difamación, estrategias de intimidación, hasta el arrebato de sus vidas. Ese escenario es la manifestación clara de una cultura política basada en la masculinización de los liderazgos, la discriminación y la instrumentalización de la mujer para alcanzar las cuotas. Todo esto se retroalimenta con la ausencia de marcos normativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Estos aspectos limitan a la mujer a desarrollarse plenamente en su ejercicio político o una vez instalada en el cargo para el que fue electa, acota Davis. La nueva Ley Electoral también aumenta el presupuesto asignado a los partidos políticos para fomentar el liderazgo de las mujeres, que gracias a la lucha del Foro de Mujeres Políticas (FMP) pasó del 10% al 15% del equivalente a la deuda política de las últimas elecciones generales. Davis señala que, aunque es probable que esos fondos se entreguen, es importante establecer reglamentos y dar seguimiento al uso que se haga de los mismos, para garantizar el mandato de la ley que es el “fortalecimiento del liderazgo político de mujeres”, por lo que es fundamental que las instancias electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL) vigilen su cumplimiento y sancionen a los partidos que no le dan el uso predestinado. Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres Políticas (FMP), no descarta que los partidos minoritarios sí están haciendo el uso correcto de esos recursos, pero al tener un menor caudal electoral los resultados no se reflejan en el número de mujeres en cargos dentro del Congreso Nacional o en las municipalidades. El desafío que enfrentan las organizaciones feministas es que los partidos políticos no rinden cuentas sobre la inversión real del 15% para fomentar el liderazgo de las mujeres, agrega por su parte el analista político Rafael Jerez. Una cultura machista Rodríguez también considera que los espacios para la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones están limitados igual o más que antes; existe una legislación, pero su aplicación es nula o fragmentada, y “no logramos que los partidos políticos cumplan con responsabilidades que tienen para promover a las mujeres políticas”. Citó como ejemplo que los partidos políticos les hacen campaña a los candidatos hombres, pero casi no invierten en publicidad ni les hacen promoción a las candidatas mujeres, entre quienes la falta de recursos económicos es una de las principales barreras que les impiden promoverse y visibilizarse. El panorama es menos favorable si además de ser mujer y ser pobre pertenece a una etnia. “Los obstáculos para participar en política empeoran”, dice Rodríguez. Otros agravantes son la edad de la mujer, si es muy joven o muy mayor, si sufre alguna discapacidad física o tiene una identidad de género diferente a la convencional. El cúmulo de dificultades que enfrentan las mujeres también está relacionado con el hecho de que en las juntas directivas de los partidos políticos los hombres son mayoría, ocupan los cargos de mayor peso y son quienes toman las decisiones. Lo anterior es parte de la cultura machista que persiste con argumentos y tendencias de relegar a las mujeres a los espacios privados y evitar que trasciendan a los escenarios públicos porque no

Escrito por: Nancy García Con música de fondo, entre las mujeres del Encuentro de Defensoras de los Bienes Comunes, encontramos a Leocadia Guity, quien en su amena plática comienza hablar del proceso de elaboración del cacao. Se muestra con su semblante severo, pero “capa por capa” vamos descubriendo que “Cayita”, como se le llama, es una mujer que ha dedicado su vida a fomentar el respeto de los derechos de las mujeres y de los pobladores de las comunidades Garífunas. Se levanta de la silla que ocupa y con una sonrisa se irradia todo, nos muestra las máquinas en las que se realiza el proceso de producción de una bebida a la que han nombrado choco-gifiti. “Primero se seca el cacao; cuando el gifiti ya está embazado en tambos se combina con el chocolate. Le agregamos azúcar, canela y se mezcla. Le echamos el gifiti y después otras cosas que son ocultas”, dice, mientras finaliza con una carcajada, para no develar el secreto que guardan las mujeres garífunas en su receta para crear una bebida que cautiva a quienes visitan su playa. Cayita pertenece a la organización Wagucha, una palabra garífuna que en español quiere decir Nuestra Raíz. Las raíces de Leocadia Leocadia Guity es una mujer que cimentó su destino en las fincas bananeras de la Lima, Cortés. “Allá crecí, hice mi escuela y todo”, dice, mientras agrega que es la hija de “en medio” de siete hijos e hijas que tuvo su madre. Recuerda su infancia en compañía de su madre, una mujer ama de casa y un padre instalado en los Estados Unidos; trabajó en una empacadora durante su estadía en la Lima, Cortés y luego pasó a trabajar en un hotel en las Islas de la Bahía. Dio sus primeros pasos en organizaciones, hace doce años. Dice que no se arrepiente de esa decisión que transformó su vida. “Yo empecé a hacer la lucha cuando me traslado a Trujillo. Desde ese tiempo comenzó mi lucha para hacerle ver a las mujeres que tenemos un valor y poder de hacer las cosas”, dice. Leocadia Guity. Foto: CESPAD. Para ella no ha sido tan difícil adentrarse a luchas colectivas, pese a la discriminación que siguen recibiendo los pueblos garífunas, pero reconoce que en la época de su madre la garantía de sus derechos era todavía un sueño. El rol de Leocadia En la organización de Wagucha hay hombres y mujeres. Ella hace de todo un poco: desde sembrar cacao, pimienta gorda, canela, vender choco-gifiti, asistir a capacitaciones y el apoyo a muchas mujeres que son víctimas de violencia. Wagucha les brinda a sus integrantes apoyo para sembrar un huerto de forma colectiva; cuenta con un restaurante para ofrecer lo que producen a las personas que llegan a visitar Trujillo. Es una organización con personería jurídica. Aunque los ingresos no son muy elevados, Leocadia disfruta su trabajo. “Me gusta, me gusta mucho; los ingresos son mínimos, pero nos sirve para medio solventar la vida”, señala. Además de Wagucha, Cayita es integrante de la Red de Mujeres de Trujillo. En esta organización se reúne con sus compañeras dos o tres veces al mes. Lo hacen en lugares públicos, como el quiosco del parque, en el mar, o en las instalaciones del INFOP. “Están organizadas más de treinta mujeres. Todas elaboran sus producciones y las muestran en las ferias”, explica. El lugar donde vive, trabaja y utiliza para sus reuniones es un territorio ancestral. “Nos han llegado empresarios y no estamos dispuestos a vender porque es ancestral. Los ancestros lo dejaron para nosotros y ver qué hacemos. No está en venta”, deja claro Leocadia. Leocadia lucha contra los vientos de la agresividad, para que las mujeres ya no sufran humillaciones de ninguna índole. “Yo les hago ver cuáles son los derechos y deberes, porque van de la mano”. Foto: CESPAD. Cuando una mujer acude a Cayita, primero les habla, las concientiza y las acompaña en la decisión que tomen. Siempre les recalca que es posible amarse y avanzar solas, porque ella ya lo ha hecho. Los días de Cayita y su amor por el mar Leocadia tiene claro que no quiere pareja en su vida. Es madre de cuatro mujeres y un varón que asesinaron en Lima. De sus hijas, la menor la acompaña en su hogar. Con ella comparte la alegría de su nieto. Cuando habla de su hija sus ojos le cambian, hay un brillo de orgullo y complicidad. “Está sacando cursos de tabla yeso y cielo falso y raso. No piensa en irse a Estados Unidos”, comenta. Cuando los huracanes Eta y Iota afectaron a Honduras, su familia no fue la excepción. Su hija se quedó sin nada. “No tenía nada que ponerse. No recibimos nada de lo gubernamental, solo el apoyo de la misma familia”. Son esas historias, preñadas de indignaciones, injusticias y un dolor que le han permitido fortalecer sus lazos con el mar. Es ese mar que escucha cuando se levanta y se instala debajo del palo de yuyuga que tiene sembrado en su casa. El que la acompaña cuando se prepara una taza de café y se toma el medicamento para combatir la diabetes. El que le sigue los pasos cuando baja al centro y la ve descansar mientras su hija realiza las labores domésticas. “Cuando mi hija está soy la reina de la casa”, comenta entre risas. Ese ese mar que la ve andar con sus amigas los fines de semana cuando sale a divertirse. El que le pide que las mujeres no callen, que sean más fuertes para denunciar la violencia y que respiren la libertad en todas sus dimensiones.

Por Alessandra Bueso Periodista del CESPAD Levantarse a las 3 y 30 de la mañana para alistarse y a las cuatro en punto comenzar a preparar la olla solidaria, no es un sacrificio para las mujeres que conforman la Red de Mujeres Unidas de la Colonia Ramón Amaya Amador, en Tegucigalpa. Desde la segunda semana de la pandemia, en el mes de marzo, comenzaron con esta actividad y otras actividades que buscan dar al menos dos tiempos de comida a las mujeres que venden condimentos y sal en los mercados, a las que se ganan la vida lavando y planchando o a las que trabajaban en casa y que desde que el coronavirus llegó vieron mermados sus ingresos, porque sus ingresos son del día a día. Estas mujeres han logrado sostener el proyecto por más de ocho meses; cuentan con el  apoyo tanto de las mismas mujeres adultas del grupo como de las jóvenes que se hacen llamar “las históricas”. Asimismo, de hombres adultos y jóvenes que (conscientes también de la necesidad) se suman, apoyan, madrugan, pelan verduras y colaboran con el aseo y las actividades recreativas para ser solidarios y cambiar la tensión y el estrés por alegría para las mujeres. “Aquí estamos las mujeres adultas, las jóvenes y también la red de mujeres mariposas. Todas hechas un nudo para ayudar”, nos comenta María Amalia Reyes Cartagena, quien es la coordinadora de Proyectos de la Red de Mujeres Unidas de la Colonia Ramón Amaya Amador, cuando estaba afanada preparando la olla de la sopa de mondongo que repartieron a 110 mujeres. Las mujeres se distribuyen tareas, tienen un equipo bien consolidado de trabajo y no se desaniman para trabajar en la cocina y elaborar la llamada olla comunitaria. “Unas echan las tortillas en el comal, otras pican la verdura. Las demás, desde las seis de la mañana empezaron a cortar y poner en el fuego el mondongo para que se ablandara. Es un grupo de 15 mujeres y hombres, están motivados, muy entusiasmados preparando la sopa”, agrega la lideresa del grupo de mujeres. Pero no se trata solo de comer. Lo que estas mujeres hacen es una mezcla de actividades mediante las que conviven por más de 12 horas, porque ven en la iniciativa un acto para conjuntar saberes. “Es dar de comer para convivir, es un trabajo que tiene su ancestralidad y es lo que nos permite atender a las compañeras”, indicaron. Aquí también se pone en práctica la medicina natural, porque también con los tés naturales están previniendo la pandemia, dicen. Es una costumbre que en todas las jornadas no falté el té de jengibre, canela y otras hierbas que saben que fortalecen las defensas. “Los tés de medicina natural nos previenen de la pandemia”, dijo una de las mujeres. Este espacio que organizan las mujeres de la Red Ramón Amaya Amador también es para escuchar, para que mujeres planteen sus problemas, descargar situaciones para hacerle frente a la situación de la seguridad alimentaria y desarrollar un trabajo a favor de la gestión comunitaria. “Construimos comunidad y en ese trabajo del cuidado estamos colectivizando el trabajo que ha sido de las mujeres y están compartiendo con hombres adultos y jóvenes”, explicó Reyes. ¡Mensajes… expresión del arte y de vindicación de derechos de las mujeres! En este espacio las mujeres de la Amaya Amador también realizan acciones que reivindican los derechos de las mujeres, como “la actividad de las pastillas”. Es responsabilidad de la red de mujeres jóvenes “las históricas”, las que se encargan de elaborar y pintar en cuadros en el piso, mensajes alusivos al respeto de los derechos de las mujeres. “Pintamos de color y ponemos frases de prevención de violencia contra las mujeres”, narró una de las jóvenes. Otras mujeres trabajaron con “el dominó feminista”, una actividad que consiste en que las mujeres se pinten sus rostros con los recuadros del juego dominó. Es un ejercicio de prevención en salud en el que se entregan caretas, mascarillas y gel de manos. En estas mujeres hay solidaridad, amor, entrega y convicción. El compromiso está presente ante el abandono del Estado para atender la crisis provocada por la pandemia. Muchas de las mujeres de estas colonias han tenido que albergar a otras que no cuentan con ingresos para pagar un techo donde vivir. Aquí también se ha alojado a familias que están refugiadas en un local de la red. “Esto es parte de la respuesta ante esta situación difícil que enfrentan las mujeres porque no hay un Estado que les dé respuestas”, agregó Reyes. Estas actividades significan para las mujeres una manera de dar de lo poco que tienen. El sentido está en compartir y por eso en cada jornada hacen el altar de la vida, que consiste en llenar una mesa de frutas, verduras y flores en agradecimiento a la vida. “Esto es existir y resistir. Así vemos nuestro trabajo y aquí estamos para darnos la mano una con las otras”, dicen. Así es un día de convivencia con las mujeres de la Amaya Amador. Más allá de la comida que suple la falta de alimento en los hogares de muchas mujeres, aquí también son escuchadas. Es el espacio en el que ellas encuentran igualdad y solidaridad; dan rienda suelta a su imaginación y son capaces de crear y de sentirse iguales. La red de mujeres es donde ellas se empoderan.