Escrito por Aimée Cárcamo Aunque en Honduras fue electa la primera mujer presidenta de la historia, en el Congreso Nacional apenas el 27% de las y los 128 diputados son mujeres, y de 298 corporaciones municipales las alcaldesas representan tan solo el 6.37% del total. Es decir, el decreto 35-2021 contentivo de la nueva Ley Electoral, que incluye los primeros mecanismos para incentivar la participación y representación política de las mujeres en Honduras, no tuvo los efectos deseados en las pasadas elecciones de 2021. Lo paradójico de estos resultados es que las mujeres son el 52% de la población hondureña y representan el 54% del padrón electoral. Sin embargo, las mujeres todavía se enfrentan a una serie de obstáculos que limitan su derecho a participar en política. El segundo domingo de marzo de 2025, Honduras acudirá a elecciones primarias e internas y el último domingo de noviembre de ese mismo año, a las elecciones generales. Pero, hasta el momento, no se avizoran cambios que garanticen la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas ventajas que sus pares masculinos. Paridad, alternancia y 15% para las mujeres En la Ley Electoral aprobada en el año 2021 se establece que todas las nóminas para cargos de elección popular, en todos los niveles electivos, deben estar integradas en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres. Asimismo, que se debe utilizar el mecanismo de alternancia por género, conocido popularmente como “la trenza”. Ese mecanismo debe aplicarse en las elecciones primarias e internas y en las generales cuando los partidos políticos no hayan celebrado las primarias. En otras palabras, sólo a los partidos que no realizan elecciones primarias se les aplica la alternancia en las elecciones generales. Aunque valora la ley de forma positiva, Dulce Davis, del equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), dice que la sociedad debe mutar hacia normativas legales que fomenten y protejan y garanticen la participación política de las mujeres, para lograrlo, “estos avances tienen que estar acompañados de otros instrumentos para asegurar el cumplimiento de esta ley”. Por eso hace hincapié en el trabajo que se desarrolla desde el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), integrado por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), del Foro de Mujeres Políticas de Honduras y del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), apoyado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). En COMUNH, estas organizaciones tienen como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real incursión y erradicar la violencia política hacia las mujeres. Y es que, si de violencia política se trata, las mujeres se enfrentan a diversas violencias que se traducen en agresiones físicas y psicológicas por medio del acoso sexual, acoso cibernético, campañas de difamación, estrategias de intimidación, hasta el arrebato de sus vidas. Ese escenario es la manifestación clara de una cultura política basada en la masculinización de los liderazgos, la discriminación y la instrumentalización de la mujer para alcanzar las cuotas. Todo esto se retroalimenta con la ausencia de marcos normativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Estos aspectos limitan a la mujer a desarrollarse plenamente en su ejercicio político o una vez instalada en el cargo para el que fue electa, acota Davis. La nueva Ley Electoral también aumenta el presupuesto asignado a los partidos políticos para fomentar el liderazgo de las mujeres, que gracias a la lucha del Foro de Mujeres Políticas (FMP) pasó del 10% al 15% del equivalente a la deuda política de las últimas elecciones generales. Davis señala que, aunque es probable que esos fondos se entreguen, es importante establecer reglamentos y dar seguimiento al uso que se haga de los mismos, para garantizar el mandato de la ley que es el “fortalecimiento del liderazgo político de mujeres”, por lo que es fundamental que las instancias electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL) vigilen su cumplimiento y sancionen a los partidos que no le dan el uso predestinado. Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres Políticas (FMP), no descarta que los partidos minoritarios sí están haciendo el uso correcto de esos recursos, pero al tener un menor caudal electoral los resultados no se reflejan en el número de mujeres en cargos dentro del Congreso Nacional o en las municipalidades. El desafío que enfrentan las organizaciones feministas es que los partidos políticos no rinden cuentas sobre la inversión real del 15% para fomentar el liderazgo de las mujeres, agrega por su parte el analista político Rafael Jerez. Una cultura machista Rodríguez también considera que los espacios para la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones están limitados igual o más que antes; existe una legislación, pero su aplicación es nula o fragmentada, y “no logramos que los partidos políticos cumplan con responsabilidades que tienen para promover a las mujeres políticas”. Citó como ejemplo que los partidos políticos les hacen campaña a los candidatos hombres, pero casi no invierten en publicidad ni les hacen promoción a las candidatas mujeres, entre quienes la falta de recursos económicos es una de las principales barreras que les impiden promoverse y visibilizarse. El panorama es menos favorable si además de ser mujer y ser pobre pertenece a una etnia. “Los obstáculos para participar en política empeoran”, dice Rodríguez. Otros agravantes son la edad de la mujer, si es muy joven o muy mayor, si sufre alguna discapacidad física o tiene una identidad de género diferente a la convencional. El cúmulo de dificultades que enfrentan las mujeres también está relacionado con el hecho de que en las juntas directivas de los partidos políticos los hombres son mayoría, ocupan los cargos de mayor peso y son quienes toman las decisiones. Lo anterior es parte de la cultura machista que persiste con argumentos y tendencias de relegar a las mujeres a los espacios privados y evitar que trasciendan a los escenarios públicos porque no