El Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (COMUNH), una estructura que tiene como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real inclusión y erradicar la violencia política hacia las mujeres, presentó dos estudios intitulados, el primero: “Persistencia de obstáculos y desafíos para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Actualización Diagnóstico alcances y aplicación de la legislación favorable a la equidad de género en la política”, y el segundo: “Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad. Estudio de caso en el área urbana y rural”. COMUNH está conformada por el Centro de Estudios de la Mujer–Honduras (CEM-H), el Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Ambos estudios, que son complementarios y presentan una radiografía de la situación que enfrentan las mujeres (a nivel legislativo y vivencial) cuando incursionan en espacios de participación política, estuvieron a cargo del CESPAD. Persistencia de obstáculos y desafíos para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.  En el 2021, el FMPH realizó un estudio mediante el cual se diagnosticó el alcance y aplicación de la legislación hondureña, favorable a la equidad de género. En el 2024, a través de COMUNH y del CESPAD se realizó una actualización de esos alcances y el avance en la aplicación de la legislación a favor de las mujeres en la política. El estudio hace un análisis de 4 ejes: las políticas de género e igualdad de oportunidades, los recursos del 15 % de la deuda política, la aplicación de la paridad y la alternancia, y la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entre las principales conclusiones del estudio se citan la persistencia de un estancamiento en la aplicación de la actual legislación a favor de las mujeres, porque no se presentaron avances visibles respecto al 2021 y 2024. Es decir, la actual legislación se considera una conquista relativa, porque hay diferencias sustantivas entre lo establecido en la normativa y su efectiva implementación. Por otro lado, persiste una subrepresentación de mujeres en cargos políticos; un incumplimiento a la paridad y alternancia en la conformación de las directivas y en las nóminas en las elecciones generales. Asimismo, se insiste en negar los recursos para el fortalecimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres y el apoyo para las candidatas. No menos grave, hay una persistencia de la violencia política contra mujeres por razón de género, pese a que es una violación de derechos humanos y uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en este ámbito. El estudio, preocupantemente establece que las mujeres se encuentran expuestas durante toda su trayectoria política, a los diversos tipos de violencia, la que se incrementa en la etapa electoral y es creciente en redes sociales y medios digitales. El estudio destaca el rol y el esfuerzo permanente del FPMH y las secretarías de la mujer en la realización de un trabajo fuerte a favor del robustecimiento de los derechos políticos de las mujeres, los aportes desde el CNE y las propuestas e iniciativas de normativas y reformas legales ante el Congreso Nacional. El estudio finaliza planteando una ruta crítica para la transformación e inclusión de las mujeres en el ámbito político, enfocado en el trabajo que debe realizarse en derredor del marco legislativo actual y de las reformas electorales que deben propiciarse de forma urgente. Asimismo, a nivel de los partidos políticos se recomienda la actualización de sus estatutos y reglamentos internos, según lo establecido en la legislación hondureña (garantizar la aplicación paridad y alternaria en las siguientes elecciones); la entrega de los fondos de la deuda política directamente a las secretarías de mujer; el fortalecimiento y respaldo igualitario a candidaturas de mujeres, en todas las fases de las elecciones. La ruta crítica también incluye al CNE y el papel que debe jugar la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización, en el seguimiento a la aplicación de las políticas de género, la elaboración de un reglamento del gasto del 15% de la deuda política, y el fortalecimiento de las políticas públicas de las mujeres. Asimismo, la ruta que debe seguir el Foro Mujeres Políticas de Honduras y la Cooperación Internacional, estructuras inmersas en evitar la conculcación de los derechos políticos de las mujeres. Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad. Estudio de caso en las áreas urbana y rural. Este estudio se realizó para conocer el impacto de la violencia política contra las mujeres, con enfoque de interseccionalidad, para la comprensión de las dinámicas en los espacios políticos organizativos del área urbana y rural de Honduras. Se enfocó en el análisis de la situación de la participación política de las mujeres, las manifestaciones de la violencia política, y el impacto y acceso a la justicia. Entre otros aspectos, concluye que las mujeres que participan en política, tanto en lo rural y urbano, enfrentaron todas las formas de violencia política por ser mujeres, a lo largo del ciclo electoral y en su desempeño como funcionarias. La violencia que enfrentan se origina en los estereotipos culturales sobre el rol de las mujeres en el cuidado de la casa, el esposo y la familia. Al romper con este mandato de género, las mujeres políticas son consideradas como mujeres que ejercen prostitución o prepago; en ambas zonas, las mujeres se enfrentan al estereotipo relacionados con que la política es para los hombres y no para las mujeres. Las mujeres consultadas dijeron que, en lo interno de los partidos políticos, en los períodos de las elecciones primarias, la violencia política en su contra se exacerba, y cuando se definen las candidaturas enfrentan violencia de los opositores, comunidades, líderes sociales, religiosos y generadores de opinión. En ese contexto, las mujeres denunciaron la ausencia de mecanismos de vigilancia y sanciones desde el Estado, que se convierten en un obstáculo para la aplicación de los mecanismos de acción positiva existentes, como la paridad, alternancia, asignación presupuestaria y