Descarga el estudio en PDF aquí. Las mujeres en Honduras han promovido la adopción progresiva de una legislación mediante la cual sus derechos han sido reconocidos, a través de mecanismos y políticas públicas dirigidas a la eliminación de las brechas y las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad que los hombres. Entre 1954 y 1955 se conquistó el derecho de las mujeres a votar y participar en la vida política, ejerciendo por primera vez este derecho en las elecciones de 1957. Desde entonces y hasta la fecha, debido a la permanente movilización, demandas y exigencias de las diversas organizaciones de mujeres y mujeres políticas, se han alcanzado progresos en términos legislativos que han establecido un marco jurídico más favorable para la participación política femenina. Estas leyes tienen como objetivo garantizar que las mujeres tengan acceso a cargos de elección popular y a posiciones de toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres e incluyen la implementación de medidas diseñadas para enfrentar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos de manera igualitaria. Estas medidas representan un logro sustancial promovido por las propias mujeres, pero se considera una conquista relativa debido a la brecha persistente entre lo establecido en la ley y su efectiva implementación. En este marco y con el objetivo de analizar el estado de situación sobre los alcances y efectividad de la aplicación de la normativa electoral, en una fase anterior, el Foro de mujeres políticas de Honduras (FMPH) realizó el estudio denominado: Avances y desafíos en la lucha por la inclusión de las mujeres en el escenario político en condiciones de igualdad, el que permitió contar con un seguimiento pormenorizado respecto al alcance de las leyes y su aplicabilidad en el período 2017 al 2021. El presente trabajo es realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) como integrante del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras(COMUNH), conformado, a la vez, por el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H) y el Foro de Mujeres Políticas de Honduras, con el objetivo de actualizar, al 2024, el estudio que se citó en el párrafo precedente. Se planteó generar evidencia que permita identificar el estado de situación actual respecto al cumplimiento de la normativa electoral vigente, para contribuir a identificar los nuevos desafíos que, en esta materia, requieren ser adoptados en el marco del próximo proceso electoral previsto para noviembre del 2025, para contribuir con la eliminación de los bloqueos o barreras persistentes en la lucha por la inclusión de las mujeres en el escenario político en condiciones de igualdad. La actual Ley electoral, aprobada en mayo del 2021, plantea avances favorables al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sin embargo, persisten déficits significativos en la participación política de las mujeres. Las brechas de género siguen siendo evidentes y se manifiestan en diversas formas, como la subrepresentación de mujeres en cargos políticos, la falta de recursos y apoyo para las candidatas, y la violencia política de género, que incluye acoso y amenazas contra mujeres que participan en la política. Este estudio de actualización priorizó un enfoque participativo, mediante la implementación de entrevistas a mujeres políticas pertenecientes a 8 partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso Nacional y que son parte del Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), que contribuyeron con la generación de reflexiones y propuestas. De manera paralela, se realizó el análisis de legislación comparada. El documento se encuentra dividido en 5 acápites. El primero refleja los principales instrumentos internacionales, regionales y nacionales favorables al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En el segundo se presenta una referencia de la legislación electoral vigente en sus contenidos más relevantes, favorables a la participación de las mujeres. En el capítulo tercero se desarrolla el análisis respecto a la elaboración y aplicación de los principios de la paridad y alternancia, de la Política de Género e Igualdad de Oportunidades, del 15% de la deuda pública asignada para el fortalecimiento de las mujeres, incluyendo, a su vez, la situación de violencia política contra las mujeres, por razón de género. El cuarto acápite se encuentra referido a las principales constataciones y conclusiones del diagnóstico, y en el capítulo quinto se plantea la identificación de ejes centrales para el desarrollo de acciones de incidencia y desafíos que las mujeres enfrentarán a futuro, para abordar las resistencias y brechas expresadas tanto en el interior del sistema político como de la sociedad civil, contribuyendo a profundizar la democracia y el alcance de la igualdad sustantiva.

Descarga el estudio en PDF aquí. Desde el año 2022, Iris Xiomara Castro Sarmiento tomó posesión de la presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Honduras. Esto significó un gran avance en la participación política de las mujeres. La historia de la participación política de las mujeres es reciente; el reconocimiento del derecho a votar y ser electas fue una conquista de los movimientos sufragistas de las mujeres hace tan solo 69 años. En una sociedad como la hondureña, con un profundo arraigo patriarcal, su ejercicio pleno ha implicado muchos retos y desafíos para las mujeres. Esta cultura, entre otros aspectos, se basa en promover estereotipos que asocian a los hombres con la esfera pública, con acceso a recursos y el poder. A las mujeres, al contrario, con la esfera privada, doméstica, familiar, de servicio y sin acceso a recursos o poder. Cuando las mujeres participan políticamente, para la sociedad, en general, es una ruptura de esos mandatos de género que tienen como consecuencia violencia y discriminación política por ser mujeres. Esta violencia y discriminación se normaliza, se tolera y se promueve socialmente, y tiene el objetivo de «devolver» a las mujeres a su rol tradicional. La violencia política contra las mujeres constituye una de los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos y una violación a sus derechos humanos. Es una de las principales causas del porqué las mujeres se retiran, renuncian o no participan en los procesos electorales o ejercen un cargo público. La participación política en igualdad de condiciones de género, para mujeres y hombres, es un requisito fundamental en el ejercicio de los gobiernos democráticos. La desigualdad y discriminación hacia las mujeres en su participación política, son una barrera estructural que impide el avance para alcanzar una democracia incluyente y el desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de los gobiernos, establecen como unas de las prioridades: 11 reducir significativamente todas las formas de violencia … y garantizar la adopción, en todos los niveles, de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades», (objetivo 16). Para la democracia paritaria, el impacto es negativo porque hay porcentajes bajos de mujeres en los cargos y puestos de gobierno. Para las mujeres y sus familias, las consecuencias psicológicas, económicas, personales y físicas les afectan de forma negativa a corto y a largo plazo. Lamentablemente en Honduras, la violencia contra la mujer en su participación política ha sido visible de forma esporádica, evidenciada enla mayoría de los casos por las organizaciones o espacios de mujeres y feministas. El Estado y los entes que rectoran los partidos y los procesos políticos electorales tienen una deuda con las mujeres que participan en la política partidaria, como: mejora del marco legal, estudio y monitoreo de la problemática, mecanismos de acceso a justicia, así como mecanismos efectivos de resarcimiento y de prevención para el futuro. La presente investigación es esfuerzo de COMUNH, una estructura que refleja las voces y experiencias de las mujeres que participan en la esfera política, y que se desarrolló con el objetivo de conocer el impacto de la violencia política contra las mujeres, con enfoque de interseccionalidad, para la comprensión de las dinámicas en los espacios políticos organizativos del área urbana y rural. Este informe evidencia las voces y experiencias de activistas, lideresas sociales, dirigentas, diputadas, funcionarias, alcaldesas y regidoras sobre la violencia que enfrentan por ser mujeres, cuando participan en los procesos electorales o ejercen un cargo. En el orden de lectura, en el apartado tres del presente informe se hace un resumen de la metodología implementada. En el apartado cuatro se expresan los principales aspectos del marco conceptual que orientaron el estudio. En el apartado cinco se revisa el marco legal a nivel internacional, regional y nacional referente a la violencia política en razón de género. En el apartado seis, los elementos sobre violencia y participación política de las mujeres más relevantes del marco contextual y político. En el apartado siete se describe el estudio de caso urbano, el que contiene las distintas manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, su impacto, los agentes y el acceso a la justicia en esta zona.  En el apartado ocho se describe el estudio de caso urbano, el que contiene las distintas manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, su impacto, los agentes y el acceso a la justicia en esta zona. En el apartado nueve se presenta un resumen comparativo entre los dos estudios de casos, reflejando las principales similitudes, diferencias y desafíos. En el apartado diez se brindan las conclusiones del estudio. En el apartado once las recomendaciones y, por último, en el apartado doce la bibliografía.