Descaraga el análisis de coyuntura en PDF aqui. Escrito por Dulce Davis La instalación de un nuevo gobierno, en teoría, suele venderse bajo la narrativa del cambio, pero en el gobierno de Nasry Asfura esta promesa se estrella contra una realidad de contradicciones ideológicas. Mientras algunos funcionarios públicos, diputados y diputadas ensayan discursos alineados con los derechos de las mujeres, los simbolismos caminan en sentido opuesto: la exhibición de la bandera “provida” en actos de Estado y el marcado sesgo familistas de su investidura no parecen ser errores de forma. Ante este escenario, la pregunta no es si existe “la posibilidad” de una agenda de protección, la pregunta es ¿las mujeres en Honduras están ante una instrumentalización del discurso de género para maquillar un proyecto conservador? o ¿estas señales son un retroceso disfrazado de pragmatismo político o, simplemente, la continuación de una histórica tradición en la cual los derechos de las mujeres se subordinan a pactos de poder y cuotas ideológicas, sin importar el color del partido de turno? En ese breve contexto, este análisis está orientado a: Evaluar si las acciones recientemente anunciadas representan una verdadera agenda de protección de los derechos de las mujeres. Identificar las contradicciones existentes y, desde una perspectiva crítica, proponer elementos clave para una agenda integral, sostenible y que adopte un enfoque genuino en los derechos de las mujeres. Datos y estadísticas alarmantes Este análisis cobra especial relevancia en un escenario donde “Honduras continúa figurando como uno de los países más peligrosos de la región para el sector de las mujeres, con altas tasas de femicidios que registran 7,2 casos por cada 100.000 mujeres”[1], según los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Aunque la violencia no distingue edades ni niveles socioeconómicos, es evidente que la mayor concentración de casos afecta a mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. La violencia sexual, física y simbólica contra mujeres, niñas y adolescentes forma parte de una cadena de violencia que, en su expresión más extrema, termina en feminicidio. La violencia que sufren las mujeres no puede seguir interpretándose como hechos aislados. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se registran 33 las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras[2]. Además, existe una problemática adicional de violencia estatal e institucional, que se manifiesta cuando el Estado no implementa los marcos protectores y no activa los mecanismos necesarios para garantizar la vida y la integridad de las víctimas. Las altas tasas de impunidad envían un mensaje claro: las vidas de las mujeres no importan. Cuando no existen mecanismos efectivos de prevención, investigación y sanción, la violencia se perpetúa. La negligencia del Estado no sólo deja a las víctimas en indefensión, sino que también premia al agresor y transmite a la sociedad la falsa idea de que cometer un crimen contra una mujer, niña o adolescente no tendrá consecuencias. Por ello, todas las muertes violentas de mujeres deben entenderse también como una responsabilidad del Estado. No solo por su incapacidad de sancionar, sino por la ausencia de políticas preventivas capaces de transformar las condiciones que permiten que esta violencia persista. La aprobación de leyes de educación integral, el abordaje estructural de la violencia de género, campañas sistemáticas de prevención y la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en los marcos regulatorios necesarios para enfrentar esta crisis. Los femicidios íntimos (4), por violencia intrafamiliar (1), por conexión (11), por violencia sexual (4), por delincuencia organizada (2), los que aún no se determinan, los homicidios y todas las muertes violentas[3], así como las desapariciones, las violencias a nivel físico, psicológico y simbólico forman parte de un mismo sistema de violencia que podría prevenirse si existieran políticas públicas eficaces. Los patrones de agresión están profundamente relacionados con los niveles de permisividad social, la impunidad y la ausencia de castigo efectivo, en medio de una sociedad que normaliza la violencia, y un sistema institucional que no logra establecer límites claros. Si las etapas iniciales de la violencia no se abordan a tiempo, pueden escalar hacia feminicidios, desapariciones y otras formas extremas de agresión. Lo que sucede en Honduras no es únicamente un problema de criminalidad, sino una epidemia de violencia que se ha convertido en una auténtica crisis de seguridad nacional. La impunidad como eje del problema Diversas organizaciones de mujeres han señalado una debilidad fundamental: “la investigación deficiente por parte de los operadores de justicia”. Las mujeres organizadas cuestionan que la falta de mecanismos investigativos que permitan abordar cada etapa del proceso de manera integral. “Por ejemplo, la adecuada custodia de las pruebas presenta sería deficiencias, además, no se cuenta con peritajes forenses adecuados que garanticen la rigurosidad del proceso investigativo y permitan establecer con claridad los casos de femicidio. Como resultado, las pruebas suelen contaminarse y los resultados de las investigaciones quedan limitados”, señaló Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H).[4] Esta situación está estrechamente vinculada a la falta de recursos, a la escasez de personal especializado y al debilitamiento institucional. Como consecuencia, muchas víctimas no encuentran condiciones seguras para denunciar, lo que contribuye a profundizar el ciclo de violencia. La impunidad termina funcionando como un mecanismo que protege al agresor. En muchos casos, no solo no se sanciona al perpetrador, sino que, además, se revictimiza a la víctima, quien enfrenta procesos judiciales sin el acompañamiento ni las garantías necesarias para su seguridad e integridad. Por esta razón, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no puede entenderse únicamente como un problema criminal. También refleja una falla estructural del sistema de justicia y, en consecuencia, constituye una falla del Estado hondureño en su deber de proteger a su ciudadanía. El nuevo escenario político: señales, propuestas y expectativas En medio de la gravedad del problema, el escenario político actual muestra algunas señales positivas, pero aún sin cambios efectivos. Una de las señales más destacadas es la apertura del Poder Legislativo para recibir a mujeres organizadas y escuchar sus demandas. Este dialogo