El presente informe tiene como propósito central sustentar técnicamente la necesidad de fortalecer el marco normativo e institucional electoral hondureño, para que la paridad formal deje de operar únicamente como un simple requisito de inscripción y se traduzca en una participación política sustantiva, una redistribución efectiva del poder y condiciones equitativas de competencia para las mujeres. El análisis responde a una pregunta transversal: ¿qué evidencia demuestra que las limitaciones institucionales impiden que la paridad legal se traduzca en una participación política sustantiva de las mujeres y, por ende, justifican la necesidad de reformas? La tesis del informe sostiene que la interacción entre el diseño normativo, las prácticas partidarias y los factores estructurales produce patrones recurrentes de desigualdad que el marco electoral vigente no logra prevenir ni corregir. En consecuencia, el problema central trasciende la mera  presencia de nombres femeninos en las planillas; radica en las asimetrías materiales y políticas que condicionan todo el ciclo de participación: el acceso, la competencia, la elección, el ejercicio y la permanencia en los cargos de decisión. Honduras registra avances normativos relevantes en su Ley Electoral: el reconocimiento de la igualdad y la paridad, el mandato del Consejo Nacional Electoral (CNE), la regulación del financiamiento político y la adopción de estatutos internos en los partidos. Sin embargo, estos instrumentos coexisten con una brecha persistente entre el reconocimiento formal y su capacidad transformadora. Son normas que regulan la entrada al proceso electoral, pero no siempre intervienen en las relaciones de poder reales que definen quiénes compiten con ventaja, quiénes resultan electas y quiénes logran consolidar sus carreras políticas La evidencia empírica de los procesos recientes confirma que el avance de las mujeres en la oferta electoral no se ha traducido en una distribución efectiva del poder. En los procesos de 2025, las mujeres alcanzaron cerca del 47% del total de nominaciones y aproximadamente el 43.26% de las candidaturas a diputaciones; sin embargo, solo el 10.96% de las postulaciones a alcaldías. En los resultados, de 128 escaños, solo 38 están siendo ocupados por diputatdas. En el ámbito municipal, la exclusión fue aún más profunda, estancándose en un 8%, de 298 alcaldías, apenas 23 mujeres ocupan cargo de alcaldesas en todo el país. Paridad Formal Poder Desigual – INFORME