Escrito por: Aimée Cárcamo, Rubén Escobar y Claudia Mendoza
Entre las autopostulantes para el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia (2023-2030), se encuentra la abogada Norma Iris Coto, cuyo nombre figuró en el pasado, entre las personas que concursaron para el puesto de fiscal general de la República, pero también en una investigación por supuesto abuso de autoridad y tráfico de influencias.
No es la primera vez que Coto busca integrar el pleno de la Corte Suprema, ya que participó en el proceso de selección de aspirantes a magistrados que realizó la Junta Nominadora del período 2015-2016.
En el Poder Judicial y Ministerio Público
Los inicios profesionales de Norma Iris Coto se remontan al año 1984, cuando fungió como procuradora regional en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hasta el año 1992. Así mismo, según su perfil de Linkedin, se desempeñó como procuradora y fiscal de menores.
A partir de 1992 asume como inspectora de jueces y tribunales y entre 1998 y 2002 realiza funciones como fiscal del Ministerio Público. Le sigue una etapa como jueza de Sentencia, cargo que desempeñó hasta el año 2011.
Candidata a magistrada y a fiscal general
En el 2009, Norma Iris Coto fue propuesta por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una de las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora, como candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En esa fase, Coto tuvo que salir públicamente a negar que su nombre estuviera en una “lista negra” de profesionales del derecho investigados por la embajada de Estados Unidos.
Además, en un aparente “error involuntario” fue excluida de la etapa final del proceso de selección de magistrados realizado por la Junta Nominadora, que la incluyó, finalmente, aunque no llegó a integrar la nómina de 45 candidatos y candidatas enviada al Congreso Nacional.
También, en el 2009 fue parte de la lista de cinco candidatos al cargo de fiscal general de la República propuesta por la Junta Proponente ante el Congreso Nacional.
Mientras que, en el organigrama del Poder Judicial, su nombre figura como coordinadora de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, ente en el cual es magistrada desde septiembre del 2011.
Investigación por corrupción
En el 2013, personal de Inspectoría de Tribunales del desaparecido Consejo de la Judicatura intervino la Corte de Apelación Penal “para que se indague una denuncia interpuesta contra una magistrada por supuestos actos de corrupción”, publicó el diario La Prensa.
Según la denuncia, en esa Corte habría un manoseo de expedientes y retardo de justicia por parte del personal, incluidos magistrados.
Solicitud de antejuicios en su contra
En marzo del 2012, el medio Red Informativa publicó en su cuenta de Twitter sobre una solicitud de un antejuicio contra la magistrada Norma Iris Coto por suponerla responsable de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En el 2014, el diario El Heraldo informó también sobre una solicitud de antejuicio contra Norma Iris Coto y otros dos magistrados de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula por sus resoluciones en dos expedientes “en sentido contrario a lo que establece la Constitución de la República, desconociendo los principios que garantizan la imparcialidad, la igualdad de los intervinientes en el proceso y protección al debido proceso”.
El Ministerio Público también planteó un incidente de recusación contra Coto en uno de esos dos casos. Posteriormente, el Poder Judicial aclaró que ella no había sido juez ni integrante en la etapa anterior del proceso en que se pidió recusación.
Otra solicitud de antejuicio en su contra
El 18 de agosto del 2015, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que “se instruya el proceso especial de antejuicio y se declare ha lugar la iniciativa de persecución penal” contra Norma Iris Coto, “por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública”.
Según la publicación de La Prensa, la solicitud se desprendió de un fallo condenatorio emitido en el 2012 por el delito de homicidio culposo en contra de unos doctores, quienes tenían que haber cumplido tres años de prisión.
Los apoderados legales de los doctores, a quienes el tiempo se les estaba agotando para presentar los recursos correspondientes, buscaron al hijo de la magistrada Coto, el abogado Rafael Murillo Coto, “para que este a través de su madre buscara influencias a su alcance en la Corte de Apelaciones”, señala el diario en su versión digital.
La abogada Coto habría hecho varias llamadas a los jueces para tratar de ubicar a la persona que estaba de turno en ese momento, para que se interpusiera el recurso a favor de los galenos.
De allí que “se considera que violentó preceptos jurídicos al influir en el personal de la Corte de Apelaciones y evitar en su momento acciones correspondientes contra los responsables”, refiere el citado medio de comunicación.
Asegura que es persecución
Coto calificó la solicitud de nuevo antejuicio como una persecución del Ministerio Público, ya que se acercaba la elección de los nuevos magistrados de la CSJ.
En enero del 2016, la Sala de lo Penal declaró no Ha Lugar el antejuicio promovido contra ella y los otros dos magistrados de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.
Y al año siguiente, en mayo del 2017, el Ministerio Público anunció la “nulidad absoluta al fallo que declaraba sin Lugar el antejuicio contra la magistrada Coto por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
“La Corte de Apelaciones manda devolver los autos a la Sala de lo Penal”, publicó La Prensa.
Defiende el nuevo Código Penal
En el 2020, durante la segunda vacatio legis del nuevo Código Penal, la abogada Coto defendió esta normativa tildándola de “más justa” porque favorece a los “delincuentes humildes” que son la mayoría, ya que los de “cuello blanco” son apenas el 5% de los casos que ingresan a los juzgados.
Las reformas al Código Penal fueron aprobadas en el 2021 y según el análisis del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), “bloquean la lucha contra la corrupción y profundizan los pactos de impunidad”.
En medio de una azarosa carrera profesional, Coto hoy aspira a convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras 2023-2030.
