Escrito por: Rubén Escobar, Aimée Cárcamo y René Estrada
Ninguno de los aspirantes a magistrado ha estado tanto tiempo en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, como el abogado Edgardo Cáceres Castellanos, quien hace 56 años se recibió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y hace 53 recibió el exequátur. Actualmente, este magistrado, quien ha sido catedrático universitario, diputado del Congreso Nacional en representación del Partido Liberal, busca una cuarta reelección.
Sus dos primeros periodos como magistrado fueron en 1994-1998 y en 1998-2002. Este fue el último periodo de cuatro años, pues en el 2001 se reformó la ley, se estableció la figura de la Junta Nominadora como organismo proponente de los candidatos, y el periodo de los magistrados pasó a ser de 7 años.
En enero del 2016 Cáceres fue seleccionado por el Legislativo para integrarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por tercera vez. Dado que sus estudios y experticia se enfocan especialmente en el Derecho Laboral, forma parte de la Sala que trata esa temática, junto a los abogados Miguel Alberto Pineda y María Fernanda Castro.
De acuerdo con el periódico digital “El Libertador”, Cáceres Castellanos es primo del ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, miembro de la Junta Nominadora que presentó a los 45 candidatos, una lista de la cual salió electa la actual Corte Suprema de Justicia de Honduras. Ese parentesco no fue informado a los proponentes ni a la sociedad hondureña, según el medio.
¿Un magistrado “opaco”?
El abogado Castellanos asegura tener méritos para volver a ser magistrado y enfatiza que las críticas que ha escuchado son contra el Poder Judicial y no contra él, de forma personal. Sin embargo, esa ausencia de críticas podría derivarse de su no intervención en los grandes temas de país. Por ejemplo, medios de comunicación digitales como El Pulso, advierten que durante sus 7 años como magistrado “ha permanecido opaco” y que “no se le conoce por haber contribuido a aplicar la justicia laboral” en el país.
El mismo medio enfatiza que los magistrados en su conjunto aceptaron, sin protesto, disposiciones arbitrarias aprobadas en el Congreso Nacional, como la participación en reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en la que se sometía al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo, que presidía Juan Orlando Hernández.
También, el pleno de la Corte, del cual formó parte Cáceres Castellano, apoyó sin mayor cuestionamiento el establecimiento de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), pese al amplio debate en torno al tema. Incluso, el 14 de junio de 2021, el pleno de magistrados sesionó y dispuso crear órganos jurisdiccionales con competencia exclusiva en dichas zonas. “Esta jurisdicción especial conocerá de los asuntos en las materias penal, niñez y adolescencia de conformidad con la Constitución, tratados internacionales vigentes en la República de Honduras y las leyes aplicables”, reseñó el acuerdo de los magistrados, aprobado por unanimidad.
La actual Corte Suprema tampoco cuestionó el llamado “Código Penal de la Impunidad”, pese al amplio debate generado a causa de la reducción de penas para delitos de corrupción, narcotráfico e incluso crímenes de tipo sexual.
Poco después de asumir el cargo, en febrero de 2016, el magistrado Cáceres Castellanos aseguró que junto a sus compañeros trabajaría para “fortalecer el Estado de derecho”.
Sin embargo, esa sigue siendo una tarea pendiente, de acuerdo a World Justice Project, que ubica a Honduras en el sitio 126 de 139 países en el mundo en cuanto al respeto al Estado de derecho, y en el lugar 28 de 32 países en América Latina y el Caribe.
En un Estado de derecho todas las personas, naturales y jurídicas, se someten a un cuerpo de códigos y leyes, compatibles con principios internacionales de derechos humanos. Hay garantía de igualdad ante tales leyes, separación de poderes, transparencia y participación de los ciudadanos en las decisiones importantes del país.
El magistrado asegura que ha planteado “muchas iniciativas” ante el pleno de la Corte, pero reconoce que “por razones de tiempo no van a ser analizadas y que si llego a ser magistrado las voy a impulsar”. Es decir, en 7 años no llevó a término sus proyectos, por lo que necesita un nuevo periodo.
Como juez natural, Cáceres dio trámite a un requerimiento contra el entonces titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, en septiembre de 2019, acusado por el Ministerio Público por “delitos de tala de árboles, descombro, daños ambientales y aprovechamiento de producto forestal” en un terreno de su propiedad en el Parque Nacional La Tigra.
Los medios reseñaron el caso hasta el 29 de noviembre de 2019, cuando Guevara recibió un auto de formal procesamiento. Después de esa audiencia no hay registros en los medios de cómo concluyó el enjuiciamiento.
Incursión en diferentes ámbitos
La vida profesional de Cáceres Castellanos se ha extendido por diferentes ámbitos, y de ser electo nuevamente como magistrado, el abogado Cáceres Castellanos tendrá 90 años cuando termine su periodo.
Desde inicios de los años 70 fue catedrático en la UNAH, especialmente en materias de Derecho Laboral. También ocupó cargos relevantes en la estructura administrativa, como secretario general, miembro del Claustro Pleno y asesor legal.
En su hoja de vida se lee que ha sido miembro fundador de diferentes organizaciones vinculadas al Derecho, en Latinoamérica y España, como la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; y la Asociación Hondureña de Estudios Jurídicos y Sociales.
Ha sido políticamente identificado con el Partido Liberal, entidad a la que representó como diputado en el periodo de 1990-1994, y tras concluir su periodo quedó por algunos meses como asesor jurídico del Congreso Nacional.
Ejerció el Derecho de forma privada por al menos cuatro décadas, y en diferentes momentos llegó a ser consultor de la Organización Internacional del Trabajo, notario del Banco Centroamericano de Integración Económica y asesor jurídico de la junta directiva del Instituto de Previsión Militar.
El abogado Castellanos es uno de los candidatos que ha superado distintas etapas en el proceso para volver a ser magistrado, un cargo por el que sus titulares perciben actualmente un salario mensual de 171,218.17 lempiras, además de gastos de representación de entre 60,000 y 69,000 lempiras, según una investigación del medio digital Criterio.hn.
El proceso continúa y en los próximos días se conocerá el listado de quienes lograron pasar la etapa de la investigación, para luego someterse a la etapa de “denuncias y tachas”.
Finalmente se procederá a una de las fases clave, las entrevistas públicas, previo a darse a conocer el listado final que deberá llegar al Congreso Nacional el 17 de enero de 2023, según lo estableció la Junta Nominadora en su cronograma.