Escrito por Claudia Mendoza
Se presentó a la cita muy sonriente, muy feliz, con su rostro delicadamente maquillado. Era su cuarto domingo fuera de las frías celdas de una cárcel en la que ha permanecido desde el 2021, tras haberse defendido de un hombre que abusó sexualmente de ella durante varias horas en un motel. Las circunstancias la hicieron tomar una elección: era él o era ella.
El encuentro con Lisby Allen Bardales comenzó con un abrazo profundo que dio paso a una melancólica conversación. Mientras caminábamos, observaba todo con cautela; de su cuerpo parecía emanar el miedo acumulado en su interior tras el episodio que comenzó la infausta tarde del 4 de julio de 2021, cuando fue sacada por la fuerza de su casa de habitación, trasladada a un motel y abusada sexualmente durante horas por Mártir Adonay Carbajal.
Los detalles de este hecho, ocurrido en Olanchito, departamento de Yoro, cuando apenas tenía 18 años de edad, se narraron ampliamente en las tres entregas anteriores. Pero falta la cuarta parte, la que relata el tramo en el que se completan cinco años de un encierro que podría culminar en febrero de 2027, debido a un procedimiento abreviado que debió aceptar para reducir su condena.
Hoy, a Lisby se le ha concedido la preliberación, una figura que le abre las puertas de la prisión cada fin de semana, pero obligándola a cargar oficialmente con la marca legal y social de «asesina», por las profundas deficiencias de un sistema sancionador, de un sistema punitivo sin perspectiva de género.
El recorrido carcelario y el despertar de la consciencia
Tras la llamada que Lisby hizo al 911 para denunciar el abuso sexual que sufrió y los disparos que le infligió a su agresor, su vida dio un vuelco inimaginable. Con ese acto comenzó un proceso judicial sórdido, consignado en el expediente número 0101-2023-00104 en el Juzgado de Ejecución Judicial de La Ceiba, Atlántida, engrosado por una serie de documentos plagados de falencias y omisiones que impidieron construir una defensa legal con enfoque de género.
Lisby fue enviada inicialmente al Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro. Relata que las condiciones de hacinamiento allí eran terribles, sumadas a las severas limitaciones en la infraestructura y los servicios básicos. Tras permanecer un poco más de tres años en ese recinto, en 2024 fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en el valle de Támara, Francisco Morazán.
“Ese cambio fue muy duro. Allá en Olanchito estaba cerca mi mamá y mi hija; las podía ver todos los fines de semana si era posible, pero en Támara es muy difícil porque, por la distancia, desde allá hasta acá se gasta bastante”, narra.
Aunque las condiciones en la PNFAS son levemente mejores, el acceso al agua sigue siendo un problema crítico. “En ambos lugares he tenido que bañarme con una bolsita de agua, de esas que uno se bebe de un solo”, comenta mientras sonríe al recordar esas anécdotas.
Una medida que trunca sueños dentro y fuera de prisión
En la actualidad, Lisby ejerce su derecho a la preliberación, el que le fue otorgado un año antes de alcanzar la mitad de su condena de 11 años y tres meses de prisión. El beneficio le fue concedido por su buena conducta, su colaboración con las autoridades y por haber completado el programa de las 3R (Reeducación, Rehabilitación y Reinserción Social).
Desde entonces, cada sábado a las 8:00 a.m. significa para ella cruzar los portones de la PNFAS para reencontrarse con un mundo del que estuvo desconectada durante cinco años.
“La primera vez que salí estaba muy nerviosa, sigo nerviosa, porque no conozco aquí, el lugar donde estoy. Pasaron tantas cosas por mi mente. ¿Cuál va a ser mi reacción al estar afuera, al ver tanta gente? ¿Podré interactuar con personas fácilmente, al volver a ver a mi hija, tenerla cerca y dormir con ella?”.
Lo que Lisby más anhela es recuperar el tiempo que estuvo fuera de la vida de su pequeña Mía y de su madre, Ada. Sin embargo, ambas residen a más de 300 kilómetros de Tegucigalpa, la ciudad donde se le obliga a cumplir la preliberación. La comunicación con ellas se limita a llamadas telefónicas durante los fines de semanas, mensajes de texto o visitas muy esporádicas cuando los recursos económicos alcanzan para visitarla.
La primera vez que Lisby se encontró cara a cara con su hija, fue en la tercera ocasión que salió debido a la preliberación. No había dinero; Ada trabajó muy duro en Olanchito para comprar el pasaje y viajar con la niña para encontrarse con Lisby.
“Yo sentí un cosquilleo en mi estómago, en mi corazón; tan bonito todo. Sentimientos encontrados. Mirar a mi hija, que la dejé muy pequeña, y ahorita que saldré ya está más grande. Ha estado mucho tiempo sin mí y, pues, tengo que recuperar mucho amor y el cariño perdido de ella hacia mí”, dice con una voz atragantada y lágrimas que quisieron salir pero que se quedaron como brillo en sus ojos.
Lisby gestionó su traslado al centro penal en Olanchito, pero el Sistema Penitenciario denegó su solicitud. La medida la obliga a permanecer en Tegucigalpa; salir de la ciudad implicaría una sanción severa por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario, que podría suspenderle el beneficio de forma temporal o definitiva.
Sumado al desarraigo, la preliberación frenó sus estudios de educación secundaria. “Al ingresar a la preliberación durante los fines de semana, el sistema penitenciario le dio de baja del programa educativo”, explica la abogada Leyla Díaz, de la Red Lésbica Cattrachas, la organización que hizo visible su caso y los yerros de su proceso judicial.
“El sistema vulnera su derecho a la educación. Lisby no puede retomar las clases entre semana porque, por protocolo, se le aísla del resto de la población penal en proceso. Tampoco puede inscribirse durante los fines de semana, fuera del centro penitenciario”, acotó la abogada.
Díaz también cuestiona que la medida actual no le facilita a Lisby la reinserción social. En lugar de eso, la preliberación se ha convertido en una suerte de “prisión más amplia” en Francisco Morazán. En una ciudad donde no conoce a nadie, conseguir un empleo los fines de semana es una meta casi imposible, especialmente cuando carga un estigma legal sobre sus hombros: privada de libertad con medida preliberacional.
La “metamorfosis” en el encierro
De una forma muy cruel, estos cinco años le han permitido a Lisby conocer otro mundo, uno que describe con matices grises, miedos, añoranzas y lágrimas que no dejaron de caer durante noches enteras. También conoció muchas mujeres con historias tan o más impactantes que la suya. Pero todas, irremediablemente, le configuraron un universo que, hasta antes del 4 de julio, no existía en el suyo.
Entre la escasez de todo y la abundante solidaridad de sus compañeras, Lisby experimentó en prisión una especie de “metamorfosis”.
“La cárcel transforma a las personas. Cuando yo caí privada de libertad estaba más joven. Nunca había puesto interés sobre ninguna persona en prisión y cuando hablaban de presos nunca pensé en cómo pasarán, qué es lo que harán, nunca me interesó nada”, afirma.
Tras su encarcelamiento en 2021, Lisby comenzó a sobrellevar las duras situaciones y las dificultades que enfrentaban todas las mujeres. Eso hizo que despertara en su interior lo que llama “la parte humana”.
“La gente de afuera ni por cerca tiene idea de lo que pasa aquí. Vi muchas madres sufrir porque sus hijos quedaban solos, sin nadie por ellos y en la calle. Hay tantas dificultades que nos hacen más humanitarios, al ver tantas necesidades aquí adentro”, dice.
El aprendizaje humanitario que se consolidó entre historias de supervivencia y de escasez hizo a Lisby repensar su propio escenario, valorar de otras formas el encierro.
“Adentro hay muchas madres que tienen hijos, que admiro bastante porque a pesar de estar adentro luchan y trabajan para mantener a sus hijos. Buscan la manera de trabajar a pesar de que, desde allí, es bien difícil”, agrega.
Un histórico precedente, en manos de la Sala de lo Constitucional de la CSJ
El 8 de enero de 2025, la organización Cattrachas presentó un recurso de revisión con el objetivo de anular la sentencia. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo admitió el 31 de enero del mismo año. Sin embargo, ha transcurrido un año y medio sin que se emita una resolución al respecto.
El recurso, según la abogada de Cattrachas, busca derogar la sentencia y demostrar que Lisby actuó en legítima defensa porque previamente fue víctima de secuestro y agresión sexual. Pero, aunque en noviembre de 2025 se hizo una argumentación para robustecer sus fundamentos, el recurso sigue sin resolverse.
«Nosotras insistimos en la petición de libertad para Lisby y en que se reconozca que actuó en legítima defensa frente a la agresión sufrida, situándola como víctima de violencia y eximiéndola de responsabilidad penal. En consecuencia, procede el otorgamiento de su inmediata libertad y la emisión del correspondiente sobreseimiento definitivo (o absolución), ordenando el archivo de las diligencias sin que esto genere registro de antecedentes penales o policiales en su contra», afirma.
La apuesta de Cattrachas es sentar un precedente histórico en Honduras. La aceptación del recurso de revisión obligaría al Poder Judicial a juzgar la legítima defensa con enfoque de género, reconociendo que las mujeres sobrevivientes de violencia sexual actúan en contextos de riesgo inminente y desigualdad de poder. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen en sus manos la oportunidad de hacer de Lisby Allen el primer caso vinculado con perspectiva de género.
Por otro lado, al aceptarse el recurso de revisión, el procedimiento abreviado se evidenciaría como un mecanismo procesal coercitivo, ante el espejismo que significa la aceptación de la culpa a cambio de la disminución de una pena. Con este procedimiento, el Estado prácticamente obliga a las sobrevivientes a declararse culpables y cargar con esa estigmatizante libertad.
Aunque ha sido parte de otras organizaciones que han propiciado la capacitación de los operadores de justicia, la representante de la Red Lésbica Cattrachas afirma que “la formación de fiscales, jueces y defensores públicos en la aplicación de protocolos para el juzgamiento con perspectiva de género y convenios internacionales ha quedado en el cesto de la basura”.
La aceptación del recurso de revisión repararía el estigma, restituiría la dignidad y anularía el registro de antecedentes penales de Lisby Allen. También erradicaría de su vida la etiqueta de “asesina” impuesta por el sistema punitivo.
Díaz sostiene que este caso también enviaría una señal clara a la sociedad hondureña de que el Estado no penalizará más a las mujeres por sobrevivir y defenderse de abusos sexuales y agresiones graves como los que sufrió Lisby.
Lisby y su aspiración de convertirse en abogada
Haber observado, sentido y olido el sufrimiento propio y el de decenas de mujeres durante cinco años hizo que Lisby adoptara una firme decisión:
“Al salir, quiero seguir estudiando, quiero estudiar Derecho, quiero llegar a ser una abogada y ayudar a muchas personas que lo necesiten, que no tienen a nadie que los apoye”.
Abogada, en eso quiere convertirse. Retomar su vida anclada en su experiencia personal y en la experiencia de decenas de mujeres que, como ella, fueron juzgadas por un sistema que las condenó sin las consideraciones que se omitieron en su caso. La interacción diaria hizo que muchas mujeres le mostraran una realidad que el sistema no escuchó. No quiso ver.
“Adentro hay muchas privadas de libertad que están condenadas inocentemente y que también fueron juzgadas sin revisarse sus casos, sin una investigación, sin nada. Simplemente fueron señaladas y juzgadas y tienen mucho tiempo de estar ahí, sin ningún apoyo de nadie, de nadie, ni de un abogado, porque tienen años de no mirar uno”.
Dame un ejemplo, le dije. Entonces, comenzó a narrarme la historia de una “compañera” a la que pidió llamar María porque no quiso vulnerar su intimidad.
Cuando Lisby fue trasladada a la cárcel de mujeres, María tenía alrededor de 16 años de estar en prisión. En poco tiempo cumplirá 40 años de edad. Ella sufrió mucho maltrato físico y psicológico por parte de su esposo; pero los episodios de violencia la colocaron en una encrucijada similar a la de Lisby: sobrevivía él o sobrevivía ella.
“Metió un recurso de revisión también, pero hace mucho tiempo, hace varios años, hace como 6 años y hasta la vez no tiene ninguna respuesta. No tiene abogado, no se le ha dicho nada. Es más, ella ni sabe cuándo va a salir. Ella ni sabe cuándo va a salir”, repitió.
Una tarde lluviosa, María revivió entre temblores y un angustiante llanto el momento en el que su esposo quiso matarla. “Ella se defendió de él y pues, igual, no hubo ninguna investigación ni nada, simplemente fue juzgada y condenada. Este debería ser un caso para Cattrachas”, agrega.
Esta historia y decenas más que conoció desde el corazón herido de muchas mujeres le tocaron la fibra más honda de su ser. Ella lo resume de la siguiente forma.
“Eso me ha encendido una luz en mi mente. Me llama mucho la atención porque le diré, a veces llegan muchos abogados a ofrecer apoyo, pero al final solo van por tomarse la foto. No ayudan nada. Me gustaría estudiar y ser abogada para, realmente, ayudar a las personas que lo necesitan”, sostuvo.
La convicción de su propia inocencia
Esta joven que hoy tiene 24 años y una madurez forjada con duros golpes, sabe que su salida condicionada está prevista para el mes de febrero del 2027. En una audiencia se le entregará una carta condicional de salida.
“Estoy feliz, la verdad que sí, la verdad que sí. Ya quiero que pasen estos meses, rápido, para salir de todo este proceso, salir de prisión”, dice.
Y no es para menos: pronto permanecerá junto a su hija, una pequeña a la que dejó cuando apenas era un bebé de un año de nacida, y que el tiempo transcurrido ha ido convirtiendo en una hermosa niña que actualmente tiene cinco.
Sin embargo, a pesar de su experiencia en prisión, Lisby siente en su interior un contraste de emociones: una inmensa alegría porque pronto dejará atrás el encierro. Pero hay otro escenario que le genera mucha tristeza. En la prisión de mujeres hay un predio al que salen a tomar el sol. “El corral” le llaman a una zona desde donde alcanzan a ver, al fondo, las cimas de las montañas que rodean el valle de Támara.
“Nosotras, con mis compañeras, mirábamos unas casitas en los picos de esas montañas. Muchas veces soñamos con tener una casa como esa, apartadas de los problemas y de todo. Eso anhelamos mucho cuando volteamos a ver. Desde allí soñamos con la libertad, con un nuevo hogar. Dejarlas solas con esos sueños me da mucha tristeza”, narra, mientras baja la mirada hacia su regazo.
Lisby tiene una urgencia: rehacer su vida y abrazar a su madre Ada y a su hija Mía Dayana. Por eso, aunque la mañana de cada lunes se siente triste porque debe regresar a prisión, ella cuenta con los dedos de sus manos los días. Ese cronograma en retroceso significa una esperanza que le genera felicidad.
De esta forma, el sistema judicial que la marcó para siempre y que ahora parece ayudarla está a punto de dejar en libertad a una mujer que entró a prisión cuando apenas concluía la adolescencia y quería volar alto, y cuyos sueños fueron interrumpidos por un sistema judicial que la obligó a crecer de la peor forma en que el ser humano puede convertirse en adulto.
Para finalizar este encuentro, en la conversación y en la lista había una pregunta obligada. ¿Cómo se vive con el sentimiento de saber que saldrás libre, pero que el Estado nunca te juzgó como la víctima que fuiste?
“Es difícil; da desilusión saber de tantos fallos que tuvieron ellos en el momento en que fui privada de libertad; no vieron el mal que estaban haciendo. No se conmovieron para hacerme cambios de medida ni nada, a pesar de todo el trabajo que han hecho, como el de la Red Lésbica Cattrachas”, respondió, porque en medio de sus reflexiones Lisby tiene un fuerte convencimiento.
“Salgo con la convicción de que fui víctima. Yo actué porque fui abusada, yo simplemente me defendí, simplemente me defendí de mi abusador y qué lástima que la parte judicial no pudo ver la situación así”.