Introducción
Generalmente, la población tiende a formarse una opinión sobre el Poder Judicial únicamente a partir de los casos que llegan a juicio y los que reciben atención mediática. Desde su rol original, el Poder Judicial tiene el deber de garantizar que todas las personas reciban un trato equitativo y estén protegidas por la ley, sin distinción de su posición económica, religión, género u otra condición.
Al garantizar una resolución justa de los conflictos que se presentan en juicio, el sistema judicial no solo defendería los derechos de los ciudadanos, sino que aseguraría el debido proceso. De este modo, contribuiría sustantivamente a fortalecer la confianza y la seguridad de la población, promoviendo la armonía social. Por lo tanto, al ejercer su función de administrar justicia, el Poder Judicial debe actuar sin ningún tipo de discriminación, lo que implica ser transparente, independiente, oportuno, imparcial, eficiente y confiable.
Un Poder Judicial independiente es fundamental para asegurar que toda la ciudadanía, incluidas las minorías, tengan acceso a sus derechos inalienables. Esta independencia obliga también al Gobierno a cumplir con la ley, a respetar los derechos humanos y a garantizar que cualquier medida adoptada por el Estado esté respaldada por una sólida fundamentación jurídica. Además, previene que los intereses políticos interfieran en la administración de justicia, preservando la coherencia y estabilidad entre gobiernos.
La transparencia judicial es un componente esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. Cuando se impugnan los resultados electorales ante los tribunales, estos deberían desempeñar un papel decisivo en la resolución justa y armoniosa de estas controversias.
Sin embargo, cuando los poderes fácticos económicos y políticos o ilegales controlan el sistema de justicia, la sociedad queda vulnerable a la impunidad, y los abusos quedan sin castigo, generando una profunda brecha de desconfianza entre la población.
La influencia de los actores políticos y fácticos influyen en el sistema judicial no solo pervierte la administración de justicia, sino que también debilita el Estado de derecho, fomentando la impunidad; las víctimas no solo sufren daños directos por los abusos, sino que también se encuentran indefensas ante los responsables que nunca enfrentan consecuencias. A su vez, esta situación fractura a la ciudadanía, ya que el menosprecio por la justicia alimenta la desconfianza en las instituciones, creando un ciclo vicioso de deslegitimación y desesperanza. La falta de justicia no solo vulnera derechos, sino que socava los principios democráticos esenciales, como la igualdad ante la ley y la protección efectiva de los derechos humanos.
El Artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) establece claramente que, para desempeñar eficazmente su rol, el Poder Judicial debe estar libre de corrupción: jueces, juezas, magistrados y magistrados y todo el equipo operador de justicia, debe actuar con integridad y responsabilidad.
En este contexto, con el financiamiento de Abogados sin Frontera Canadá, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), ha puesto en marcha el proyecto “Veeduría ciudadana de agenda anticorrupción y apoyo a la instalación de la CICIH”, a través del cual se realiza este estudio sobre el funcionamiento de la corrupción, derivada de una práctica normalizada entre muchos jueces y juezas del Poder Judicial, que tuercen la justicia para beneficio personal, de grupos políticos, económicos, ambientales o los que operan al margen de la legalidad.
Esto se traduce en la consolidación de redes de corrupción en el interior del Poder Judicial que deja enormes y nefastas implicaciones para el país. De allí la importancia de este estudio que busca aportar pistas que contribuyan a la depuración de un sistema clave en la lucha contra la impunidad de la macro corrupción en Honduras.
El análisis que se presenta en este documento, se divide en partes complementarias. En la primera, se describe el contexto histórico y la cultura política que afectan la independencia y el funcionamiento del sistema judicial, incluyendo la forma como se elige a las más altas autoridades y la influencia de factores partidistas en los procesos de selección.
La siguiente sección se centra en la evolución normativa, señalando las reformas constitucionales y legales que, pese a su aparente finalidad modernizadora, se han visto permeadas por intereses políticos que debilitan su efectividad.
Posteriormente, se caracterizan los principales actores y redes que intervienen en la administración de justicia y se examinan las dinámicas que confluyen en el sostenimiento de una estructura sujeta a presiones externas. Se abordan también, los factores que generan tendencias de continuidad y quiebre.
Por último, se proponen líneas de acción y recomendaciones orientadas a una reforma sustancial que incremente la independencia de la judicatura, favorezca la transparencia y un acceso más equitativo a la justicia, recogiendo las experiencias de distintos estudios nacionales e internacionales, así como las reflexiones de profesionales con alta experiencia en la materia.
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