El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), exterioriza su preocupación luego de la convocatoria que hizo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebecca Ráquel Obando, a la Junta Proponente para elección de Fiscal General de la República para el periodo 2023-2028.
Con la convocatoria, Honduras inicia un proceso que preocupa sobremanera porque, nuevamente, el país acude a una elección de altos funcionarios públicos sin reglas claras o procesos bien definidos que, como en el pasado, han propiciado la corrupción, la injerencia política y la exclusión de profesionales capaces, honestos y probos.
En relación con la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, el CESPAD destaca algunos aspectos preocupantes que acontecieron en el 2018:
- El artículo 22 de la Ley del MP establece el nombre de las organizaciones que conformarán la Junta Proponente. Sin embargo, en la elección anterior se hizo una reforma que permitió la participación de la sociedad civil en la Junta, pero restringía la representación a una sola organización de las que integran la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), excluyendo a otros sectores de la sociedad civil interesados en participar en la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Ante esa reforma se presentó un recurso de inconstitucionalidad (expediente núm. RI-623-13) porque vulneraba el derecho de igualdad, establecido en la Constitución de la República. La Sala Constitucional declaró que la reforma era inconstitucional (parcialmente) porque no se respetó el principio de igualdad al limitar la representación de la sociedad civil a una sola organización.
- Diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a presentar una denuncia contra el Estado hondureño. La denuncia se basaba en la falta de claridad de las reglas, la escasa y tardía información pública proporcionada durante el proceso de elección del fiscal. Debido a la importancia del proceso, el Estado fue convocado a una audiencia pública durante el período de sesiones núm. 168, en la que se cuestionó su actuación y se le exigió respuestas claras al respecto. Sin embargo, el Estado no respondió satisfactoriamente a las exigencias y cuestionamientos planteados en la audiencia pública.
- La polémica situación en la que el Congreso Nacional decidió nombrar nuevamente al fiscal general saliente, Óscar Chinchilla, a pesar de que su nombre no figuraba en la lista de candidatos remitida por la Junta Proponente. Esta decisión generó críticas y cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la sociedad civil. Se puso en tela de juicio la independencia del proceso y se cuestionó la imparcialidad de las personas involucradas en la decisión final, es decir, de la Junta Proponente.
Para garantizar un proceso transparente, es fundamental que se consideren los hechos que rodearon la última elección del fiscal general y del fiscal general adjunto. La convocatoria para la integración de la Junta Proponente (8 de mayo del 2023) hecha por la actual presidenta de la CSJ, con un proceso sin regularse, constituye un claro riesgo a la repetición de hechos del proceso de elección del 2018.
Para el CESPAD, el actual proceso (2023) se enfrenta a los siguientes puntos críticos:
- No existen garantías de que la elección se lleve a cabo respetando los estándares internacionales de independencia e imparcialidad de los fiscales.
- No se han establecido garantías para que la sociedad civil organizada realice veeduría del proceso o escrutinio público, porque no se cuenta con la regulación y mecanismos jurídicamente vinculante de su participación.
- No hay claridad en la forma de selección de los representantes de la sociedad civil que integrarán la Junta Proponente (son muchas las dudas sobre la legitimidad y validez legal de esa representación).
- No hay garantía de que el proceso se realice transparentemente y con la máxima publicidad que amerita.
Con el fin de evitar los puntos críticos anteriores, el CESPAD recomienda:
- El proceso de selección del fiscal general y fiscal adjunto debe adherirse rigurosamente a los criterios de independencia e imparcialidad propuestos por Naciones Unidas en el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, realizado durante su visita a Honduras el 16 al 22 de agosto de 2019.
- Es fundamental que la Junta Proponente asuma la obligación de elaborar un reglamento que sirva de normativa interna del proceso de selección para el fiscal general y fiscal adjunto, con los estándares utilizados por la Junta Nominadora en la selección de magistrados y magistradas: publicidad, independencia, transparencia y meritocracia.
- Es necesario garantizar un presupuesto a la Junta Proponente, que permita la independencia y autonomía de las funciones de la propia Junta, a efecto de que se genere un proceso de selección transparente y respetuoso de los criterios mínimos establecidos en el derecho internacional.
El CESPAD está convencido de que los procesos opacos no solo limitan y entorpecen la vigilancia ciudadana, también desalientan la participación de postulantes capacitados porque se ponen en riesgo los logros alcanzados hasta ahora con el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es esencial que se trabaje para fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la selección del fiscal general y fiscal adjunto, con el fin de continuar los pasos hacia la reconstrucción del Estado democrático de derecho en Honduras.
Tegucigalpa, 16 de mayo del 2023
Descargar en PDF: Posicionamiento elección Fiscal General.
