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El Caso Pandora evidencia el impacto desproporcionado que genera la corrupción en la vida de miles de hondureños y hondureñas con efectos como el aumento en la migración, el incremento en la pobreza, la profundización de la desnutrición infantil, el déficit en la producción agrícola y el deterioro de las condiciones de vida en general. Por eso, ante la falta de resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del recurso presentado por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), para exigir el reconocimiento de las y los campesinos como víctimas del caso de corrupción Pandora, en representación de las más de 4500 familias afectadas por el desvío de más de 282 millones de lempiras destinados para mejorar la calidad de vida y la reducción de la pobreza a través de la producción y la productividad agrícola durante los años 2011 al 2013, nos pronunciamos de la siguiente manera:
- Condenamos la negligencia de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional para resolver el recurso de amparo con el que se demanda el reconocimiento de las familias campesinas de los departamentos de Olancho, Intibucá, Colón, Yoro, Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Gracias a Dios y Comayagua, como víctimas del Caso Pandora.
- Esta inoperancia invisibiliza la lucha histórica de las comunidades campesinas aglutinadas en el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la CNTC y la Vía Campesina-Honduras, por su derecho a la justicia, a la soberanía alimentaria, a la salud, educación, vivienda y, en general, a un proyecto de vida digna.
- Este silencio demuestra la falta de compromiso de las y los integrantes de la Sala de lo Constitucional con la lucha contra la corrupción, el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia en Honduras, que no cumple con las expectativas ciudadanas de una buena gestión de la actual Corte Suprema de Justicia.
- Este letargo es una muestra más de la incapacidad del Estado de Honduras para resolver las problemáticas de las familias campesinas y desentrañar las redes de macrocorrupción que imperan en el país, al blindar con impunidad a las y los imputados en el Caso Pandora.
- La falta de resolución obstaculiza el camino hacia el acceso a la justicia de las comunidades campesinas en el plano nacional, también que otras víctimas de corrupción sean consideradas como tales, sentando un terrible precedente que profundiza más la cultura de corrupción e impunidad.
- Las organizaciones continuaremos buscando rutas que permitan seguir trabajando por el acceso a la justicia, la dignificación de las familias campesinas, y la reivindicación de derechos humanos y de los bienes comunes de vida.
Tegucigalpa, M.D.C. 4 de septiembre de 2024
