Escrito por Rubén Escobar
En las últimas semanas se le ha visto en ceremonias oficiales, como la inauguración del Museo de la Memoria, el 28 de junio; también caminando en las afueras del Centro Cívico Gubernamental, donde habría visitado a algún funcionario, y esta semana, María Antonia Quiroz, quien fue su asistente mientras se desempeñó como asesor de reformas electorales en el equipo de la Maccih, estuvo presente en las reuniones con la misión técnica enviada por las Naciones Unidas con el propósito de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Sin embargo, la presencia de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini ha desatado una avalancha de cuestionamientos, críticas y comentarios que lo evidencian como un personaje non grato en Honduras. ¿Por qué?
Un poco de su historia por Honduras
Domínguez Gudini es originario de Veracruz, México, donde lo conocen como un político de provincia que formó parte del Instituto Electoral Veracruzano. Su currículum lo describe como un abogado de profesión y catedrático con una serie de posgrados en universidades de España, Argentina y México. Más recientemente fue aspirante a magistrado, sin éxito, del Poder Judicial de Veracruz.
Sin duda, un prodigio de talento que no pudo demostrar a su paso por Honduras como asesor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (Maccih), ente en el cual sus mismos compañeros cuestionaban su nula productividad y lo señalaban de boicotear el trabajo anticorrupción. De hecho, a Domínguez Gudini se le recuerda por haber participado en reuniones con la cúpula del Partido Nacional, en la cual le prodigaban señales de amistad.
Domínguez Gudini solía y suele vérsele acompañado de María Antonia Quiroz, quien fue su asistente mientras se desempeñó como asesor de reformas electorales en el equipo de la Maccih, pese a que la contratación de ambos no fue avalada por el entonces jefe de esa entidad, Juan Jiménez Mayor.
De hecho, el periódico digital Criterio.hn reportó en un escrito que Domínguez fue el director de tesis de María Antonia Quiroz, mientras ella estudiaba una maestría en derecho electoral en la Universidad de Xalapa, Veracruz. El acercamiento de ambos, con funcionarios que forman parte de la cúpula de poder en la actualidad, y la contratación de Quiroz como asesora en la instalación de la CICIH, ha desatado las alarmas de diferentes sectores de la sociedad civil que no auguran buenos resultados.
¿Asesor en materia electoral o desestabilizador de la Maccih?
De acuerdo con reportes periodísticos, Domínguez era hombre de confianza del exgobernador de Veracruz (2010-2016), Javier Duarte, acusado y condenado a 9 años de prisión por actos de corrupción, y sobrino de la exsenadora, Silvia Domínguez. Los tres son miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entidad que mantuvo una dictadura partidaria por más de 70 años en México.
De acuerdo a un reporte de criterio.hn, con el apoyo de su tía y valiéndose de su experiencia en temas electorales, Domínguez negoció su contratación con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
De acuerdo al citado reporte, Domínguez traía consigo la misión oculta de boicotear el trabajo de la Maccih para evitar que un proyecto similar fuera implementado en su país. Almagro habría aceptado la negociación bajo la condición de mantener el apoyo de México y lograr su voto para preservar su cargo, objetivo que logró en marzo de 2020.
Fue así que se le ofreció a Domínguez el cargo de consultor en temas de “reforma político-electoral”, uno de los cuatro ejes temáticos de la Maccih (los otros tres eran: prevención y combate a la corrupción, reformas de la justicia penal y seguridad pública).
Según su contrato, debía dar seguimiento al trabajo de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (Unidad de Política Limpia), entidad encargada de supervisar el financiamiento de las campañas políticas en Honduras. También debía presentar informes sobre la ley, hacer un monitoreo de su aplicación, elaborar recomendaciones para mejorarla y dar seguimiento al entorno político del país.
La “Ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos” fue aprobada en noviembre de 2016 y publicada en enero de 2017. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil denunciaron que una cosa fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional y una muy distinta lo que se publicó en La Gaceta, situación que se repitió con distintas leyes en el Congreso que presidió Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022).
Varios líderes de opinión cuestionaron severamente el papel jugado por Domínguez en este escenario, pues como conocedor del tema se llamó al silencio y con ello avaló las disposiciones que favorecían a un grupo de empresarios que financiaban al Partido Nacional y a su candidato, Juan Orlando Hernández.
Inicialmente se le contrató para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, pero su contrato se prorrogó, primero hasta el 30 de junio de 2017, a razón de 10,500 dólares mensuales; y luego desde julio de 2017 hasta el año 2018 por 10,000 dólares mensuales.
Las críticas lo obligaron a retirarse del país en junio de 2017, pero siguió desempeñándose como asesor electoral de la OEA, en Washington, con su sueldo pagado de los fondos de la Maccih, según se desprende de una carta enviada por Jiménez Mayor, con motivo de su renuncia, al secretario general Almagro, en febrero de 2018.
“De 33 expertos internacionales que trabajan para la Misión, 25 de ellos lo hacen en Tegucigalpa y presuntamente 8 de ellos trabajan en la sede de Washington (es decir, casi 25% del total). Eso incluye al señor Jacobo Domínguez, cuya salida de la Misión fue solicitada por la ciudadanía y a quien la Secretaría General acaba de renovar un contrato por 10,000 dólares mensuales (casi 250,000 lempiras), vigente desde julio de 2017, sin que sepamos las funciones que realiza para la Misión desde la sede de la OEA”, escribió en aquel momento el abogado de origen peruano.
Agregó que “Honduras es un país que necesita mucha cooperación y consideramos que los fondos de los donantes deben ser utilizados en el terreno y para las funciones que ocupa el combate a la corrupción. Siempre me opuse a este contrato”.
Domínguez y el gobierno de Xiomara Castro
La presencia de Jacobo Domínguez y de María Antonia Quiroz en espacios vinculados con la instalación de la CICIH en Honduras, ha desatado fuertes cuestionamientos.
Citamos algunos ejemplos:
“Jacobo Domínguez y esta señorita (María Antonia Quiroz), son dos personajes nefastos, protagonistas principales de un episodio bochornoso relacionado con el cambio de la ley de financiamiento electoral en favor de empresarios y del Partido Nacional. ¡Una vergüenza!”, dijo en su cuenta de Twitter el abogado Julio Arbizú, uno de los ex integrantes de la Maccih.
El exdiputado y director de la organización “Congreso Primero”, Aníbal Cálix, expresó: “La verdad esta situación es totalmente decepcionante. La labor principal del señor Domínguez fue boicotear el trabajo de la MACCIH desde lo interno. ¿Qué tipo de lucha contra la corrupción está haciendo el gobierno? ¿Quién contrató a estas personas?”.
Por otro lado, el exjuez internacional, de nacionalidad chilena, Daniel Urrutia Laubreaux, escribió: “Me acabo de enterar que Jacobo Domínguez fue a #Honduras a recibir un doctorado honoris causa, cuando lo que debiera recibir es un auto de formal prisión por su complicidad en la falsificación de la Ley Electoral de Política Limpia en el año 2017″.
El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, también escribió: “La presencia de Jacobo Domínguez como asesor del gobierno con respecto a la instalación de la CICIH requiere, como mínimo, una explicación oficial de la presidenta Xiomara Castro. ¿Acaso no se revisan los antecedentes de quienes contratan para algo tan importante?”.
“Bueno, creo que ya algunos medios están haciendo la tarea. Pero el Gobierno sigue en silencio frente a este tema, ¿porque será?”, escribió también el investigador y activista social, Leonardo Pineda, quien adjuntó a su comentario un reportaje amplio, del noticiero Telenoticias, de la Corporación Televicentro, en el que se destaca que, de acuerdo con información a la que tuvieron acceso, Domínguez y Quiroz fueron contratados meses atrás como asesores del gobierno para traer la CICIH al país, por la Secretaría de finanzas.
Aparentemente su estadía y gestiones en el entorno político-electoral hondureño le valieron para hacer una buena amistad con personas clave del actual gobierno, como la abogada Rixi Moncada, quien en agosto de 2022 filmó un video en el que prodigaba elogios a Domínguez, en ocasión de recibir un doctorado honoris causa por la universidad de Xalapa.
Al respecto, la representante residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, aclaró que Jacobo Domínguez no forma parte de su equipo y que Quiroz representa al gobierno hondureño. Pero, el asesor Ángel Edmundo Orellana, aseguró desconocer cuál es el papel de Quiroz y también, “quién la trajo”.
También el gobierno de Castro, a través de un comunicado publicado el 13 de julio, dijo “Casa Presidencial informa que no tiene ningún asesor internacional sobre convenio para la instalación de la CICIH”. También que “Después de firmar el documento que regula el mecanismo, no tenemos duda que serán necesarios los asesores internacionales en el programa de combate a la corrupción en impunidad”, pero que, por ahora, “los únicos asesores que tiene el Gobierno, son los que integran la Comisión Oficial de Negociación, CICIH: el Secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Finanzas y el Secretario de Transparencia.
Lo cierto es que ambos personajes, Domínguez y Quiroz, se mantienen cercanos a las esferas del poder y que la reacción de la ciudadanía hondureña es consecuencia del hartazgo de una sistémica y sistemática corrupción. Asimismo, es la respuesta al anhelo de que (ante un endeble Sistema de Justicia), una comisión internacional independiente y sin la injerencia de personajes nefastos, contribuya al fortalecimiento de una estructura eficaz que haga frente a la corrupción en Honduras.
