Escrito por Claudia Mendoza
En el 2018, Ramiro Lara regresaba de una aldea del municipio de la Unión, en el departamento de Copán, cuando, súbitamente, varios individuos a bordo de un vehículo sin placas y con vidrios oscuros aparecieron entre las polvorientas calles de la zona. Lo persiguieron durante algún tiempo, pero logró escapar de ellos refugiándose en la Casa Cural de la Iglesia Católica de Cucuyagua. Cinco años después la historia se repitió, pero esta vez la intimidación y el atentado fue contra él y su familia: varios individuos hicieron más de 20 disparos con armas de grueso calibre, contra su casa de habitación.
Su voz pausada y mesurada transmite una paz que contrasta con los vendavales que envuelven las luchas territoriales que sobrellevan decenas de comunidades indígenas y campesinas en Honduras, a las que ha apoyado desde hace más de tres décadas.
Lara fue noticia y portada de los medios de comunicación en Honduras por el atentado que sufrió cerca de la media noche del 15 de septiembre del 2023, en Santa Rosa de Copán, municipio donde radica junto a su familia.
Los medios de comunicación y las redes sociales lo destacan como un ambientalista, sin embargo, una amena conversación con él nos permitió conocer mucho más del hombre que ha ofrendado su vida entera a la reivindicación de los derechos humanos de muchas comunidades en este país centroamericano.
Lara y el inicio de sus luchas
Ramiro Lara es originario de San Juan de Opoa, municipio del departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Es Trabajador Social de profesión y ha cimentado una vida ligada a la vindicación de los derechos humanos que comenzó a tomar forma en 1992, cuando se unió a la labor de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), una institución cristiana, sin fines de lucro, facilitadora de procesos de desarrollo humano integral.
“Trabajábamos con grupos de campesinos en el municipio de Macuelizo y Nueva Frontera, en el departamento de Santa Bárbara. Apoyábamos en temas de agricultura, formación en derechos humanos, reivindicación de tierras, salud, educación, entre otros componentes”, rememora.
Lara dice que no ha tenido enemigos personales visibles o declarados. Sin embargo, no desconoce que su trayectoria lo ha colocado en el centro de situaciones que han incomodado a muchos.
Anhela un mundo de respeto para los campesinos e indígenas
En 1997, Lara dejó la CASM y empezó a formar parte de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG). En este nuevo espacio se vinculó de lleno con el trabajo que hace esta organización en 16 de los 18 departamentos del país.
Eso explica porque Lara no deja pasar la oportunidad para conversar sobre la situación que enfrentan los pueblos campesinos e indígenas con los que se ha vinculado. Al hablar de estos temas, de su voz sale una mezcla de emoción y de tristeza, en especial cuando empieza a citar las vicisitudes a las que se enfrentan estos pueblos.
Los Miskitos y el acaparamiento de sus tierras
En medio de la entrevista, Lara exclamó: “Hay que evidenciar la dura situación de la comunidad Miskita con el acaparamiento de tierras. Ellos les llaman colonos o ladinos porque son personas que no nacieron allí”.
“Esto significa”, agregó, “ganaderos del departamento de Olancho que están llegando desde hace muchos años, por las márgenes del Río Patuca y otras zonas, a obligar a los Miskitos a que vendan sus tierras, mediante amenazas a muerte”.
Y es que, para este hombre de 56 años de edad, que con el pasar del tiempo se convirtió en una especie de “voz de los sin voz”, el gobierno de Xiomara Castro debe hacer algo por este grupo originario de Honduras.
Varios de sus miembros han sido asesinados por defender sus tierras y sus casos permanecen en la impunidad.
Copán Ruinas: una lucha eterna por la legalización de sus tierras
De la zona de la Moskitia hondureña, Lara voló con su mente a Copán Ruinas, municipio del departamento de Copán, colindante con Guatemala. Desde allí rememoró al gobierno de Manuel Zelaya Rosales (27 de enero de 2006 – 28 de junio de 2009), porque afirma que desde entonces se les ha prometido a las comunidades Maya-Chortí apoyo con la legalización unas diez mil manzanas de tierra. Sin embargo, tres gobiernos más han gobernado el país y apenas se ha cumplido con el 35 % de esa promesa.
Según Lara, el Estado de Honduras tiene una deuda con la etnia Maya-Chorti. Por eso, nuevamente agregó, “ojalá el gobierno de Castro agilice los trámites, a través del Instituto Nacional Agrario, para que tengan derecho a propiedades que han ocupado durante muchos años. Pedimos que se respete el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
Los Lencas y los conflictos por el agua
Cuando comenzó a hablar de los Lencas, Lara se refirió a los indígenas que radican en el departamento de La Paz y trajo a colación la existencia de 25 planes, “mal llamados de manejo forestal”, dijo.
El departamento de La Paz tiene 19 municipios, sin embargo, es en Marcala, Opatoro y San José en donde se han estado implementando planes de manejo forestal que han originado conflictos entre las comunidades y las empresas madereras.
Los habitantes de estos tres municipios no han sido consultados, pero han sido testigos de los cortes de madera que han diezmado considerablemente sus bosques. El malestar colectivo ha generado que las comunidades se organicen y realicen plantones de carreteras y el decomiso de rastras.
“Porque significan un daño a sus fuentes de agua y a sus bienes naturales. Esta problemática ha sido elevada al director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Lobo, y se le remitió una solicitud a la presidenta de la República para que se revisen estos planes de manejo y se cancelen, porque deterioran el ambiente en la zona”, complementó Lara.
El asesinato de los Tolupanes y las empresas madereras
Los indígenas Tolupanes asesinados en la última década, en especial en la comunidad de Locomapa, departamento de Yoro, por defender el bosque de las empresas madereras que han hecho de la zona un campo de exterminio, no pasaron inadvertidos para Lara.
“Han sido territorios ancestrales concesionados para la explotación minera y la explotación maderera, sin tomarse en cuenta la opinión de las comunidades”, refirió.
“Todo ha sido arbitrario”, dijo, al referirse a este y otros casos más que expuso en la conversación, pero que, en definitiva, se convierten en una nefasta radiografía de lo que viven a diario cientos de comunidades en Honduras.
Ramiro y el conflicto del 2018
Entre los años 2016 y 2018, a Ramiro Lara y su organización ASONOG, también al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y al Centro de Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), se les montó una campaña de desprestigio.
Estas organizaciones volcaron su trabajo y apoyo a los habitantes de la aldea de Azacualpa, en el municipio de La Unión, debido a que la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), concesionaria de la empresa canadiense Aura Minerals, enfiló su poder en Honduras para trasladar el cementerio de la comunidad a otra zona, porque debajo del camposanto hay un fuerte yacimiento de oro.
Una de varias fotografías que nos compartió Lara registra a varios aldeanos protestando con pancartas en el 2018. En una de ellas se lee: “Ramiro Lara no fomente el odio; fuera de nuestros territorios”.
La comunidad fue dividida por la empresa minera y el grupo a su favor montó una campaña contra Lara. “En ese entonces, hubo una confrontación fuerte, de parte de la empresa minera y la municipalidad de La Unión; nos declararon organizaciones enemigas del desarrollo y se montó toda una campaña de odio y desprestigio porque se paró la explotación durante 6 meses”, sostuvo.
Lara dice que la empresa minera sustrae unas 6 mil onzas de oro al mes. Cada onza tiene un costo estimado entre 1500 y 2000 dólares. Eso implicó, acotó, una pérdida de ingresos enormes, lo suficientes para emprender una cruzada de ataques en su contra.
“Yo era una de las personas que andaba haciendo un trabajo de una comunidad y cuando salí un carro me cerró el paso”. Pero Lara logró pasar por un angosto espacio de la carretera. El vehículo le dio seguimiento, sin embargo, este defensor de derechos humanos les llevaba una distancia importante que le permitió refugiarse en la Casa Cural de la Iglesia de Cucuyagua, otro municipio de la zona.
“La gente de la comunidad identificó el vehículo y la vinculación que tenía con el conflicto. Pero, como organización decidimos manejar discretamente la situación”, afirmó.
El ataque del 15 de septiembre del 2023
Ramiro dormía plácidamente junto a su familia, la noche del 15 de septiembre. Varias detonaciones que se escucharon en ráfaga, en la parte externa de su casa de habitación, lo despertaron. “Son cohetes”, le dijo a su esposa, quien tenía otra apreciación. Ella sí pensó en disparos, incluso consideró en tirarse al suelo.
El asunto quedó allí. Pero al siguiente día los vecinos les alertaron sobre la gran cantidad de casquillos de balas que estaban en la calle y daño visible en las paredes.
Lara no tiene la certeza de dónde viene este ataque. Han sido tantas las luchas, sus pronunciamientos y exigencias para que se respeten los derechos de los pueblos que se ve obligado a citar el reciente conflicto ambiental con que se vinculó.
La defensa de un bosque en Santa Rosa de Copán
Esta parte de la historia de Lara comienza con la llegada de varios representantes de la comunidad El Carrizal, a inicios del 2023, que le pidieron apoyo a ASONOG para defender un bosque en una zona alta de Santa Rosa de Copán, porque en ese lugar se han deforestado cerca de siete manzanas de bosque.
La deforestación, sostiene Lara, afecta cuatro fuentes de agua que abastecen la zona: “dos proveen a la comunidad de El Carrizal, una al barrio El Chorrerón y el cuatro a la microcuenca La Hondura que, a su vez, abastece el 25% de agua del municipio de Santa Rosa”.
Ramiro forma parte del equipo de investigación que ha acompañado al patronato de esta comunidad ante las diversas instancias del gobierno municipal, para conocer información sobre la grave situación. Pero, hasta el momento, todo ha sido infructífero porque la municipalidad les ha negado toda la información relacionada con el daño a un bosque muy importante para Santa Rosa de Copán.
“Extraoficialmente se sabe sobre las personas que están detrás de esta deforestación, pero son personas particulares. También se conoce que es para construir una residencial”, dijo.
Una lenta e infructuosa investigación
En el video del atentado en contra de Lara se ve claramente a cuatro hombres parados en la parte externa de su casa y a dos de ellos disparar, al unísono, en contra de la segunda planta de su vivienda. Las imágenes dejaron todo muy claro: fue un atentado en contra de su vida y la de su familia.
Afortunadamente, en la habitación donde impactaron las balas nadie dormía porque ese cuarto es para visitas. “Si no, la historia fuera otra”, agregó.
Al día siguiente, Lara interpuso la denuncia en la Dirección Policial de Investigación (DPI), de Santa Rosa de Copán. Siete días después del atentado (viernes 22) fue a la instalación policial a indagar sobre los avances en su caso, pero allí se le dijo que la persona que lleva su caso se había “marchado de fin de semana”.
También afirma que, para avanzar en la investigación, en la DIP le dijeron que les pida a sus propios vecinos las grabaciones de las cámaras instaladas cerca de su vivienda.
Lara, quien tuvo medidas cautelares emitidas por el Mecanismo de Seguridad entre el 2017 y parte del 2019, se siente en indefensión, justo como se califica a nivel internacional a quienes defienden la vida y los bienes comunes de la naturaleza en Honduras.
“Es incómodo por el sistema de justicia y el sistema de seguridad que tenemos, porque a pesar de que el mecanismo de protección del Estado ha hecho lo suyo, me he sentido desprotegido porque he estado prácticamente solo con las medidas de seguridad y la organización”.
Una filosofía de vida de protección ambiental
Lara se define como “una persona comprometida con el desarrollo de este país, con una filosofía de vida de protección ambiental y una persona afín a las luchas sociales”.
Sin embargo, cuestiona que el modelo de desarrollo que persiste en Honduras continúa sosteniéndose en una normativa jurídica y una institucionalidad que favorece a los grupos y personas particulares con influencia política y económica.
“Es el modelo que está diseñado para explotar los bienes comunes de la naturaleza. Deberían aprovecharse de manera sostenible, con la participación de las comunidades para evitar que haya tanta muerte”, cuestionó.
Él está convencido que el modelo privilegia las empresas, pero no toma en cuenta el elemento principal en el territorio y que es la representación más genuina de un Estado: las comunidades.
Actualmente Lara analiza junto a su familia la dura situación que enfrenta, particularmente en un país donde persisten altos índices de impunidad en los asesinatos de defensores y defensoras territoriales, que han pagado con su vida la defensa de los ríos, el agua y el bienestar de poblados enteros.
