Escrito por: Rubén Escobar
Fue una de las promesas plasmadas en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras. Sin embargo, hasta ahora las acciones del gobierno de Xiomara Castro muestran que no existe una estrategia definida para desmilitarizar la sociedad hondureña, ya que el presupuesto de Defensa sigue siendo prioridad mientras, los políticos prefieren mantenerse cerca del verde olivo para sostener los endebles cimientos de la democracia.
“El proceso de desmilitarización es bastante lento y no se observa la voluntad ni la contundencia en los compromisos que se demostraron en la campaña electoral”, sostiene la analista Mirna Flores, autora del documento “Desmilitarización y reforma del sector Defensa: los desafíos de Castro para revertir el autoritarismo y fortalecer la democracia en Honduras”, publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Flores sostiene que con una sociedad militarizada lo que queda es una democracia débil, sujeta a las amenazas de golpes de Estado, con alteraciones en el poder político por influencia de los hombres de verde.
Toda su historia vinculados con el poder
El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, refiere -citando a diversos autores-, que Honduras ha vivido diversos procesos de militarización “desde el gobierno de Villeda Morales” (1957-1963), cuando los uniformados salen de las barracas y asumen puestos en diferentes instituciones del Estado.
En los años 70 asumen plenamente el poder político tras el golpe de Estado a Ramón Ernesto Cruz (diciembre de 1972); mientras que en los 80, permanecen “parapetados detrás de una aparente democracia”, pero convirtiéndose en “el verdadero poder”, señala.
Con el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) inicia un proceso de desmilitarización que quedó “inconcluso, que no fue suficiente”. Entonces se elimina el servicio militar obligatorio y la Policía pasa al control civil el 21 de octubre de 1997, luego de 34 años de mando militar. “Aunque solo cambian de uniforme, porque no cambian de cultura”, agrega.
Rememoró que en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), los militares salen a las calles, pero con “unas funciones muy concretas y bajo el mando de la Secretaría de Seguridad, bajo el control civil”.
Mientras que en el periodo de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) fue cuando más fuerza se les dio a los militares, “y con el golpe de Estado esa militarización se profundizó aún más. Tanto (Roberto) Micheletti, ‘Pepe’ (Porfirio) Lobo y Juan Orlando Hernández colocaron a los militares por encima de todo”.
Trece años de poder creciente
Desde el golpe de Estado del 2009, el poder militar se ha hecho más evidente en distintas áreas de la sociedad hondureña. Por ejemplo, en 2011, Juan Orlando Hernández, en la presidencia del Congreso Nacional, crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y se autoriza a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones propias de la Policía Nacional.
En el 2012, el Legislativo aprueba la Ley Especial de Depuración Policial, que para diversos sectores fue parte de un plan para desmantelar la Policía y ceder mayores facultades a los militares en temas de seguridad ciudadana, y se crea el programa «Guardianes de la Patria», un mecanismo de adoctrinamiento en el que militares “enseñan” a escolares.
En el 2013 se decreta la Ley para la Clasificación de los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa (derogada en marzo de 2022); y se crea la Policía Militar de Orden Público.
En el 2014 se crea la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), y se pone al mando de los militares; mientras que, en el 2019, se pone a las Fuerzas Armadas a administrar las cárceles, decisión que fue revertida por el gobierno de Xiomara Castro en marzo de 2022.
Militarizar las cárceles por la administración Hernández fue una decisión cuestionada por diversos organismos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de Víctimas de Tortura.
También en el 2019, se emite un decreto para que las Fuerzas Armadas gestionen el Programa de Desarrollo Agrícola, asignando un presupuesto de 1,000 millones de lempiras (unos 48 millones de dólares-declarado inconstitucional por la Corte Suprema en abril de 2022).
Adicionalmente, los militares han recibido otras asignaciones, como proteger el bosque y vigilar fronteras. Estas tareas llevan aparejadas la recepción de millonarios presupuestos.
Seguridad ciudadana sin estrategia
Sobre el por qué es necesario desmilitarizar la sociedad hondureña, Mejía Rivera señala que los militares han sido claves -en detrimento de la democracia- durante las crisis políticas y de derechos humanos en la historia de Honduras; en los años 80 cometieron crímenes por temas ideológicos; ejecutaron el golpe de Estado del 2009 y actuaron como represores en la crisis postelectoral del 2017.
Hay que “recordar algo que decía Víctor Meza: que los militares son la peor pesadilla para la democracia hondureña”, enfatiza el experto en Derecho.
Sin embargo, no existe de parte del gobierno actual “una estrategia clara” para lograr un proceso de “desmilitarización responsable”, que no afecte la seguridad ciudadana y que priorice los recursos hacia el fortalecimiento de la Policía, indica la analista del CESPAD, Mirna Flores.
“Incluso, se vislumbran posiciones en el sentido de querer mantener cerca a los militares, tenerlos de aliados, para que los políticos en el poder sigan con la percepción de que son ellos quienes mantienen el mando y que no vuelva a suceder lo del 2009”, señala.
Un ejemplo de la falta de claridad en el enfoque de seguridad ciudadana del actual gobierno, es la utilización de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), especialmente cuando se registran masacres (homicidios múltiples) u otros hechos que causan estupor, en un intento de “apagar el fuego”.
Sin embargo, ningún funcionario expone un plan orientado a establecer un cronograma para la extinción de esta entidad y que, a la vez, se vayan creando políticas de mediano y largo plazo de fortalecimiento de la Policía Nacional, y de acciones de prevención del crimen para generar mayor bienestar a la sociedad, acota Flores.
“Se debe cumplir el compromiso de decir: en un periodo determinado se puede contar con la Policía Militar, mientras se fortalece la Policía Nacional, mientras se fortalece una estrategia de convivencia, mientras se redireccionan recursos y se fortalece el Estado de derecho, pero pensando que esa Policía Militar tiene que ser derogada, tienen que estar separadas las funciones de policías y de militares”, apunta la analista.
De su lado, Mejía Rivera, reconoce que desmilitarizar las cárceles fue un paso importante, pero no ve igual determinación en el tema de quitar a los militares del manejo de la seguridad ciudadana. “No se sabe exactamente hacia dónde va, no ha habido ningún plan”.
Dice que existe la intención del gobierno de maquillar a la Policía Militar y mantenerla, una situación que cataloga como “un grave problema, porque los militares tienen una visión del ‘enemigo’, no están preparados para la seguridad ciudadana, para abordar al ciudadano y la ciudadana”.
Mejía también es del criterio que debe haber un plan y un cronograma, que establezca el relevo de los militares por policías, aparejado a una intervención en áreas como salud, educación, infraestructura, cultura y medioambiente, para mejorar la calidad de vida de las personas, y sea esto un mecanismo de prevención de conductas antisociales.
Como corolario, reseñó que los militares han fracasado en Guatemala, en México y en Honduras, en sus tareas de seguridad. Una prueba de ello ha sido la permisividad del tráfico de drogas a través de las fronteras hondureñas, donde han quedado como “incapaces o cómplices”.
Gastos de defensa, una prioridad
Mejía Rivera es del criterio que el presupuesto de una nación es el “termómetro” que mide la voluntad política y las prioridades de un gobierno.
En ese contexto, para los gobiernos de Hernández y de Castro, las prioridades vendrían siendo las mismas: Educación, Salud y Defensa, según lo que se desprende del documento de CESPAD: “Presupuesto nacional: ¿dónde están las prioridades del gobierno presidido por Xiomara Castro?”.
En este primer año de gobierno de Castro, el presupuesto de Defensa aumentó un 10.3 por ciento en relación con el 2021, hasta totalizar 9,336.1 millones de lempiras (unos 378 millones de dólares). Es el tercero más voluminoso, igual que en la administración que le precedió.
“Es grave que esté en los primeros tres lugares de inversión, en armas, en militares, cuando hay otras necesidades más importantes. (…) Me parece que es un grave error seguir dándole tantos recursos”, acotó Mejía.
Por otro lado, la Secretaría de Defensa ha confirmado una inversión de 33 millones de dólares en la compra de seis helicópteros, montos que se consideran un “mensaje contradictorio porque cuando están en campaña se dirige toda la crítica a los recursos y el presupuesto que implica la militarización, pero ahora hacen gastos onerosos en los militares”, refiere Flores.
Agrega que “no puede ser que los militares sigan siendo un sector privilegiado para el destino de recursos orientados al fortalecimiento de una estrategia militarista” en un país con tantas necesidades.
¿Cuál es el camino?
Para Flores es necesario que el gobierno pueda consensuar con organizaciones de sociedad civil el futuro de la seguridad, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque hasta ahora esos temas han quedado en pocas manos, y se toman decisiones de forma aislada.
“Hay que llegar a acuerdos sobre los tiempos a seguir en esos procesos de desmilitarización ¿cómo va a clausurarse esa Policía Militar? ¿Cómo se va a fortalecer la Policía Nacional? ¿Qué funciones van a ser de los militares? y los recursos que se deben destinar”, sostiene.
Mejía Rivera, por su parte, considera también necesario “un diálogo nacional sobre el futuro de las Fuerzas Armadas; pensar en la eliminación de las Fuerzas Armadas o en una reestructuración, porque mientras no haya rendición de cuentas no podemos confiar en la Policía y menos en las Fuerzas Armadas”.
Apunta que la seguridad ciudadana debe abordarse desde “un enfoque amplio”, poniendo como ejes centrales los derechos humanos y el desarrollo de las personas por encima de los aspectos represivos.
Finalmente, ambos analistas coinciden que las bancadas en el Legislativo deben sentarse para dialogar y lograr los votos necesarios para derogar leyes, como la del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y otras que crearon el marco necesario para que los militares se mantengan vigentes en diferentes esferas de la sociedad hondureña.
