Autora: Mirna Flores
- Introducción
Desde que asumió el poder (enero del 2022), el gobierno de Xiomara Castro ha estado enfrentado a la demanda de la resolución de múltiples crisis: la crisis financiera en que se encuentra el país, la crisis sanitaria agravada por el Covid-19 y los alarmantes niveles de corrupción que prevalecieron en los momentos más difíciles de la pandemia. Asimismo, las desigualdades educativas, agravadas por el confinamiento; los flujos migratorios motivados por la violencia, la falta de empleo y oportunidades, con una presión mayor en la región oriente del país. No menos importantes, la crisis alimentaria que tiene entre sus causas el cambio climático y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y, por otro lado, la inseguridad que provoca la criminalidad común y el narcotráfico; el tema de las extradiciones y lo que significó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, vinculado a delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
Pero, “las crisis también contienen el germen de posibles soluciones y salidas oportunas, todo es saber gestionar y conducir, y de eso trata la gobernabilidad democrática”, decía Víctor Meza[1].
De allí que, en medio del análisis de las persistentes múltiples crisis que enfrenta Honduras, es importante preguntarse, en relación con los últimos flagelos sociales enlistados: ¿podrá el gobierno de Honduras enfrentar los desafíos que representan la desmilitarización y la reforma al sector Defensa en aras del fortalecimiento democrático?, ¿el gobierno está desarrollando capacidades de gestión y conducción de la Defensa, por la vía democrática?, ¿el país está en el camino de la constitución de unas Fuerzas Armadas más democráticas, más profesionales y más subordinadas al poder civil?, o ¿se podrá avanzar en la separación de la función policial de la función militar?
La propuesta de campaña de Castro para el Sector Defensa y el Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2226), contiene muchos compromisos, entre estos[2]:
- Derogación de la Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que creó la dictadura de Hernández, subordinándole al Poder Ejecutivo los demás poderes del Estado.
- Derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos” que, entre otros aspectos, otorga la facultad de clasificación de documentos al CNDS, modifica la definición de “confidencial” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y amplia los plazos de secretividad.
- Derogación de la Ley de Seguridad Poblacional que amparó, entre otras cosas, el pago de deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la inversión en bonos energéticos y la compra de un avión presidencial, “el cual pondré en venta en el primer día de mi gobierno”, sostuvo ante los medios de comunicación, Castro, antes de la toma de posesión.
- Determinación de temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público (PMOP), que militariza el orden civil y contamina a las Fuerzas Armadas con una función ajena.
- Desmilitarización de la seguridad pública. En materia de seguridad, el régimen del Partido Nacional optó y profundizó la política mano dura y militarización, que no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo.
- Priorización de los presupuestos asignados a los sectores de Salud, Educación e Inversión, en relación con los presupuestos de las secretarías de Defensa y Seguridad, que se incrementaron desde los gobiernos nacionalistas.
- Optimización de los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos. Fortalecer los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado, que se aprovecha de la porosidad de las fronteras nacionales. Incluye los sistemas de rastreo, radar, patrullaje y seguridad portuaria no intrusiva. Se promoverá la seguridad compartida en coordinación con otros países, especialmente centroamericanos, pero también con México y Estados Unidos para resguardar el espacio marítimo, terrestre y aéreo.
- Desmilitarización de la seguridad ciudadana. Asegurar la conducción civil de la Seguridad y Defensa, al igual que la separación y respeto de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, para cumplir con muchos de estos compromisos es necesario identificar las formas de poder militar que se fortalecieron en el contexto del autoritarismo del expresidente Hernández y la desarticulación de las estructuras y mecanismos que han favorecido la militarización del Estado y la sociedad, después del golpe de Estado del 2009.
En ese sentido, el presente documento, forma parte del Proyecto Monitoreo de la Coyuntura Actual en el tema de Seguridad y Defensa que hace el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), para aportar al debate informado, recuperar y avanzar en la lucha por la transformación democrática. Y como establece este centro de pensamiento, para apoyar las reformas democráticas del Sector Defensa y Seguridad, es urgente el desmontaje de los marcos jurídicos e institucionales en estos sectores, que constituyeron pilares esenciales del régimen autoritario.
Este documento contiene: el análisis del contexto en que se inserta la reforma al sector defensa y la desmilitarización; las acciones y decisiones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Xiomara Castro en los temas de desmilitarización y reforma del sector Defensa; finalmente, se plantean los desafíos para avanzar en procesos que son vitales para el fortalecimiento democrático de Honduras.