Escrito por: Gustavo Irías
12/02/2023
Desde el 25 de enero, constitucionalmente señalado como el día que debería haberse elegido la Corte Suprema de Justicia, se han realizado tres intentos fallidos por elegir a los nuevos magistrados y magistradas de la Corte, el último intento fue realizado el 11 de febrero, después de 16 días de intensas e infructuosas negociaciones.
Sin duda, el proceso de transición política del país está abocado a uno de sus momentos más críticos. En el imaginario de la ciudadanía la nueva Corte deberá ser independiente, idónea, integra y con la voluntad política de reconstruir el Estado de derecho, degradado en 12 años de autoritarismo y macro corrupción pública. En este especial período histórico del país, también es parte de la aspiración ciudadana que logren desarticular las redes de corrupción que han mantenido cooptado al Estado y que se dé fin a la justicia selectiva, a favor de funcionarios corruptos y de actores criminales.
A pesar de esa justa aspiración, muy bien sabemos que la elección de los y las magistradas del máximo tribunal de justicia será el resultado de la negociación entre las diferentes fuerzas políticas con presencia en el Congreso Nacional, y este hecho determina los límites de los cambios a esperar. Para el caso, un buen porcentaje de los candidatos y candidatas a integrar la Corte, propuestos por los diferentes partidos políticos, “son operadores” de esos partidos, “algunos cruzados por relaciones con intereses indebidos (es decir, con actores vinculados a redes criminales y poderosos intereses empresariales)”. Ese dato también marca las limitaciones que tuvo la Junta Nominadora en la selección de la nómina final de candidatos y candidatos que presentó al Congreso Nacional, el pasado 23 de enero.
El actual momento político que vivimos en la elección de la Corte, también nos ayuda a entender de mejor manera la correlación de fuerzas, efectivamente existentes en este período de transición, que marcan los límites y posibilidades reales de impulsar cambios y reformas sustantivas en Honduras.
Alta polarización política
La elección del máximo tribunal de justicia está inscrito en una situación de intensa polarización, resultado de las diferencias políticas, de rupturas de alianzas inter partidarias (LIBRE y el Partido Salvador de Honduras –PSH-) y el establecimiento de nuevos alineamientos de fuerzas (LIBRE, Partido Nacional –PN- y Partido Liberal –PL-). Pero, especialmente, es la expresión de la traumática transición del histórico bipartidismo (marcado por la presencia PL y el PN) al nuevo multipartidismo (PL, PN, LIBRE y PSH-), en el cual solo mediante las alianzas de fuerzas con signos políticos muy disimiles es posible construir mayoría calificada (86 votos en el Congreso Nacional). Según la Constitución de la República, este tipo de mayoría es un requisito indispensable para la elección de la Corte Suprema.
Precisamente, la particular dificultad en la elección de esta Corte es la multiplicidad de fuerzas políticas con presencia en el Congreso Nacional: LIBRE (50 diputados), Partido Nacional (43 diputados), Partido Liberal (22 diputados), Partido Salvador de Honduras (10 diputados), Democracia Cristiana (1 diputado), PAC (1 diputado) y 1 independiente. Ninguna fuerza logra la mayoría calificada, por eso es necesario el consenso de, por lo menos, 3 fuerzas políticas. En este marco, se han proyectado, dos escenarios numéricos sobre los magistrados a integrar la Corte Suprema: el primero, LIBRE (6), PN (5), PL (4) y, el segundo, LIBRE (6), PN (5), PL (3), y, PSH (1). Esto ha provocado el tránsito del debate sobre la idoneidad de la Corte, al debate sobre las cuotas de representación de los principales partidos políticos.
Las narrativas políticas de la polarización han incluido una fuerte campaña anticomunista (al estilo de la “guerra fría”), un contexto que expresa el atraso del pensamiento de la mayoría de las fuerzas políticas y otros sectores de la sociedad hondureña. Pero también denota un nuevo fenómeno en el país: la reconfiguración y reagrupamiento de la derecha política, ahora con nítidos vínculos con la ultraderecha política estadounidense.
Igualmente, desde la oposición política se han posicionado mensajes claves de lo que debería ser la agenda de sus candidatos a magistrados/as propuestos/as: rechazar el aborto (sin considerar ninguna causal), al mismo tiempo obstruir toda normativa que pueda reconocer derechos a la comunidad LGTBQ, e impedir iniciativas que pudieran facilitar reformas constitucionales o, más específicamente, apoyar la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (vía interpretación de la Constitución, desde la Corte Suprema). Todo esto, bajo el entendido que los tres puntos anteriores forman parte de la agenda de LIBRE, situación que no responde de manera exacta a la real configuración de posiciones internas del partido gobernante.
Otro punto posicionado en esta polarización, es la interpretación disímil de la norma constitucional sobre la elección de la Corte Suprema, en especial del artículo número 311 que hace referencia a la realización de las votaciones “tantas veces sean necesarias”, hasta alcanzar la mayoría calificada para el total de los 15 magistrados/as). En este debate, el presidente del Congreso Nacional llegó, incluso, a afirmar que se rompería el orden constitucional si no se producía la elección el 11 de febrero. Pero ese extremo fue superado al diferir las votaciones para la semana del 13 de febrero , por decisión de Redondo, sin que ello haya producido una situación de facto para el poder judicial. Otro tema levantado ha sido el de los magistrados suplentes (propuestos por el PN), el cual podría ser uno de los puntos que bloqueen los consensos finales. Hay que aclarar que la elección de estos magistrados solo sería posible mediante una reforma constitucional.
La pugna principal: mantener la vieja Corte o abrir el camino hacia un nuevo poder judicial
Con una herencia de macro corrupción pública, con redes criminales aún funcionando y con la presión ciudadana por enfrentar la corrupción e impunidad, es extremadamente complicado para los representantes políticos del viejo régimen (PN), negociar y pactar el recambio del Poder Judicial, en especial si tienen la llave para hacerlo posible (los votos para la mayoría calificada) y si poseen la clara conciencia del costo de enfrentarse a una justicia independiente. Pero, aún para este sector político es una pesadilla el legado dejado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción pública.
En el actual contexto, una consigna que ha tomado fuerza en los últimos días es: “si perdemos la Corte, perdemos el país”, colocada en el debate por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y adoptada por las fuerzas políticas de oposición. Esta consigna puede tener, mínimamente, una doble interpretación. La primera, que estaría apuntado a la necesidad de disponer de una Corte que no modifique las normas, reglas y valores del actual “estado del orden” (lo que incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBQ y la naturaleza del actual sistema político), una posición probablemente compartida por el PN, PL y PSH. Y, la segunda, que buscaría mantener la actual Corte, impidiendo la construcción de los consensos para hacer posible la elección de nuevos magistrados y magistradas, una postura que podría estar siendo alentada por un sector del PN, consistente con sus temores de enfrentar un poder judicial no controlado monopólicamente por sus intereses partidarios.
No obstante, esta segunda posición en la actual coyuntura hondureña es poco sostenible. Para el caso, la presión y aspiración ciudadana por un cambio de rumbo político, expresada en la masiva votación del 28 de noviembre del 2021, compelió a la Junta Nominadora (JN) a realizar un simbólico juicio político a la actual Corte, expulsando del proceso a 6 de los actuales magistrados (5 hombres y 1 mujer) que aspiraban a la reelección de sus puestos. En tal sentido, el 13 de enero pasado la Junta resolvió que “las actuaciones” de estos 6 magistrados/as “no se ajustan al perfil del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se ha elaborado y que es precisamente lo que está buscando la población hondureña”.
Ver también: “La perniciosa colaboración” de los magistrados que aspiraban a una reelección (CESPAD).
La postura de mantener la vigencia de la vieja Corte, con seguridad llevaría a la confrontación social y ahondaría la crisis institucional del país, con consecuencias impredecibles.
Pero resultados similares podrían generarse, si desde el partido de gobierno se carece del talento y capacidad de gestionar la presente conflictividad democráticamente. Es una realidad incuestionable que la vieja institucionalidad no se corresponde con las demandas de amplios sectores de la sociedad por un cambio de rumbo del país, pero no existe la correlación de fuerzas política necesaria, por lo menos en el Congreso Nacional, para fundar una nueva institucionalidad. De ahí que el gran reto es gestionar los conflictos políticos en el marco de la vieja institucionalidad, pactando y generando los consensos necesarios para avanzar en el proceso de transición política.
Al respecto, si recurrimos a la ciencia política es posible constatar que en estos tiempos “la democracia es un mecanismo para procesar conflictos. Las instituciones políticas gestionan el conflicto de modo ordenado, estructurando la manera en que los antagonismos sociales de organizan políticamente, absorbiendo los conflictos que puedan amenazar el orden público y manejándolos de conformidad con ciertas reglas”, (Adam Przeworski. Las crisis de la democracia: 30).
Adicionalmente, en un artículo anterior indicábamos que: “Si el signo político de las fuerzas mayoritarias es conservador, es políticamente imposible esperar que se produzcan cambios progresistas sustantivos, sin desconocer que el talento y el realismo político puede abrir avenidas para ajustes y reformas viables y dejar a un lado el incómodo escenario de la ´continuidad sin cambios”. Y si hablamos de escenarios, en el presente, el menos desfavorable que se proyecta en el horizonte es el que podría denominarse: una Corte Suprema de transición.
Pero ¿Por qué de transición?
Porque el cuestionamiento de la ciudadanía al Poder Judicial, les obligará a reducir los amplios márgenes de impunidad del sistema de justicia, abordar con menores grados de discrecionalidad y de favoritismo los casos de corrupción, pero mantendrán intactas las cuestiones institucionales y de orden interno, aunque probablemente sea posible la introducción de algunas reformas menores. Sin embargo, la lucha efectiva contra la corrupción e impunidad de este nuevo Poder Judicial solamente será posible si existe el control ciudadano, mediante denuncias, demandas y veeduría de su desempeño.
Cambios institucionales de fondo del Poder Judicial solamente serán posibles por la organizada presión de la sociedad civil y de los movimientos sociales, complementariamente (a mediano plazo) con un cambio significativo en la correlación política de fuerzas en el Congreso Nacional.
