En las últimas dos décadas, Honduras ha estado marcada por constantes crisis políticas generadas por la violencia y la inseguridad que han crecido debido a la expansión del narcotráfico, la criminalidad común y organizada. También, por la presencia de las maras o pandillas que controlan vastos espacios territoriales en las principales ciudades del país; las riñas interpersonales y la impunidad que prevalece, es particular en las muertes de mujeres y menores de edad. Este contexto ha dado lugar a un ciclo de reproducción de la violencia que no merma ni da tregua, pese a que las tasas de homicidios mantienen una tendencia descendente.
La remilitarización, como respuesta a la criminalidad, ha socavado los tibios avances en el proceso de democratización iniciado en los años 90s, que apuntaron a la desmilitarización, reformas a las instituciones de seguridad, justicia y de la policía. Pero, el carácter limitado de las reformas democráticas quedó demostrado con el golpe de Estado del 2009, con consecuencias que significaron retrocesos profundos en el Estado de derecho y la involución del proceso de fortalecimiento democrático.
En el periodo comprendido entre el 2010 y el 2021, el Partido Nacional gobernó durante tres periodos consecutivos: el primero, correspondió al gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), mientras el segundo y el tercero (2014-2022) al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH). Sin embargo, el régimen autoritario de Hernández fortaleció la estrategia militarista para enfrentar los problemas de la seguridad pública, con mano dura para las maras, reprimiendo la protesta social que creció al calor de la insatisfacción de la ciudadanía en su gestión por los señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Las tendencias al reforzamiento de la militarización durante las últimas décadas, no fueron un fenómeno particular de Honduras. En diversos países de Latinoamérica, particularmente de Centroamérica, los gobiernos han recurrido (sistemáticamente) al despliegue de las fuerzas militares para combatir la criminalidad (una situación que ha propiciado el uso de la fuerza letal contra civiles) y el incremento de graves violaciones a los derechos humanos[1].
En su propuesta de campaña y en su propuesta de plan de gobierno (2022-2226), Xiomara Castro asumió el compromiso de determinar la temporalidad de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que “militariza el orden civil y contamina a las Fuerzas Armadas con una función ajena”; desmilitarizar la seguridad pública y asegurar la conducción civil de la defensa, así como la separación y el respeto de funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Policía, tomando en cuenta la doctrina democrática de la seguridad ciudadana[2].
En este marco, el presente informe aborda como tema central la Policía Militar de Orden Público, colocando en el debate las siguientes preguntas: ¿está marcado el rumbo de la PMOP?, ¿continuará siendo el instrumento expedito para el fortalecimiento de la militarización de la seguridad pública?, ¿qué retos tiene el actual gobierno para desestructurar una unidad policial militar que asume las funciones de la seguridad, distorsionando la función militar?
En ese sentido, este trabajo se compone de la valoración de los elementos del contexto en que surge la Policía Militar de Orden Público, se hace un análisis de sus funciones y atribuciones al igual que sobre la continuidad de la tendencia al fortalecimiento de la militarización de la seguridad pública con la PMOP en Honduras. Asimismo, se analizan los planteamientos críticos de los derechos humanos frente a la Policía militar; la continuidad de la militarización de la seguridad pública en el gobierno de Xiomara Castro y, finalmente, planteamos las conclusiones.
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[1] Insigth Crime 28 de febrero 2023. https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/honduras-aumenta-policia-militar-50/
[2] 8 de octubre del 2022. https://cespad.org.hn/desmilitarizacion-y-reforma-del-sector-defensa-los-desafios-de-castro-para-revertir-el-autoritarismo-y-fortalecer-la-democracia-en-honduras/
