Por Rubén Escobar
Marcio Cabañas Cadillo es un abogado con una carrera de 23 años en el Ministerio Público. Su experiencia ha oscilado desde sus inicios como auxiliar, hasta convertirse en un reconocido investigador de casos como el saqueo del Seguro Social o la fundación de la Fiscalía Especial de Privación de Bienes de Origen Ilícito, pasando por la jefatura de algunas unidades o por ser asistente de tres fiscales generales.
Sin embargo, su conocimiento desde “adentro” de la institución solo le alcanzó para sumar 84.36 por ciento en las calificaciones de la Junta Proponente, colocándolo en el tercer puesto de los cinco nominados ante el Congreso Nacional para ser fiscal general o adjunto.
Próximo a cumplir 47 años de edad (12 de octubre), Cabañas Cadillo dice “me considero un buen padre, buen hijo, hermano, amigo y compañero con principios de humildad, sinceridad y honradez”, señaló.
De llegar a ser fiscal general o fiscal adjunto, Cabañas enfatiza en la necesidad de fortalecer la investigación criminal, porque «estamos en deuda con el tema». También apunta a brindar confianza a la ciudadanía, respetar la carrera fiscal, implementar herramientas tecnológicas y combatir la corrupción.
Cabañas, quien es aficionado al cine y a hacer turismo, se define como un hombre «profesional, objetivo», guiado por los principios de legalidad, debido proceso y objetividad. Afirma que le gusta «llegar a los tribunales con los elementos probatorios contundentes; que no le quede duda al juez de que le estoy llevando elementos que van a condenar a la persona».
Fiscal de carrera
Originario de Tegucigalpa, Cabañas Cadillo se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en mayo de 1999, mientras que en noviembre de 2002 se tituló como abogado.
En el 2013 obtuvo una maestría en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad, en la Universidad Nacional de la Policía, y en el 2016 una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, en la UNAH.
En sus 24 años como profesional, ha recibido unos cincuenta seminarios, cursos y talleres de temas vinculados a las diferentes áreas del derecho, seguridad, defensa, narcotráfico y terrorismo, que han sido impartidos en Honduras, Estados Unidos, Colombia, España, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Corea del Sur.
Egresado de la UNAH en 1998, comenzó a laborar como procurador jurídico y desde noviembre de 1999 también laboró como analista de investigación para la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, dejó ambos trabajos en abril de 2000, cuando calificó para obtener una plaza como fiscal auxiliar en el Ministerio Público. Desde entonces se desempeñó en fiscalías clave, como la de lucha Contra la Corrupción, Delitos Comunes, Crimen Organizado.
El año 2004 marcó un hito en su carrera al ser ascendido de fiscal auxiliar a asistente de la Dirección General de Fiscalías. Ese mismo año fue nombrado asistente del fiscal general, cargo que ocupó durante 7 años y le permitió estar cerca de tres jerarcas del Ministerio Público.
En el 2011 fue uno de los fiscales encomendados para iniciar la Fiscalía Especial de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, cargo en el que estuvo hasta agosto de 2013. “Allí la mayoría de los casos que llegaron a sentencia hoy en día fueron los que nosotros iniciamos”, aseguró en la entrevista con la Junta Proponente.
Desde entonces ha ocupado la jefatura o ha estado asignado en distintas dependencias, una de ellas es la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), donde trabajó en el caso del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y “donde también obtuvimos éxito porque iniciamos esos casos y la mayoría han terminado con sentencia condenatoria”, apuntó.
También estuvo en la Unidad de Juicios Orales y Públicos de Delitos Comunes, Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, Fiscalía Especial del Menor y la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos, donde labora actualmente.
En el 2018 se autonominó como aspirante a fiscal general o adjunto, pero el proceso concluyó con una elección fuera de ley, luego que el Congreso Nacional que presidía Mauricio Oliva reeligiera a Óscar Chinchilla, quien ni siquiera formaba parte de la nómina de los cinco escogidos.
Cabañas Cadillo expuso su plan de trabajo ante la Junta Proponente el 26 de julio, mientras que el 24 de agosto fue entrevistado por miembros de una comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
A continuación, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) expone sus principales ideas para la administración del Ministerio Público en el caso de ser electo fiscal general o adjunto.
Un plan alrededor de siete objetivos
Su plan de trabajo gira alrededor de siete objetivos estratégicos. El primero de ellos tiene el propósito de liderar la política penal pública a través de una definición específica de los principales factores de incidencia criminal, enfocando esfuerzos en temas como narcotráfico, lavado de activos, corrupción, femicidios, explotación sexual, trata de personas y agresiones hacia menores, entre otros.
Para lograrlo buscará una coordinación interagencial e interinstitucional, con lo que promete tomar en cuenta a representantes de la sociedad, así como a autoridades de Seguridad y Justicia, mediante la implementación de mesas de trabajo. Considera que al ir obteniendo resultados concretos recuperará la confianza de la población y, para ello, necesita crear equipos que obtengan medios de prueba adecuados, científicos y técnicos que lleven a los jueces a la convicción que las personas que presentan a los tribunales han infringido la ley y deben ser castigadas.
El segundo punto es el fortalecimiento de la investigación criminal, mediante la capacitación y profesionalización del personal, pero también dotando a los laboratorios de Medicina Forense y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de los recursos científicos y tecnológicos para recabar elementos probatorios. En ese sentido, promete hacer las gestiones necesarias para mejorar el presupuesto en estas áreas.
El tercer aspecto está vinculado con el anterior, pues pretende la ampliación de la ATIC y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en comunidades donde no tiene presencia, pero también la reapertura de oficinas que han sido cerradas por temas presupuestarios. Para ello tiene como objetivo la contratación de personal técnico de investigación.
“Se necesita reenfocar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal en casos específicos dentro del catálogo que ya existe” e integrar “equipos interdisciplinarios contra los femicidios, contra el abuso de menores, contra la trata de personas y el tema importante de la corrupción”.
En el caso de la DLCN, que redoble sus capacidades para combatir el tráfico de drogas, lavado de activos y otras acciones del crimen organizado.
El cuarto aspecto tiene que ver con el respeto a la carrera fiscal. Cabañas explicó que existe mucha desmotivación en el personal porque no existe una política coordinada para aplicar ascensos basados en experiencias, conocimientos y antigüedad.
“Hay fiscales que tienen antigüedad y capacidades para liderar, pero no han sido tomados en cuenta”, agregó.
Relató su experiencia relacionada con haber sido jefe en algunas fiscalías y, posteriormente, al ser rotado a otra oficina, terminó siendo subalterno de alguien que antes estuvo bajo su mando, sin que hubiera razones coherentes para que esto sucediera.
Aseguró que él implementará mecanismos para asignar en cargos importantes a quienes demuestren capacidad y tengan los estudios necesarios. Eso será así también en las posiciones administrativas, porque en la actualidad hay personas que iniciaron sus funciones desde que entró en operaciones el Ministerio Público, en 1994, y sus experiencias y conocimientos están siendo desaprovechados.
La quinta área a desarrollar es la apertura y transparencia. Es decir, brindar acceso a la ciudadanía para que se acerque al Ministerio Público a presentar denuncias de todo tipo. Como parte de ese trabajo, la entidad deberá convertirse en un enlace para coordinar esfuerzos entre los ciudadanos y las diferentes direcciones de la Policía Nacional y también con la Corte Suprema de Justicia, con el fin de enjuiciar a los criminales.
Esa apertura ciudadana también incluye garantizar la entrega de información sobre los resultados obtenidos en cada uno de los procesos investigativos o judiciales que conoce el Ministerio Público, porque “la ciudadanía está sedienta de saber cómo van sus procesos, qué respuesta tenemos como Ministerio Público ante las denuncias que han interpuesto”, dijo.
El sexto punto del plan es fortalecer la Escuela Fiscal del Ministerio Público para implementar métodos de capacitación constante. El compromiso es destinar recursos a esta Escuela y trabajar en la programación de cursos enfocados en aspectos como servicios de calidad, sentido de pertenencia, cohesión, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto, equidad, autocrítica, lealtad, liderazgo e inteligencia emocional.
Finalmente, el punto número siete hace referencia a fortalecer el programa de protección de víctimas y testigos, “ya que no se le ha dado importancia, ni los recursos adecuados”, agregó. El objetivo sería garantizar los estándares que establecen nuestras leyes, así como los tratados internacionales a fin de brindar una verdadera protección a las personas que intervienen en los juicios y a sus familiares.
Para ello propone celebrar convenios con otros países, a través de la Cancillería de la República, para realizar intercambios de víctimas o testigos, especialmente en procesos de alto nivel. De igual forma, buscará instaurar un proceso de evaluación de riesgos para determinar la aplicación de las medidas de protección a implementar en cada caso.
Apertura a la CICIH, la reelección presidencial y juzgamiento de altos funcionarios
En su comparecencia ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional, Cabañas Cadillo fue consultado sobre algunos temas importantes que no fueron mencionados en su plan de trabajo. Por ejemplo, considera que “es muy buena idea que venga la CICIH” (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras) siempre y cuando no se le retire al Ministerio Público la potestad de tener el monopolio de la acción penal.
Visualiza el apoyo de la CICIH como un tema de asesoría para mejorar las capacidades de investigadores, fiscales, médicos forenses y técnicos de inspecciones oculares, pero “quien debe liderar la acción penal pública debe ser el Ministerio Público”. Es más, se mostró anuente a abrir las puertas a los cooperantes internacionales para asistir en asuntos logísticos, de capacitación y financieros, pero “no significa que yo diga una apertura y ellos van a decir lo que se va a hacer”.
Sobre el tema de la reelección presidencial, explicó que la Constitución de la República la prohíbe expresamente y por lo tanto esta figura “no existe, no puede existir una reelección por vía constitucional”. En ese sentido, demandó que la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución es la llamada a actuar en contra de las pretensiones de cualquiera que promueva la reelección o cualquier otra actividad no regulada por la Constitución.
Además, se mostró de acuerdo con el procedimiento especial para juzgar a altos funcionarios del Estado, no obstante que este ha sido cuestionado por defensores de derechos humanos, pues promueve una justicia selectiva.
De acuerdo con los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia nombra a sus magistrados como jueces naturales, integrantes de Cortes de Apelaciones y Tribunales de Sentencia para juzgar a diputados, ministros y directores de instituciones, entre otros.
De forma coincidente, hasta la publicación de este artículo, ningún alto funcionario había llegado a juicio por delitos de corrupción, pues sus casos son desestimados en primeras instancias.
Para varios analistas, esa ley debe ser reformada para permitir que los altos funcionarios sean juzgados como cualquier ciudadano y que no sean favorecidos por círculos de poder. Sin embargo, el aspirante a fiscal general dijo que “no propondría, sinceramente, un cambio en el procedimiento que ya está establecido” porque “está bien delimitado y establecido”.
Cabañas Cadillo concluyó su presentación ante la Junta Proponente reiterando: “¿Por qué me postulo? Ustedes pueden observar la trayectoria que he tenido en el Ministerio Público. Soy un fiscal, de 23 años (de carrera). Vengo desde abajo, conozco las necesidades del Ministerio Público, conozco lo que podría mejorarse y eficientarse. Ese es el objetivo de estar aquí. Tenemos los conocimientos, la capacidad, la formación”.
