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Tras el golpe de Estado del año 2009 y luego de tres periodos consecutivos de gobierno nacionalistas, el proceso de militarización del país se fortaleció ante la galopante violencia social y la expansión del narcotráfico, en un contexto autocrático. Los militares desplazaron a los actores centrales de la seguridad interna (funcionarios civiles, policía, ciudadanía) y se abrieron espacios institucionales y legales para recuperar el protagonismo y el poder perdidos tras las reformas militares de los años 90s.
Esas reformas fueron procesos limitados y de corta duración, pero aseguraron la presencia militar en la Constitución de la República, una normativa que permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y en áreas diversas de la institucionalidad del Estado (de manera temporal), cuando se les solicite. Durante los gobiernos nacionalistas, el marco normativo fue sometido a modificaciones que dieron amplios poderes y funciones a los militares en diversas instituciones del Estado.
Con la transición al gobierno de Xiomara Castro, tendrían que observarse diferencias importantes en las competencias y finalidades de los militares en un contexto de cambio. Sin embargo, siguen siendo funcionales a los intereses externos desde un punto de vista geopolítico-regional, y continúan con un amplio espacio que les permite mantener un excesivo protagonismo social y político, de acuerdo con los cánones democráticos y de fortalecimiento del Estado de derecho. En este contexto, en el presente trabajo, planteamos las siguientes interrogantes: ¿qué hacen los militares en Honduras?, ¿las “nuevas” funciones o roles que asumen, fortalecen o debilitan el Estado de derecho y a la misma institución castrense? ¿fortalecen al militarismo los llamados nuevos roles?
