Escrito por Rubén Escobar
Durante las audiencias públicas celebradas para elegir a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los candidatos expusieron la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe la Ley Procesal Electoral, que mejoren los procedimientos electrónicos para presentar solicitudes por esa vía y que se den respuestas ágiles a las demandas planteadas.
Para echar a andar el mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado, el presidente del Congreso Nacional designó a una comisión especial integrada por diputados de todas las bancadas: de Libertad y Refundación, Héctor Samuel Madrid, Luis Enrique Ortega, Brayan Rubí y Luz Angélica Smith, quien la preside. También: Tomás Ramírez, del Partido Salvador de Honduras; Mario Segura, del Partido Liberal; Ramón Fernando Carranza Discua y Lizzy Cano Matute, del Partido Nacional; y Carlos Raudales, independiente, tras ser expulsado de la Democracia Cristiana el pasado 23 de febrero de 2024.
El 29 de febrero de 2024 la comisión hizo la convocatoria para que los interesados se autopostularan a los cargos de magistrados al Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas (RNP) e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El plazo para postularse culminaba el 6 de marzo, pero un día antes, el 5, por “solicitud presentada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo”, se otorgó una prórroga hasta el día 11, “para que los aspirantes puedan presentar la documentación requerida”.
El día 14 de marzo se anunció que se realizarían audiencias públicas a los candidatos que cumplieron con los requisitos, en el orden siguiente: el viernes 15 de marzo los aspirantes a comisionados del RNP; el sábado 16, los postulantes para magistrados del TJE; y el domingo 17 para quienes aspiran a magistrados del CNE.
El mecanismo de selección previa consistió en dos fases. La primera fue entregar solicitud con la hoja de vida de los candidatos. En el caso del TJE, debían acreditarse como profesional del Derecho, cursos recibidos, experiencia y conocimientos en temas electorales y habilidades de liderazgo. De acuerdo con estos elementos, el aspirante recibió hasta 50 puntos. La segunda fase consistió en participar en audiencias públicas, y de acuerdo a sus respuestas recibieron hasta 50 puntos para completar el 100 por ciento.
Fueron 16 los candidatos al TJE que cumplieron con los requisitos documentales y pasaron a la etapa de audiencias públicas. Sin embargo, al momento de las audiencias solo se presentaron 14 candidatos (7 mujeres y 7 hombres). Ellos son, en el orden en que fueron llamados a exponer por la comisión legislativa: Epril Deycilia Hernández Palmer, Celina Montes, Gabriel Gutiérrez Peralta, Karen Johana Guandique, Lourdes Maribel Mejía Estapé, Mario Alberto Flores Urrutia, Mario Alexis Morazán, Miriam Suyapa Barahona, Saúl Montes Amaya, Stephanie Claudette Bustillo, Vilma Zúniga D’Vicente, Walter Galindo Valeriano, Juan Carlos Díaz Muñoz y José Isabel Oyuela.
Durante las audiencias, hubo cuatro urnas disponibles, de las cuales el candidato sacó una pregunta de cada una, relacionadas con temas profesionales, éticos, de liderazgo y conocimiento de la institución y su marco legal. Luego los diputados se turnaron para leerlas, mientras el postulante recibió tres minutos para contestarlas.
El diputado Héctor Samuel Madrid aseguró que el proceso estaba siendo transparente y que no había negociaciones por debajo de la mesa. Las audiencias fueron transmitidas por los canales 8 y 20, del gobierno y el Congreso Nacional, respectivamente, y por las redes sociales de esta misma entidad.
El lunes 18 de marzo la Comisión legislativa presentó un informe a la directiva del Congreso con los resultados obtenidos por cada uno.
Los actuales magistrados y su pretensión de continuar
Entre los aspirantes están los tres magistrados titulares del TJE: Mario Flores Urrutia, Mario Morazán Aguilera y Barahona Rodríguez. También la magistrada suplente Karen Johana Guandique Estrada. El único que no aspira a reelegirse es el magistrado suplente Francisco José Dávila Nolasco.
Morazán Aguilera fue uno de los propuestos de Libre para dirigir el Ministerio Público, y se mantuvo en el cargo de fiscal adjunto interino desde noviembre de 2023 hasta lograr el consenso para el nombramiento de los cargos en propiedad, el 29 de febrero de 2024, tras varias semanas de negociaciones entre las fuerzas políticas. Anteriormente, del 2002 al 2006, trabajó como fiscal en el Ministerio Público, pero luego solicitó una licencia para desempeñarse como ministro consejero y encargado de negocios en la embajada de Honduras en Costa Rica, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Posteriormente trabajó con diversos organismos de la cooperación internacional.
Flores Urrutia, por su parte, fue apoderado legal del Partido Nacional desde, al menos, 2013 y hasta después de la crisis política del 2017. Incluso en algún momento se le mencionó como una propuesta del Partido Nacional para un cargo en el TJE durante el proceso de 2019, pero al final la abogada Gaudy Bustillo fue la elegida por ese instituto político. Flores Urrutia ocupó cargos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como comisionado suplente y luego como secretario general del Registro Nacional de las Personas, desde marzo de 2020.
En octubre de 2022 la abogada Barahona Rodríguez se postuló como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en inscribirse en ese proceso y la segunda en general. Durante la etapa de tachas y denuncias Barahona Rodríguez recibió cinco escritos en su contra, tres de las cuales fueron desestimados y dos aceptados, lo que dio pie para ser eliminada, según resolución de la Junta Nominadora.
Las dos denuncias fueron aceptadas por su papel como miembro de una Corte de Apelaciones especial, ente en el que votó a favor de la inadmisibilidad de un recurso de amparo a favor de cuatro magistrados destituidos por el Congreso Nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández en el 2012. Antes de ser magistrada del TJE hizo carrera en el Poder Judicial, primero como juez y luego como magistrada de la Corte de Apelaciones.
También forman parte de los aspirantes la magistrada suplente Karen Johana Guandique y Walter Galindo Valeriano, director de Talento Humano y Carrera Judicial Electoral.
Aspirantes con experiencia política
Además de los magistrados mencionados, varios de los aspirantes tienen experiencia política, ya sea como simpatizantes de un partido, como representantes legales, candidatos e incluso una diputada del periodo actual.
La abogada Lourdes Maribel Mejía Estapé es diputada suplente del doctor Carlos Umaña, del departamento de Cortés, en el Partido Salvador de Honduras. A diferencia de otros suplentes ella ha tenido participación activa en algunas propuestas dentro del Legislativo, como demandar protección para hombres víctimas de violencia doméstica. También es aspirante a consejera en el CNE.
Epril Deycilia Hernández Palmer, en su perfil de X se presenta como abogada, máster, catedrática universitaria, política, madre, hija y esposa. En las elecciones generales del 2021 participó como candidata a diputada por Francisco Morazán en las planillas del Partido Liberal, como militante del Movimiento Liberal Yanista. Ella también es aspirante a consejera en el CNE.
Celina Montes, en sus redes sociales se identifica con el Partido Libertad y Refundación y como seguidora del equipo Motagua. Durante su presentación dijo ser doctora en “Gestión del Desarrollo” y no abogada, pese a que éste es un requisito constitucional para optar al cargo. Además, pidió disculpas porque ella había aspirado a un cargo en el “Tribunal Electoral” pero “si no es así, me dijeron que, para esta elección de la Justicia Electoral, igual lo puedo hacer”, señaló. La diputada Luz Angélica Montes le aclaró que estaba optando al cargo en el Tribunal de Justicia Electoral para el cual ella había presentado su documentación.
También la magistrada suplente Karen Johana Guandique Estrada, al asumir su cargo en el 2019, recibió en redes sociales felicitaciones de varias personas que la reconocían como “lideresa” del Partido Nacional en la zona sur.
Para el proceso interno de 2020 y general de 2021, el abogado Saúl Montes Amaya fue el representante legal del Movimiento Liberal Yanista.
A la abogada Vilma Zúniga D’Vicente se le identifica como simpatizante del Partido Liberal. Durante la última contienda política, en el 2021, tuvo una participación activa como representante legal de varios candidatos inconformes con los resultados obtenidos. Ella también aspira a ser consejera en el CNE. Igual fue partícipe del proceso para los mismos cargos en el año 2019.
La necesidad de la Ley Procesal Electoral y una mejor tecnología
Una de las exigencias de al menos ocho aspirantes fue la aprobación de la Ley Procesal Electoral como herramienta para brindar mecanismos claros a la resolución de conflictos legales. “Eso se necesita porque es un instrumento que va a garantizar los derechos políticos, que son derechos humanos”, afirmó el actual presidente del TJE, Mario Flores Urrutia.
La abogada Hernández Palmer también reclamó la aprobación de esa ley. Además, expresó la necesidad de irse modernizando porque ya el país cuenta con una ley de firma electrónica por lo que el siguiente paso debe ser convertir todos los procedimientos y expedientes a formato electrónico para agilizar las respuestas a los ciudadanos, afirmó. Planteó además que el TJE trabaje más arduamente en la capacitación de los abogados para ir logrando una especialización en materia electoral.
Otras consultas estuvieron relacionadas con la solución de problemas, manejo de crisis institucionales, transparencia, mejoría en los procesos de la institución. Cada participante ofreció respuestas vinculadas a su experiencia y conocimiento.
Instituciones salidas de la crisis
Los actuales organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, surgen tras la crisis política de 2017, propiciada por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, recientemente hallado culpable por delitos de narcotráfico en una Corte de Nueva York. En busca de superar esa crisis, se organizó un “diálogo nacional” integrado por cuatro mesas, una de ellas enfocada en temas electorales.
El proceso fue asesorado por representantes de las Naciones Unidas y una de las recomendaciones fue crear una entidad separada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que resolviera los temas contenciosos de la materia, pues anteriormente el ente era juez y parte: decidía quién era el ganador de una elección y si uno de los participantes no estaba de acuerdo debía acudir al mismo Tribunal.
La Organización de Estados Americanos hizo la misma recomendación, en diciembre de 2018. En su “Propuesta de reformas electorales”: “Se plantea la separación de las funciones administrativas, técnicas y logísticas, por un lado, y las jurisdiccionales por otro, en dos entidades distintas: el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Ambas instituciones reasumen la totalidad de las labores hasta ahora ejecutadas por el TSE, además de algunas suplementarias para fortalecer el nuevo modelo institucional”, (página 19).
Es así que mediante el decreto 200-2018, publicado el 28 de enero de 2019, el Congreso aprobó varias reformas político electorales que fueron ratificadas mediante el decreto 2-2019, entre ellas la desaparición del TSE y la creación de los órganos ya mencionados.
Los primeros magistrados en integrar el TJE, en septiembre de 2019, fueron Eduardo Enrique Reina (partido Libertad y Refundación), Gaudy Alejandra Bustillo (Partido Nacional) y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez (Partido Liberal). En enero de 2022 Reina pasó a ocupar el cargo de canciller de la República y fue sustituido en marzo de ese año por Ernesto Paz Aguilar.
En febrero de 2023 la abogada Bustillo asumió como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y cinco meses después, el 4 de julio, falleció Paz Aguilar, por eso en la entidad solo quedó Barahona Rodríguez como propietaria y dos magistrados suplentes: Karen Johana Guandique Estrada y Francisco José Dávila Nolasco.
Luego de una “parálisis” legislativa que se extendió desde agosto de 2023 hasta finales de enero de 2024, el Congreso Nacional finalmente designó y juramentó el 29 de febrero de 2024 a los sustitutos de Paz Aguilar y Bustillo: Mario Alexis Morazán Aguilera y Mario Alberto Flores Urrutia, respectivamente.
El 11 de marzo Flores Urrutia asumió la presidencia del TJE, un cargo que es rotativo anualmente y que correspondía a la abogada Bustillo para el periodo 2023-2024, hasta septiembre, cuando los actuales deben entregar s
