Escrito por René Estrada
Entre los años 2022 y 2023, de acuerdo con registros de diversas organizaciones de derechos humanos nacionales, 30 defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en Honduras. Este serio problema fue el momento culmen para que diversas organizaciones defensoras de la naturaleza comenzaran a exigir respuestas al gobierno de Xiomara Castro, sobre la implementación de mecanismos como el Acuerdo de Escazú, para apoyar a quienes valientemente se dedican a defender los bosques, ríos y territorios. Sin embargo, el silencio estatal ante esta demanda ha sido ensordecedor.
Desde hace algunos años, los asesinatos de defensores de los ríos y territorios hicieron que Honduras se posicionara como el país más peligroso para la defensoría de los bienes comunes, por tener la mayor cifra per cápita del mundo de asesinatos de activistas.
A nivel internacional, el gobierno de Castro presume de ser protector del medio ambiente. Sin embargo, contradictoriamente, las organizaciones que integran la Red Hondureña por Escazú no tienen una explicación estatal sobre si se cumplirá la demanda ciudadana o si será otro tratado que quedará engavetado en la oficina presidencial.
Una herramienta para la defensoría del medio ambiente
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en América Latina y el Caribe sobre cuestiones medioambientales y es el primer tratado del mundo que contiene disposiciones vinculantes para la protección de los derechos de las defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
Este Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es popularmente conocido como Acuerdo de Escazú. Se adoptó en el 2018 en Costa Rica y desde entonces, 16 países lo han suscrito, entre ellos algunos de la región como Nicaragua, Panamá y México.
Para Martha Crespo, representante de la organización ambientalista Salvemos el Río Danto, radicada en La Ceiba, norte de Honduras, la urgencia de que el país se adhiera al Acuerdo radica en dos aspectos: la falta de instrumentos jurídicos para la protección de las y los defensores y el actual sistema extractivista que sigue operando en el país.
De acuerdo con la defensora del medio ambiente, en el país no existen garantías para proteger la vida de quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos. Eso lo dice porque los datos, como los que establece la organización internacional Frontline Defenders, que registra 176 asesinatos a personas defensoras entre los años 2012 y 2023, continúan siendo muy preocupantes. Por eso, agrega, el pilar de acceso a la justicia en asuntos ambientales que promueve Escazú se vuelve prioritario.
Según su contenido, este Acuerdo apoyaría en la resolución de algunos de los problemas causados por el actual modelo extractivo, como la falta de transparencia en el manejo de los bienes comunes de la naturaleza y la falta de información respecto a la instalación de proyectos en las comunidades.
Respecto a esto, Crespo asegura que la falta de publicidad se ha vuelto una constante en el país, al grado que las comunidades se enteran de los proyectos hasta que ya están instalados, sin tener participación ni información.
Y ese es quizás uno de los “talones de Aquiles” porque si Honduras se adhiere al Acuerdo de Escazú, el gobierno estará obligado a proporcionar información detallada y entendible acerca de los proyectos extractivos que se instalarán en las comunidades, pero, sobre todo, tendrá que respetar la decisión de la población a cabalidad.
Principalmente, lo que las organizaciones esperan es que el Estado de Honduras se adhiera al Acuerdo para que exista un mecanismo internacional que obligue a los gobiernos a garantizar el acceso a la información, a respetar la autodeterminación (sus decisiones) de los pueblos y que se elimine la impunidad en delitos ambientales, especialmente en los que acaban con la vida de defensores y defensoras.
La demanda de Escazú en un contexto de esperanza
En Honduras, la demanda por Escazú inició en el 2018, tras la firma internacional del Acuerdo, cuando diversas organizaciones de derechos humanos y de defensoría del medio ambiente comenzaron a reunirse para estudiar el tratado y planificar algunas acciones en conjunto.
En el 2020, la iniciativa se formalizó en la Red Hondureña por Escazú y desde entonces se han realizado eventos, cabildeos, manifestaciones y todo tipo de actividades para promover la exigencia de la adhesión.
De acuerdo con Ramiro Lara, integrante de la Red Hondureña por Escazú, que Honduras firmara y ratificara el Acuerdo durante el gobierno de Juan Orlando Hernández era poco probable debido a la dinámica extractivista que imperaba, porque estaba basada en la instalación de proyectos extractivos sin la aprobación (y resistencia) de las comunidades y la entrega del territorio a empresas transnacionales (sobre la base de un ideal de desarrollo falaz), como el caso de las ZEDES.
Por eso, Lara admite que el cambio de gobierno le generó “mucha expectativa” porque creyeron que con Xiomara Castro en el poder la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú sería una decisión “sin demora”, tal como sucedió en Colombia, país donde Gustavo Petro sancionó, a pocos meses de haber asumido la presidencia, el decreto que aprobaba el Acuerdo.
Hasta el momento, la adhesión al Acuerdo sigue siendo una incertidumbre. Según la normativa nacional, el proceso debe gestionarse desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Como primer paso, la presidencia de la República debe firmar el Acuerdo y enviarlo al Congreso Nacional.
Lara admite que han sostenido acercamientos con funcionarios de gobierno cercanos a Castro. Lo último que se les comunicó es que el proceso continuaba en consultas entre los Ministerios, pero, hasta la fecha, no ha sido posible reunirse con la presidenta, quien es la que finalmente toma la decisión.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) se le solicitó una entrevista al Viceministro de Relaciones Exteriores Gerardo Torres, pero no se recibió respuesta de su parte.
Pese a la falta de respuestas, continúan las acciones para seguir exigiendo la firma de Castro, entre ellas, la formación de alianzas con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), porque se considera que todavía hay esperanza de que Honduras se adhiera a Escazú antes de que finalice el actual gobierno.
El doble discurso del Gobierno de Xiomara Castro
Mientras a nivel internacional Castro se posiciona como una líder comprometida con proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, a nivel nacional persisten deudas de este gobierno con la agenda ambiental, como la resolución de conflictos socioambientales históricos y modernos y la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Castro, en cadena nacional (1 de enero del 2024), se jactó de diversos logros en materia ambiental, entre los que destacó que “organizó 3 batallones verdes con las Fuerzas Armadas y que a través del programa Padre Andrés Tamayo, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), se restauraron 65.000 hectáreas de bosque. También que el gobierno disponía de más de 11 millones de plantas para el programa de reforestación, que se disminuyó el impacto de los incendios forestales, se redujo la tasa de deforestación y que se aprobó la Ley de Transacciones de Carbono Forestal”.
A nivel internacional, la mandataria ha tomado el micrófono para promover medidas en contra del cambio climático y el calentamiento global. En específico, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), en su condición de presidenta pro tempore de la Coalición de Países de Bosques Tropicales, Castro propuso siete medidas para combatir el calentamiento global, entre las que destaca la protección a los bosques tropicales y a los pueblos originarios, garífunas o negros que habitan en ellos.
Sin embargo, la presunción del actual gobierno no pasa inadvertida para los movimientos sociales, los que consideran “una burla que el gobierno se ande abanderando como defensor ambiental mientras en Honduras se vive una realidad que no es acorde a lo que con bombos y platillos andan manifestando”.
Tanto Lara como Crespo, quien también es integrante de la Red Hondureña por Escazú, consideran que hay una contradicción entre el discurso y las acciones. Por un lado, se habla de la protección de los bienes comunes de la naturaleza, se nombran comisiones especiales y se emiten decretos para salvaguardar el bosque. Pero, por otro lado, no hay voluntad para aprobar e implementar instrumentos internacionales que refuerzan el derecho a un ambiente sano, en el cual las comunidades formen parte de las decisiones.
Pasar del silencio a la adhesión
El mandato presidencial de Xiomara Castro finaliza en el 2025. Por eso, la preocupación de los movimientos sociales, en especial de la Red Hondureña por Escazú, es que no se cumpla con la adhesión al Acuerdo y que la conflictividad socioambiental, de la mano con el asesinato de defensores y defensoras del medio ambiente, siga aumentando.
En el último informe de monitoreo de conflictividad socioambiental, el Cespad documentó 42 conflictos, la mayoría ocasionados “por la obtención de los bienes comunes de la naturaleza, por la instalación de represas hidroeléctricas, empresas mineras, conflictos de tipo agrario relacionado con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra. Asimismo, por temas forestales, proyectos de energía fotovoltaica y termoeléctrica, infraestructura y productos de los efectos del cambio climático.”
En otras palabras, los conflictos persisten debido a un modelo extractivo que invisibiliza las demandas y decisiones de las comunidades. Esta situación genera la urgencia de que el gobierno de Castro retome la agenda ambiental nacional y, sobre todo, que le dé respuesta a la demanda ciudadana de adherir a Honduras al Acuerdo de Escazú, porque el silencio del gobierno central se interpreta como falta de voluntad política y de negligencia estatal.
